CABILDO ABIERTO, ¿un camino para qué?

El NO se alzó con la victoria electoral el 2 de Octubre, y algunos le atribuyeron esa responsabilidad al Presidente Santos, con el argumento que no debió dejarle tamaña responsabilidad al pueblo colombiano.

Otros invocando como fuente los grandes centros del pensamiento, han señalado que el resultado obtenido, prueba que al pueblo no se le debe consultar temas de tanta complejidad.

Lo cierto es que los Acuerdos logrados en La Habana y avalados por la comunidad internacional, han encontrado en el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su Centro Democrático, una descomunal oposición.

Postura que apuntalan en los 53.894 votos que obtuvieron sobre el SÍ, una ventaja del 0.4% que no puede amordazar los derechos de los 6’377.482 colombianos que votaron SÍ a los Acuerdos firmados.

Y sin embargo, esos Acuerdos que le merecieron el nobel a nuestro presidente, tendrán que ser ajustados en nombre de la democracia, para evitarle males mayores, debido a la enorme polarización política que padece nuestra sociedad.

Así las cosas, y ante la iniciativa del doctor Eduardo Cifuentes ex magistrado de la Corte Constitucional, la pregunta del millón es el Cabildo Abierto, ¿un camino para qué?

No es gratuito, que temprana y oportunamente se indique en nuestra Acta de Independencia, que como hecho político el Cabido Abierto es pertinente, “...en virtud de haberse juntado el pueblo en la plaza pública...”

No hay duda, que éste instrumento de participación ciudadana es un escenario que permite la deliberación publica y que en el mejor de los casos, brindaría legitimidad política al acuerdo que resulte en La Habana, después de examinar la conveniencia de las propuestas del NO.

Algo que resulta poco eficaz, si para ello se tiene que esperar  que el 51% de los 1.122 municipios de Colombia validen el texto de los Acuerdos a través de Cabildos Abiertos convocados con tal propósito y siguiendo el protocolo previsto.

Por ello, y en la perspectiva de valorar la pertinencia del Cabildo Abierto, es indispensable tener presente, que la seguridad jurídica es el activo que en forma denodada ha buscado asegurar la comandancia de las FARC-EP durante todo el proceso de negociación.

Una seguridad sin la cual, no es posible garantizar su existencia y a futuro su accionar político, un riesgo al que no se someterá la insurgencia, sabiendo que Colombia es un país de leguleyos y que la corrupción campea por los estrados judiciales.

Hoy, después de trascurridos cuatro largos años de negociación, solo a la derecha le conviene dilatar en el tiempo el examen de sus propuestas; por ello, la ciudadanía debe ser convocada en nombre de la paz a exigir: UN ACUERDO YA.