El diputado por el
departamento del Atlántico, Nicolás
Fernando Petro Burgos hijo mayor del Presidente Gustavo Petro Urrego, es
investigado por la justicia colombiana por los delitos de enriquecimiento
ilícito y lavado de activos; pues se le sindica de haber recibido dineros de
origen ilícito, con la excusa de financiar la campaña presidencial de su padre.
Ante
el show mediático armado por el Fiscal General Francisco Barbosa Delgado, con
los anuncios en los medios de comunicación sobre su inminente captura, la
inmediata reacción del Presidente Gustavo Petro quedó consignada en su cuenta
de twitter al señalar:
“Como persona y padre me duele mucho tanta
autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente
de la República aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte
para proceder de acuerdo a la ley”
Reacción
diametralmente opuesta a la que nos tenían acostumbrados los expresidentes de
derecha que han pasado en las últimas dos décadas por el Palacio de Nariño, pues
como se recordará, el ex presidente Uribe facilitó en su gobierno que sus
hijos se volvieran multimillonarios vendiendo “manillas”.
Gobiernos que
cooptaron la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la
Nación, Fiscalía General de la Nación, Comisión de Acusaciones y las Altas
Cortes; con el calculado propósito de imponer a través de ellas, un manto de
impunidad sobre escandalosos hechos de corrupción por los que serán reconocidos
en nuestra historia.
La reacción de
Petro garantizando imparcialidad frente a las actuaciones de las autoridades
judiciales, no podía ser otra, dada la inquebrantable lucha que siempre ha librado
contra la corrupción e impunidad que martirizan a nuestra sociedad, gracias al
libertinaje con el que obraban mafiosos y corruptos dentro de las instituciones
del estado colombiano.
Esa exigencia de justicia
apegada a la Constitución y la Ley pero sin las bajezas ni malquerencias que la
Fiscalía exhibe frente al Gobierno del Cambio; debe ser prueba suficiente de la
transparencia y legalidad, con la que Gustavo Petro obrará en sus cuatro años
de gobierno.
Es obligación
entonces del Fiscal Barbosa, garantizar debido proceso a quienes resulten
comprometidos en los hechos objeto de investigación, sin pretender que sean
heredados por terceras personas ajenas a ellos, como ha querido hacerlo, con la
miserable intención de manchar la legitimidad del Presidente elegido por
11.281.013 colombianos.
Lamentablemente, el
obrar de ese Fiscal y su entorno de colaboradores más cercano, genera muchas
dudas no solo en el ámbito nacional sino en toda la Comunidad Internacional;
por lo cual, es indispensable que los colombianos y la Prensa Decente que aún
queda en el país, nos erijamos como veedores en los desarrollos del proceso, a
fin evitar solapados despropósitos que afecten nuestra democracia.
El uribismo y el
cáncer corrupto que ha invadido el actuar de las instituciones del Estado
colombiano, nos exige permanecer vigilantes y con plena disponibilidad para
defender en las calles, la legitimidad del Gobierno del Cambio.
Cada Partido del
PACTO HISTÓRICO, cada militante de esos Partidos; deben estar preparados para
MARCHAR en defensa del Gobierno que eligió el Pueblo Colombiano.
La DEMOCRACIA está
en riesgo, la derecha uribista apoyada en la Fiscalía busca sacar del Gobierno
a nuestro Presidente, pero el pueblo colombiano al precio que sea menester,
hará respetar su voluntad en las urnas.
COLOMBIANOS.
NI UN PASO
ATRÁS,
HASTA QUE LA
DIGNIDAD
SE HAGA
COSTUMBRE.
ES HORA DE MARCHAR,
LA
DEMOCRACIA
ESTÁ EN
PELIGRO.
