El paro agrario que
comenzó el 19 de agosto de 2.013, es sin lugar a dudas en Colombia y
especialmente en Boyacá, un acontecimiento histórico que tuvo como
protagonistas indiscutidos, la valerosa lucha campesina, la solidaridad
ciudadana y la brutal represión del Esmad.
Por ello, aquel sábado
7 de septiembre de 2.013 una vez suscrita el Acta
Final de la Mesa Regional Agropecuaria Boyacá, Cundinamarca y Nariño; los representantes
de la golpeada institucionalidad, se propusieron debilitar al movimiento
campesino.
Gobierno y gremios que han sido
abiertamente cuestionados y denunciada ante el mundo su incompetencia, dieron
de inmediato paso a una estrategia divisionista, que tiene como telón de fondo
el llamado Pacto Agrario.
Ese liderazgo campesino que surgió arrollador en los campos de Boyacá,
debía ser contenido y deslegitimado. Y el papayazo se dio al asomarse por uno
de los balcones del Palacio de Liévano en la ciudad de Bogotá.
Se comienza a hablar de “traición” al campesinado, y se inician
acercamientos con personajes que a la postre vienen sirviendo de instrumentos
calumniosos, en contra de quienes habían logrado que el gobierno firmara
cuarenta y dos (42) compromisos con el campo.
Escandalizar en los medios, el acuerdo pactado internamente para
brindarle recursos económicos al movimiento, es el más miserable de los
intentos por deslegitimar al dirigente agrario y ofrecerlo en bandeja para una
eventual judicialización.
Es más, en Tunja se organizan infructuosas reuniones en las se intenta
relevarlo, a pesar de que ha sido reiteradamente investido como el vocero de
esas voluntades indignadas, que dieron origen a la Dignidad Agropecuaria.
De ahí que no resulte extraño que el presidente, los ministros de
Interior y Agricultura, promuevan sin ningún empacho, a los Rondón Pérez, Mesa
Chicamocha y Torres Chivata; que descaradamente se han prestado para fraccionar
a la Dignidad Papera.
Nada es gratuito, deslegitimando el liderazgo campesino que encarna
Cesar Pachón, el gobierno busca sacarlo de la mesa para imponer en la
negociación, las propuestas que ha concertado con los gremios.
Esa estrategia que el gobierno ha desplegado durante los últimos ocho
meses, debe ser denunciada, para que la causa de los campesinos colombianos no
sea saboteada, bajo el ruidoso sainete de unos precios altos que desaparecerán
con la cosecha.
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