¿Alguien sensato podrá
llegar a pensar, que un padre de familia saca por gusto a su hijo de la
escuela, para que le ayude a vender tamales en la Plaza de Bolívar?
Definitivamente no. A menos que con ello,
quiera evitarle a su familia la indignación y el dolor que se sienten al sufrir
hambre.
La toma de andenes por parte
de cientos de vendedores ambulantes, es el reflejo de un cumulo de problemas
sociales originados en el modelo económico, cuya solución ha sido postergada
por comodidad o incapacidad política de los gobernantes.
Nadie vendiendo mazorca
desgranada, minutos de celular, camisetas o paraguas va a salir de la pobreza,
pero al menos se evita la angustia de esculcar amparado en las sombras de la
noche, las abandonadas bolsas de la basura.
Considerado como un actor
económico desleal, que entorpece el desplazamiento de los peatones y que no en
pocas ocasiones, es acusado ligeramente de ser un eslabón del micro tráfico de
drogas; el vendedor ambulante ha sido convertido en objeto de represión
policial.
De ahí los continuos enfrentamientos
con los funcionarios del espacio público y la policía, una azarosa situación en
la que el soborno está presente, para evitar la confiscación o destrucción de
la mercancía.
No es fácil, pero
desgraciadamente nos hemos quedado sin imaginación, mientras la intolerancia
gana protagonismo, al pensar que el forzado desalojo o la reubicación engañosa,
son la solución al problema.
La expulsión con el
argumento de proteger el espacio público, es en sí misma un acto violento que
lesiona el derecho constitucional al trabajo; y que de ser adoptada como
consecuencia de un fallo judicial, obliga a garantizar que esas familias no van
a quedar desamparadas.
La “formalización” tampoco
soluciona nada. No basta con registrarlas, reglamentarlas y dictar un curso instantáneo
de emprenderismo, para que las ventas ambulantes desparezcan de las esquinas. Ellas
jamás se irán, si los gobiernos y el sector privado no ofrecen fuentes estables
de empleo.
Es más, la bancarización es el
gancho que se ofrece para promocionarla, con el argumento de impulsar el “desarrollo
empresarial” de esos micronegocios de ventas al detal.
Pero lo cierto es que para
el banco, el vendedor ambulante sin bienes patrimoniales o un codeudor que los
posea, no es sujeto confiable de los servicios de crédito.
¿Han evaluado en la
administración municipal y la Cámaras de Comercio, el impacto social de los
problemas de violencia e inseguridad que nos hemos evitado, al tolerar la
presencia de quienes fueron obligados a subsistir del rebusque?
Si lo hacemos, encontraremos
allí más de un argumento para concertar el uso inteligente del espacio público
y la formulación de una política social para la informalidad, eso es lo conveniente,
en la perspectiva de ganar terreno en materia de convivencia ciudadana.
