La contratación en la ciudad de Tunja, debe ser objeto de un riguroso examen por parte de los organismos de control y los procesos judiciales, fiscales y disciplinarios anunciados deben garantizar reparación y sanción.
Preocupa la lentitud con la que la Procuraduría, Control Interno Administrativo y Personería Municipal, avocan el conocimiento y tramite de las quejas ó demandas dejadas a su consideración.
En Tunja, todo en la administración pública tiene hoy por objeto la generación de ingresos para el contratista y no para la ciudad; un ejemplo de ello lo encontramos en la forma irregular como fue otorgada la actual concesión del terminal.
Una licitación que el gobierno municipal afincó en un estudio realizado por la Sociedad Boyacense de Economistas en el año 2007, sin que aportara un flujo de fondos para sustentar el porcentaje de participación, que el gobernante acogió sin consideraciones técnicas adicionales.
El Contrato No 508 fue suscrito el 29 de diciembre de 2009 con una vigencia de diez y ocho (18) meses y un valor de quinientos nueve millones ochocientos cincuenta y siete mil quinientos trece pesos ($ 509.857.513) mcte.
Llama la atención del Contralor, que el texto del contrato firmado por las partes, no coincida con la minuta que el gobierno municipal publicó en el pliego de condiciones, hecho grave que refleja un proceder nada transparente.
En ésta licitación se detectaron irregularidades en los pliegos de condiciones, evaluación, calificación y adjudicación del contrato; es por ello que la Contraloría intuye la “…celebración indebida del contrato, y una violación de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y el deber de una selección objetiva…”.
En su informe el ente de control dejó al descubierto un comportamiento permisivo en el Comité de Evaluación, que favoreció la propuesta presentada por el Consorcio Moviliza Logística y Transporte, adjudicatario del contrato de concesión.
Se asegura “…que el trámite de legalización del Contrato 508 de 2009, no cumplió todos los requisitos, no se efectuó el pago por concepto de timbre…”.
Más aún, por falta de coordinación entre las Secretarías de Desarrollo y Contratación, “…El Contrato inició su ejecución y duro casi dos meses sin supervisor, por lo que se incurre en un presunto incumplimiento del artículo 4 de la Ley 80 de 1993…”
Es por ello que el 23 de Junio de 2010, la Contraloría Municipal puso en conocimiento de la Procuraduría y Fiscalía “… una serie de hallazgos con alcance disciplinario y penal…” encontrados en el proceso licitatorio que otorgó la concesión del Terminal al Consorcio Moviliza.
Como hasta hoy nada ha pasado, el 01 de Octubre del presente año, el burgomaestre local solicitó nuevamente al Concejo Municipal, el otorgamiento de facultades para dejar contratada (léase renovada) dicha concesión.
En este mar de irregularidades, resulta curioso que nada se diga sobre el valor pactado en el Contrato No 508, un tema transcendental sobre el cual, trabajadores vinculados con el terminal de Transporte, aseguran sirvió para favorecer al contratista en detrimento del erario municipal.
Si existe el detrimento patrimonial que ellos cuantifican en $120 millones mensuales, esperamos que la Contraloría Municipal, Procuraduría, Personería ó Fiscalía, aboquen su investigación y valoración, a fin de evitar un nuevo perjuicio para la ciudad.
Preocupa la lentitud con la que la Procuraduría, Control Interno Administrativo y Personería Municipal, avocan el conocimiento y tramite de las quejas ó demandas dejadas a su consideración.
En Tunja, todo en la administración pública tiene hoy por objeto la generación de ingresos para el contratista y no para la ciudad; un ejemplo de ello lo encontramos en la forma irregular como fue otorgada la actual concesión del terminal.
Una licitación que el gobierno municipal afincó en un estudio realizado por la Sociedad Boyacense de Economistas en el año 2007, sin que aportara un flujo de fondos para sustentar el porcentaje de participación, que el gobernante acogió sin consideraciones técnicas adicionales.
El Contrato No 508 fue suscrito el 29 de diciembre de 2009 con una vigencia de diez y ocho (18) meses y un valor de quinientos nueve millones ochocientos cincuenta y siete mil quinientos trece pesos ($ 509.857.513) mcte.
Llama la atención del Contralor, que el texto del contrato firmado por las partes, no coincida con la minuta que el gobierno municipal publicó en el pliego de condiciones, hecho grave que refleja un proceder nada transparente.
En ésta licitación se detectaron irregularidades en los pliegos de condiciones, evaluación, calificación y adjudicación del contrato; es por ello que la Contraloría intuye la “…celebración indebida del contrato, y una violación de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y el deber de una selección objetiva…”.
En su informe el ente de control dejó al descubierto un comportamiento permisivo en el Comité de Evaluación, que favoreció la propuesta presentada por el Consorcio Moviliza Logística y Transporte, adjudicatario del contrato de concesión.
Se asegura “…que el trámite de legalización del Contrato 508 de 2009, no cumplió todos los requisitos, no se efectuó el pago por concepto de timbre…”.
Más aún, por falta de coordinación entre las Secretarías de Desarrollo y Contratación, “…El Contrato inició su ejecución y duro casi dos meses sin supervisor, por lo que se incurre en un presunto incumplimiento del artículo 4 de la Ley 80 de 1993…”
Es por ello que el 23 de Junio de 2010, la Contraloría Municipal puso en conocimiento de la Procuraduría y Fiscalía “… una serie de hallazgos con alcance disciplinario y penal…” encontrados en el proceso licitatorio que otorgó la concesión del Terminal al Consorcio Moviliza.
Como hasta hoy nada ha pasado, el 01 de Octubre del presente año, el burgomaestre local solicitó nuevamente al Concejo Municipal, el otorgamiento de facultades para dejar contratada (léase renovada) dicha concesión.
En este mar de irregularidades, resulta curioso que nada se diga sobre el valor pactado en el Contrato No 508, un tema transcendental sobre el cual, trabajadores vinculados con el terminal de Transporte, aseguran sirvió para favorecer al contratista en detrimento del erario municipal.
Si existe el detrimento patrimonial que ellos cuantifican en $120 millones mensuales, esperamos que la Contraloría Municipal, Procuraduría, Personería ó Fiscalía, aboquen su investigación y valoración, a fin de evitar un nuevo perjuicio para la ciudad.
Mi querido amigo izquierdista, desde la distancia y como tunjano quiero decirle que todo lo que ustedes escriben, junto con don Pedro Pablo, dona Margarita y una serie mas de amigos de las redes sociales de tendencia anti-gobierno, puede ser cierto, estamos inmersos en un gobierno pesimo y corrupto como el de Arturo Montejo, es verdad que nos roban a cada segundo pero de parte de ustedes no hay nada, solo leerlos me llena de pesimismo y tristeza por mi ciudad, solo con leerlos se me dana el dia, para ustedes todo esta mal, no hay propuestas, no hay nada positivo, y repito, ustedes pueden tener la razon pero son muy desmotivadores, si la cosa esta mal, leyendolos a ustedes se pone peor, es una recomendacio para que a travez de sus blogs, correo y cuentas de redes sociales transmitan algo bueno al lector de Tunja que solo escucha malas noticias y asociadas a los problemas economicos y climaticos y despues de leer uno de sus comentarios u opiniones es probable que se aumenten los suicidios en la ciudad, en todo caso buena labor la que uds realizan, adelante pero ojala simpre con una posicion un poco mas optimista de las cosas.
ResponderEliminarAtt: Un Tunjano de corazon que a la distancia le duele su pueblo y quiere siempre lo mejor para los suyos.