Quejarse de la mala calidad
de los servicios públicos o del trato descortés que las empresas les brindan a
los usuarios, sin que las autoridades competentes se inmuten, a pesar de las
columnas de derechos de petición que se levantan sobre sus escritorios, es
visto como algo normal.
Sin embargo, no conviene
exagerar, pues si bien los boyacenses hacemos fiesta con una copla coja,
también es cierto que llegado el momento, podemos sacarle chispas a las
cacerolas y poner a correr ministros y al mismo presidente.
El usuario de gas natural,
está siendo obligado en forma reiterada a permanecer encerrado en su vivienda,
por espacio de seis o doce horas, aguardando al operario que le expedirá la
certificación de la instalación domiciliaria.
Pero el funcionario
designado en forma directa o indirecta por Gas Natural Fenosa, se da el lujo en
el mejor de los casos de no presentarse, o simplemente de llegar sigilosamente
y tira por debajo de la puerta un comprobante de visita exigiendo su reprogramación.
Y como los boyacenses nos
hemos acostumbrado a obedecer sin cuestionar, en la oficina de Gas Natural
Fenosa para nuestra sorpresa, nos enteramos que el operario ha informado que la
visita no se realizó, porque el usuario del servicio no se encontraba en casa.
¿Qué puede estar motivando
ese tipo de comportamiento, en el que la ética brilla por su ausencia?
Recordemos que en el
comprobante de visita, se deja constancia que “…Si por eventos atribuibles al
cliente no es posible efectuar la inspección requerida, la empresa procederá a
la suspensión preventiva del servicio”
¿Son acaso los $38.313 que
el usuario de gas natural está obligado a cancelar por concepto de reconexión
del servicio, la explicación a dicho comportamiento?
No vale la pena especular,
por lo cual llamo con éste artículo la atención de los organismos directivos de
Gas Natural Fenosa, autoridades municipales y organismos de control del Estado;
pues un comportamiento mañoso se está registrando alrededor de las visitas
técnicas.
Prefabricar “…eventos
atribuibles al cliente…” para justificar la suspensión preventiva del servicio,
es una conducta que exige la intervención la empresa y de las autoridades competentes;
pues alguien busca colocar en estado de indefensión a los usuarios, para
vulnerar sus derechos.
