NADA ES GRATIS

Se ha emprendido una campaña de desinformación, a través de los medios de comunicación que la actual administración municipal, ha favorecido con millonarios desembolsos por concepto de pauta publicitaria.

Una campaña que a tres meses de finiquitar su mandato, no es gratuita y menos desinteresada, a juzgar por al menos cinco de los eventuales motivos que la pueden inspirar.

Primero. Ocultar en tiempo de elecciones la ineptitud de la administración, a fin de evitar un revés electoral a los once concejales que siempre le votaron favorablemente.

Segundo. Eludir el cumulo de irregularidades denunciadas por el concejal Pedro Pablo Salas, ya que los jueces han encontrado fundamento legal para proceder en derecho.

Tercero. Aprovechar las nuevas facultades para contratar y girar en los meses de noviembre y diciembre, el superávit presupuestal de 57 mil millones que registran las arcas municipales.

Se quiere dejar a la próxima administración hechos cumplidos, y toda la responsabilidad en la ejecución de la obras.

Cuarto. Dejar finiquitado el negocito que fortuitamente ha surgido con el holding holandés HSV, para el funcionamiento de Makro en Tunja.

Con el manido cuento del desarrollo, se busca exonerarlo del pago de los miles de millones de pesos que se causarán en impuestos durante diez años, a cambio de los treinta o veinte empleos que ofrecerá en actividades de servicios generales a la comunidad tunjana.

Quinto. Demeritar la exitosa gestión de control político ejercida en los últimos cuatro años por el concejal Pedro Pablo Salas, con la esperanza de socavar el apoyo que el pueblo tunjano siempre le ha prodigado.

Irresponsablemente, la vida de éste concejal ha sido puesta en grave riesgo, hecho ante el cual, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo deben tomar acciones correctivas y preventivas.

Tunjanos, desinformar y polarizar la opinión pública, es la estrategia que hoy se implementa en la ciudad, para soslayar la acción que adelantan jueces de la República, y promover la agresión sobre quienes le han formulado a la administración municipal fundamentados reparos.

PLAN VIAL 2010

Quienes tienen la responsabilidad de controlar y han demostrado a la ciudadanía tunjana que saben hacerlo, señalan que los contratos Nos 416 y 419 de 2010, “…están lejos de ser terminados y aún hay temas que deben resolverse...”

Un concepto que resulta preocupante, ya que dichos contratos fueron suscritos en el mes de septiembre de 2010 y debían concluir el 31 de diciembre del mismo año, pero ya vamos en nueve meses de la otra vigencia, sin que nadie se sonroje.

Lo que inquieta, es que por tratarse de contratos de diseño y construcción, la Alcaldía de Tunja los ha suscrito aceptando cantidades de obra inciertas, de ahí la certidumbre, que el valor inicialmente pactado será modificado a favor del contratista.

Es más, el funcionario asegura en su informe que “...se contrata a alguien para que haga lo que vaya considerando conveniente…” pero “…las obras observadas no parecen haber sido objeto de un análisis técnico en materia de capacidad de pavimentos y drenajes…”

De ahí que se hayan originado enfrentamientos con la comunidad supuestamente beneficiaria, pero que se siente perjudicada con la construcción de andenes de tres carriles y vías de medio con bahías que estorban.

Dos detallitos sencillos para no cansarlo amigo lector, pero que dejan sin fundamento el discurso que sobre desarrollo de la ciudad nos viven repitiendo en la televisión local, con el propósito de esconder ineptitud y responsabilidad.

Primero, a las angostas calzadas únicamente se les hizo reparcheo y en consecuencia, conservan la misma deteriorada estructura; lo que no garantiza estabilidad ni sostenibilidad de la obra, pero sí despilfarro de recursos.

Y segundo “…La administración municipal no ha adelantado las acciones técnicas y administrativas…” indispensables, para que los andenes construidos tengan la continuidad, uniformidad y los remates necesarios.

