domingo, 16 de febrero de 2014

NUESTRA MISERIA


Hay padres a los que les queda grande esa condición, y que por su comportamiento irresponsable, deberían ser judicializados en forma ejemplarizante por las autoridades responsables de proteger a nuestras niñas (os) y jóvenes.

No hay derecho, para que a un joven el abandono de su familia,  la indiferencia de la comunidad y el silencio de las autoridades, no le brinden la oportunidad de aprender algo más que el cacareo de las gallinas y el ladrido de los perros.

Cuánta indignación deberíamos sentir, al contemplarlo deambular desnudo por la vereda de Tocabita, bajo la mirada indolente de quienes aceptan tal infamia diciendo que es un “enfermito”.    
   
Un joven que en medio de tanto descuido, cojea,  porque las uñas de los pies han adquirido tal extensión, que terminaron por cercarle dolorosamente la punta de sus dedos.

Y en medio de tanta indolencia, algunas autoridades municipales de Floresta, creen que su obligación solo llega hasta regalarle de vez en cuando un paquete de pañales desechables, para ocultar que la incontinencia urinaria de ese joven, necesita ayuda médica y terapéutica.

En medio del silencio y la desidia, Arley es diariamente victimizado de la peor manera, por quienes se supone debería proteger su existencia afectada por el síndrome de down.

Quince años, sin que nadie haya mostrado el menor interés por hacer respetar sus derechos. Una vida que ha comenzado a marchitarse en el desamparo, mientras la sarna invade su delgado cuerpo.

No sé si éstas líneas puedan estar en algún instante al alcance la Dirección de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la Fiscalía; solo deseo que quienes ya conocemos ésta vergüenza, podamos unir esfuerzos para que cese el oprobio.

La condición inhumana y degradante que sufre Arley, no debe tener ninguna oportunidad de repetirse, debemos exigir que en los presupuestos de nuestros municipios, la discapacidad y en especial la cognitiva, tenga recursos para garantizar procesos terapéuticos y de rehabilitación para nuestras niñas (os) y jóvenes.

Esa debería ser la primera obligación de todo alcalde, pero la mirada de ellos no se aparta de los beneficios que depara la contratación de obras civiles y nóminas paralelas, mientras nuestra juventud  sucumbe en el abandono.


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