He tenido siempre abiertas las
puertas y ventanas de ésta columna, para que a través de ellas, puedan ser
ventilados los atropellos que contra la decencia y los derechos, se comenten en
nuestra sociedad.
Ustedes recordarán que en el
mes de Agosto de 2013, denuncie la tragedia que padecía en Tunja la familia de
Pedro José Mogua, no solo por el desplazamiento forzado del que había sido
objeto, sino por el maltrato que le prodigaba la Unidad de Victimas.
Hoy, la víctima del
conflicto y del Estado, se ha convertido en victimizador de quienes movidos por
su tragedia, cometen la imprudencia de acercarse a brindarle ayuda o una oportunidad
de trabajo.
A Pedro José le importa un
pepino, aprovechar las oportunidades que por ingenuidad le brindan, para tumbarles
la plática o los enseres a familias tunjanas en peores condiciones de desamparo
a las que él padecía en nuestra ciudad.
Hace dos semanas, una
familia residente en la parte alta del Barrio Ricaurte, le entregó trecientos
treinta y cinco mil pesos, para que comprara los materiales que requería la
realización de urgentes arreglos locativos en su vivienda.
Tomó el dinero y desde ese
momento desapareció, un comportamiento que se ha repetido con otros tunjanos, y
que en la Unidad de Victimas deberían valorar al momento de otorgarle los
beneficios previstos para los damnificados del conflicto.
Ser desplazado, no puede convertirse
en acceso a la mendicidad o el delito, esa responsabilidad corresponde a
instituciones del Estado y la ciudadanía debe actuar proactivamente para que se
cumpla.
Es por ello, que las
autoridades municipales deberían adoptar medidas preventivas, para que nuestra
precaria seguridad, no sea vulnerada por personas que se escudan bajo el
doloroso sino que persigue a los desplazados en Colombia.
