INEQUIDAD LABORAL

Si un día nos diéramos la oportunidad de dar una vuelta por las calles de nuestras ciudades, aventurándonos a descubrir lo que en ellas ocurre entre las 7  y 12 p.m.; tendríamos la oportunidad de ver el creciente número de conciudadanos que viven de la basura.

En esas bolsas y canecas, cientos de padres y madres de familia, buscan cada noche un ingreso para subsistir y un pedazo de cualquier cosa para mitigar el hambre que los acompaña.

Las monedas que les brinda el reciclaje, en el mejor de los casos no les alcanza para soñar con  un salario mínimo, frustración que comparten con ese otro grupo social, que busca en las ventas ambulantes una oportunidad para existir.

Nuestra realidad es tan tozuda, que el DANE ha tenido que reconocer que el 62% de los colombianos viven en condiciones de precaria subsistencia y que el 70% de quienes laboran, buscan agobiados por las deudas una mejora salarial.

Situación que a los gobiernos nacional, departamental y municipal no los hace sonrojar, y por comodidad, menos aún los motiva a adoptar políticas de generación efectiva de empleo.

Por ello resulta indignante, que nuestra clase política a sabiendas que Colombia es según la CEPAL el tercer país con más pobreza en América del Sur, le otorgue salarios ofensivamente elevados a sus congresistas y empleados del alto gobierno.

Mientras el Congreso de la Republica es identificado por los colombianos como la punta de lanza de todas las formas posibles de  corrupción, cada uno de sus integrantes recibe mensualmente la suma de  $ 28.000.000 por concepto de salario.

Resulta paradójico que en búsqueda de la paz,  a la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos, le incrementen su salario en $ 49.000, mientras que para los 268 congresistas ese aumento supera los $ 2.000.000 mensuales.

Si examinamos prestaciones sociales,  el  colombiano del común recibe anualmente una prima, mientras al congresista se le reconocen tres y disfruta en forma permanente y gratuita de telefonía móvil, escolta y vehículo blindado de alta gama.

Es más, llegado el momento de la pensión, el colombiano del común tendrá una mesada calculada sobre el promedio de los salarios devengados en los últimos diez  años y nuestros afortunados congresistas, lo harán con el promedio del último año.

Es tanta la mezquindad del gobierno, que ese grupo privilegiado de trabajadores del común que puede pensionarse, solo recibirá el 65% del Ingreso Básico de Liquidación, mientras nuestros congresistas  inexplicablemente lo harán con el 75% del IBL.

Amigos lectores, la inequidad laboral que nos imponen el gobierno es indignante y guardar silencio resulta a todas luces inexplicable, ya que los colombianos en edad productiva, no tienen la oportunidad de brindarle una existencia digna a sus familias.