El
NO se alzó con la victoria electoral el 2 de Octubre, y algunos le atribuyeron
esa responsabilidad al Presidente Santos, con el argumento que no debió dejarle
tamaña responsabilidad al pueblo colombiano.
Otros
invocando como fuente los grandes centros del pensamiento, han señalado que el
resultado obtenido, prueba que al pueblo no se le debe consultar temas de tanta
complejidad.
Lo
cierto es que los Acuerdos logrados en La Habana y avalados por la comunidad
internacional, han encontrado en el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su
Centro Democrático, una descomunal oposición.
Postura
que apuntalan en los 53.894 votos que obtuvieron sobre el SÍ, una ventaja del
0.4% que no puede amordazar los derechos de los 6’377.482 colombianos que
votaron SÍ a los Acuerdos firmados.
Y
sin embargo, esos Acuerdos que le merecieron el nobel a nuestro presidente,
tendrán que ser ajustados en nombre de la democracia, para evitarle males
mayores, debido a la enorme polarización política que padece nuestra sociedad.
Así
las cosas, y ante la iniciativa del doctor Eduardo Cifuentes ex magistrado de
la Corte Constitucional, la pregunta del millón es el Cabildo Abierto, ¿un
camino para qué?
No
es gratuito, que temprana y oportunamente se indique en nuestra Acta de
Independencia, que como hecho político el Cabido Abierto es pertinente, “...en
virtud de haberse juntado el pueblo en la plaza pública...”
No
hay duda, que éste instrumento de participación ciudadana es un escenario que
permite la deliberación publica y que en el mejor de los casos, brindaría
legitimidad política al acuerdo que resulte en La Habana, después de examinar
la conveniencia de las propuestas del NO.
Algo
que resulta poco eficaz, si para ello se tiene que esperar que el 51% de los 1.122 municipios de
Colombia validen el texto de los Acuerdos a través de Cabildos Abiertos
convocados con tal propósito y siguiendo el protocolo previsto.
Por
ello, y en la perspectiva de valorar la pertinencia del Cabildo Abierto, es
indispensable tener presente, que la seguridad jurídica es el activo que en
forma denodada ha buscado asegurar la comandancia de las FARC-EP durante todo
el proceso de negociación.
Una
seguridad sin la cual, no es posible garantizar su existencia y a futuro su accionar
político, un riesgo al que no se someterá la insurgencia, sabiendo que Colombia
es un país de leguleyos y que la corrupción campea por los estrados judiciales.
Hoy,
después de trascurridos cuatro largos años de negociación, solo a la derecha le
conviene dilatar en el tiempo el examen de sus propuestas; por ello, la
ciudadanía debe ser convocada en nombre de la paz a exigir: UN ACUERDO YA.