Gran responsabilidad para los interventores y organismos de control que conociendo estos informes técnicos, no han tomado las decisiones pertinentes; posibilitando el derroche de recursos públicos y el rezago de nuestra ciudad en evidente perjuicio para los Tunjanos.

DE$INFORMANDO

La corrupción en la gestión pública ha permitido que el retroceso de las ciudades y la pobreza de sus gentes, den paso al enriquecimiento ilícito del binomio gobernante – contratistas, gracias a la depredación de los recursos del Estado.

Un hecho que está sembrando violencia e inseguridad en nuestras calles, mientras nos priva de recursos indispensables para detener la caída que en materia de calidad de vida registran nuestras comunidades.

El control político que debían ejercer los concejos, asambleas y congreso ha sido suplantado por la componenda política, y el control social se ha frustrado a través de la desinformación del ciudadano.

La pauta publicitaria se ha convertido en el sepulturero de la ética en algunos medios de comunicación y en el instrumento de seducción para que algunos “periodistas” soslayen la verdad que al gobernante le resulta incomoda.

¿Es ético guardar silencio u ocultar la denuncia ciudadana, cuando la moralidad pública es ultrajada y el riesgo de detrimento patrimonial ha comenzado a florecer por todas partes con cada acción del gobernante?

Cada lector podrá emitir la respuesta que estime pertinente, y sin embargo, no podremos sustraernos al hecho que de fondo se nos está planteando: la vigencia del interés privado sobre el interés colectivo.

Nos hemos acostumbrado a la ilegalidad, de ahí la animadversión con que se trata a quien asume con responsabilidad la denuncia de los atropellos contra la moralidad pública.

La “cultura del todo vale”, ha permitido que se atropelle la dignidad de quien se atreve a exigir la vigencia de los principios de planeación y responsabilidad en la gestión pública.

La ética ha sido emboscada, y desde las instancias de gobierno, se promueve en los medios de comunicación con innegable propósito distractivo, la polarización de la opinión pública.

INUNDADOS

Las lluvias están de regreso y el IDEAM ha vuelto a certificar la elevada vulnerabilidad del departamento de Boyacá, algo a lo que desgraciadamente, no es ajena su capital.

Sin embargo, en el papel quedaron consignadas las obras hidráulicas que permiten la intervención de los ríos Jordán y La Vega, para la mitigación del riesgo por la ola invernal en Tunja.

Los únicos contratos que ha suscrito la administración municipal, para atender la emergencia registrada entre los meses de marzo a mayo de 2011, corresponden al arrendamiento de bienes inmuebles para reubicar a las familias damnificadas.

La ineficacia asombra, y a pesar de ello, los habitantes del sector Pozo de Hunzahúa, le otorgaron un plazo hasta el 23 de Agosto, para que iniciara las obras so pena de dar paso a una movilización popular.

Y el incumplimiento no se hizo esperar, 50 mil tunjanos han quedado nuevamente a merced de nuevas inundaciones, ¿será que el convenio con Proactiva Aguas de Tunja tampoco se pudo perfeccionar? Esa es la excusa que se invoca desde hace cuatro meses.

Resulta incomprensible tal lentitud, ya que el municipio de Tunja dispone desde el mes de mayo de 2011 de $ 2.322,3 millones para su realización, lo que ha motivado la intervención del Contralor Municipal.

El Doctor Marco Aurelio Cely le formuló el 02 de Agosto de 2011 la Función de Advertencia No 08 al mandatario local, para conminarlo a que ejecute las obras y adopte las medidas necesarias para evitar nuevos hechos catastróficos.

Es más, le anticipa al Doctor Arturo Montejo Niño, que la falta de oportunidad en el desarrollo de las obras, pone en riesgo la vida y bienes de miles de tunjanos y dará paso a acciones judiciales por reparación directa.

Nuevamente y se ha vuelto costumbre, la figura del detrimento patrimonial ronda la administración municipal esta vez por negligencia, a pesar de que las obras en cuestión, son de la más alta prioridad.