El cobro del impuesto
predial se ha convertido en la gota que rebosó la copa y amenaza con romper esa
indiferencia, que parece arropar permanentemente a los Tunjanos.
La revocatoria del mandato
del Alcalde Pablo Emilio Cepeda, esta al orden del día, junto a la invitación
que por redes sociales se hace, para sancionar electoralmente a cada uno de los
concejales que el pasado 30 de diciembre votaron la actualización del Estatuto
de Rentas y Gastos de la ciudad.
Sin embargo, conviene
precisar que dicho Estatuto tiene muy poco que ver, con los montos exagerados
que la Alcaldía está cobrando a los tunjanos, por concepto de Impuesto Predial
Unificado.
Vale señalar, que tal impuesto
lo pagan todos los propietarios, poseedores o usufructuarios de bienes
inmuebles ubicados dentro de nuestro municipio, y que su actualización de
conformidad con la Ley No 1450 de 2011, debe efectuarse cada cinco (5) años.
Un proceso en el cual, la
base gravable para su cálculo y cobro en cada vigencia, es el Avaluo Catastral,
cuyos estudios, cuantificación y certificación; son responsabilidad omnímoda del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Lo que ocurrió en el Concejo
Municipal de Tunja ese 30 de Diciembre, fue que al examinar el Estatuto de
Rentas y Gastos, se acogió en dicha corporación la solicitud formulada por
nueve (9) concejales, mediante oficio radicado el 30 de Noviembre de 2017 con
el número 138 – 4 – 1/2017/32052.
En esa misiva, se solicitó expresamente al Alcalde Mayor de
Tunja “…modificar las tarifas que liquidan el Impuesto Predial Unificado para
la vigencia 2018…”, en consideración a que ya se conocía que la actualización
catastral de 2017 “…conlleva un incremento notorio en los avalúos de los
predios…”
Un hecho, que en medio de la
precariedad de los ingresos familiares y el incremento en los índices de
desempleo y actividades de rebusque callejero; debió conllevar a la exigencia
inmediata ante el IGAC, de revisar la actualización catastral realizada.
Era evidente y de todos
conocido, que la reducción tarifaria del 0.5 por mil y el incremento en cinco
(5%) puntos porcentuales del descuento por pronto pago, resultarían
absolutamente inocuos.
En circunstancias económicas
tan adversas, el Alcalde Mayor y el Concejo Municipal, como resultado del
examen de la difícil situación socio – económica reinante en la ciudad;
debieron considerar la opción de dirigirse al Gobierno Nacional, para
solicitarle la inaplicación de la actualización catastral, tal como los faculta
el artículo 10 de la Ley No 14 de 1983.
No hay porque guardar silencio,
el momento para la indignación está plenamente justificado, los Tunjanos
esperamos, que por lo menos nuestros representantes elegidos por voto popular,
no ayuden a erosionar el precario ingreso familiar al que hemos sido
condenados.
