El próximo 9 de Abril,
Camilo Ernesto cumplirá 31 años de edad, de los cuales veintisiete los hemos
pasado en Instituciones Educativas, Centros de Rehabilitación, consultas
médicas y sesiones terapéuticas en la
ciudad de Tunja y Bogotá.
Mientras aguardo y sin ser
el propósito fundamental, he tenido la oportunidad de conocer y valorar la
idoneidad en la prestación de los servicios que esas personas e instituciones
aseguran ofrecer.
En esa carrera contra el
tiempo, he ayudado a mi hijo siguiendo las instrucciones y consejos de
profesionales como Carlos Medina Malo, Fabio Simijaca, Sonia Romero, Mabel
Rodríguez o Amparo de Suárez; y sin embargo, esa experiencia lograda con
absoluta dedicación, no me hace neurólogo, docente o terapeuta.
Por ello encuentro inaceptable,
que nuestras autoridades municipales, faciliten el surgimiento de Fundaciones o
Instituciones, que sin acreditación de requisitos abren sus puertas a niños,
niñas o jóvenes con discapacidad intelectual o cognitiva.
Menos comprensible aún, es
que tales centros educativos o terapéuticos reciban de entidades del Estado,
recursos a los que no se le hace ningún tipo de seguimiento o control.
Poco parece importar, si en
esas guarderías tales recursos cumplen o no con el objeto que inspiró su
asignación, menos aún preocupa a las autoridades competentes, si allí son
respetados o no los derechos de los niños, niñas y jóvenes.
Digo guarderías, porque
aunque nos duela reconocerlo, en muchos de estos centros se llega a la madurez
sin lograr avances significativos, solo permitiendo que los padres dispongan de
algún tiempo para trabajar o descansar de tal responsabilidad.
Es hora de cerrarle la
puerta a los oportunismo, por ello, las alcaldías y gobernación de Boyacá,
deben garantizar el derecho que tiene la diversidad funcional, a representarse
por sí misma y para su beneficio directo.
Quienes sufren discapacidad física
y sensorial, pueden asumir en forma personal la representación de su grupo
social; mientras que un padre de familia podría ser designado para representar
a los miembros de nuestra sociedad con discapacidad psíquica e intelectual.
Jamás podrá una sociedad ser
incluyente, si en los Concejos, Asambleas y Congreso; se decide a espaldas de
los grupos sociales con discapacidad o permitiendo que los recursos del Estado,
sean escamoteados en su nombre.
Si estas líneas logran ser
impresas en algún medio local o regional, y si por fortuna son leídas por
alguien que labore en la Contraloría, Defensoría, Procuraduría o Personería;
solo espero que su compromiso sea con la población en situación de discapacidad.
