DISCAPACIDAD

El próximo 9 de Abril, Camilo Ernesto cumplirá 31 años de edad, de los cuales veintisiete los hemos pasado en Instituciones Educativas, Centros de Rehabilitación, consultas médicas y  sesiones terapéuticas en la ciudad de Tunja y Bogotá.

Mientras aguardo y sin ser el propósito fundamental, he tenido la oportunidad de conocer y valorar la idoneidad en la prestación de los servicios que esas personas e instituciones aseguran ofrecer.

En esa carrera contra el tiempo, he ayudado a mi hijo siguiendo las instrucciones y consejos de profesionales como Carlos Medina Malo, Fabio Simijaca, Sonia Romero, Mabel Rodríguez o Amparo de Suárez; y sin embargo, esa experiencia lograda con absoluta dedicación, no me hace neurólogo, docente o terapeuta.

Por ello encuentro inaceptable, que nuestras autoridades municipales, faciliten el surgimiento de Fundaciones o Instituciones, que sin acreditación de requisitos abren sus puertas a niños, niñas o jóvenes con discapacidad intelectual o cognitiva.

Menos comprensible aún, es que tales centros educativos o terapéuticos reciban de entidades del Estado, recursos a los que no se le hace ningún tipo de seguimiento o control.

Poco parece importar, si en esas guarderías tales recursos cumplen o no con el objeto que inspiró su asignación, menos aún preocupa a las autoridades competentes, si allí son respetados o no los derechos de los niños, niñas y jóvenes.

Digo guarderías, porque aunque nos duela reconocerlo, en muchos de estos centros se llega a la madurez sin lograr avances significativos, solo permitiendo que los padres dispongan de algún tiempo para trabajar o descansar de tal responsabilidad.

Es hora de cerrarle la puerta a los oportunismo, por ello, las alcaldías y gobernación de Boyacá, deben garantizar el derecho que tiene la diversidad funcional, a representarse por sí misma y para su beneficio directo.

Quienes sufren discapacidad física y sensorial, pueden asumir en forma personal la representación de su grupo social; mientras que un padre de familia podría ser designado para representar a los miembros de nuestra sociedad con discapacidad psíquica e intelectual.

Jamás podrá una sociedad ser incluyente, si en los Concejos, Asambleas y Congreso; se decide a espaldas de los grupos sociales con discapacidad o permitiendo que los recursos del Estado, sean escamoteados en su nombre.

Si estas líneas logran ser impresas en algún medio local o regional, y si por fortuna son leídas por alguien que labore en la Contraloría, Defensoría, Procuraduría o Personería; solo espero que su compromiso sea con la población en situación de discapacidad.