VENDEDOR AMBULANTE

¿Alguien sensato podrá llegar a pensar, que un padre de familia saca por gusto a su hijo de la escuela, para que le ayude a vender tamales en la Plaza de Bolívar?

 Definitivamente no. A menos que con ello, quiera evitarle a su familia la indignación y el dolor que se sienten al sufrir hambre. 

La toma de andenes por parte de cientos de vendedores ambulantes, es el reflejo de un cumulo de problemas sociales originados en el modelo económico, cuya solución ha sido postergada por comodidad o incapacidad política de los gobernantes.

Nadie vendiendo mazorca desgranada, minutos de celular, camisetas o paraguas va a salir de la pobreza, pero al menos se evita la angustia de esculcar amparado en las sombras de la noche, las abandonadas bolsas de la basura.

Considerado como un actor económico desleal, que entorpece el desplazamiento de los peatones y que no en pocas ocasiones, es acusado ligeramente de ser un eslabón del micro tráfico de drogas; el vendedor ambulante ha sido convertido en objeto de represión policial.

De ahí los continuos enfrentamientos con los funcionarios del espacio público y la policía, una azarosa situación en la que el soborno está presente, para evitar la confiscación o destrucción de la mercancía.

No es fácil, pero desgraciadamente nos hemos quedado sin imaginación, mientras la intolerancia gana protagonismo, al pensar que el forzado desalojo o la reubicación engañosa, son la solución al problema.

La expulsión con el argumento de proteger el espacio público, es en sí misma un acto violento que lesiona el derecho constitucional al trabajo; y que de ser adoptada como consecuencia de un fallo judicial, obliga a garantizar que esas familias no van a quedar desamparadas.

La “formalización” tampoco soluciona nada. No basta con registrarlas, reglamentarlas y dictar un curso instantáneo de emprenderismo, para que las ventas ambulantes desparezcan de las esquinas. Ellas jamás se irán, si los gobiernos y el sector privado no ofrecen fuentes estables de empleo.

Es más, la bancarización es el gancho que se ofrece para promocionarla, con el argumento de impulsar el “desarrollo empresarial” de esos micronegocios de ventas al detal.

Pero lo cierto es que para el banco, el vendedor ambulante sin bienes patrimoniales o un codeudor que los posea, no es sujeto confiable de los servicios de crédito.

¿Han evaluado en la administración municipal y la Cámaras de Comercio, el impacto social de los problemas de violencia e inseguridad que nos hemos evitado, al tolerar la presencia de quienes fueron obligados a subsistir del rebusque?

Si lo hacemos, encontraremos allí más de un argumento para concertar el uso inteligente del espacio público y la formulación de una política social para la informalidad, eso es lo conveniente, en la perspectiva de ganar terreno en materia de convivencia ciudadana.