SISBEN III

La Revista Poder en su edición de marzo, trae la evaluación de alcaldes y gobernadores, señala que “…la peor percepción de su gestión es para el alcalde de Tunja, Arturo Montejo, con apenas un 23% de favorabilidad…”.

Allí no hay malquerientes, es la verdad que no se puede ocultar, como tampoco lo es, el desastre que presenta el proceso de implementación del SISBEN III en el marco del convenio No 2101691 suscrito entre el municipio y FONADE.

El pasado 24 de marzo, la Gerencia de Unidad de la Subgerencia Técnica de FONADE, le informó al Doctor Montejo, que “…el DNP considera que se requiere realizar nuevamente el levantamiento de la información en terreno…”

La razón según la Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida, se halla en “...las irregularidades encontradas durante la visita de interventoría al proceso de implementación del SISBEN III…”

Pues la forma como se efectuó la recolección de la información, “…afecta el propósito de la política de localización del gasto social, en la medida que se ha hecho un operativo que no cumple con la metodología…” diseñada.

La visita de interventoría realizada el 27 y 28 de diciembre encontró falencias en: personal contratado, recolección de información, asistencia técnica, supervisión, digitación, archivo y hasta manipulación de fechas.

Llama la atención la firma del Contrato No 512 del 20 de diciembre de 2010 con el objeto de apoyar al municipio en la implementación del SISBEN III, por valor de 86 millones de pesos y plazo de siete días.

Lo curioso es que ese contrato se firma cinco días después de haberse recolectado la información y dos días antes de vencerse el convenio con FONADE; sin que ellos ni ó el DNP tengan claridad sobre lo ejecutado por el contratista.

En tales circunstancias considera FONADE, el municipio de Tunja debe reintegrarle la suma de 25.8 millones de pesos, pues al hacer “…el barrido del SISBEN III no acató los lineamientos técnicos establecidos para tal fin por el DNP…”

Crece la lista de contratos, con los cuales se han girado dineros del presupuesto municipal, sin el cumplimiento del objeto contratado ó con dudas sobre la idoneidad legal o profesional del contratista.