LA TERMINAL DE TUNJA, DEBE SER DE TUNJA.

El 26 de Noviembre de 2.014 las primeras noticias oficiales sobre la inmediata construcción de la Nueva Terminal de Tunja, aparecieron en los medios de comunicación, anunciando inversiones aseguradas por $ 40.000 millones.

Se dijo en aquel momento, que la construcción comenzaría en Marzo de 2.015 y que doce (12) meses después, irrumpiría en el sector transporte haciendo parte de las Terminales más grandes de Colombia, con capacidad para atender a dos mil (2.000) pasajeros/hora.

Sin embargo, para Abril de 2.017 la Terminal ya tenía un costo de $ 57.000 millones, sin tener en cuenta obras de movilidad no presupuestadas, ni el valor del mobiliario que permitiría su funcionamiento.

El no pago oportuno de las Actas de Obra, la lentitud en la ejecución y el continuo surgimiento de Planes de Ajuste; han ido dilatando los plazos de terminación del 19 de Agosto, a 30 de Octubre, a 30 de Noviembre y finalmente se aseguró, “…que vamos a hacer todo lo posible para culminarla en éste gobierno…”

Una situación, que el 13 de Septiembre pasado en el Salón de la Constitución, el gobernador Carlos Amaya justificó, señalando como responsables al Concejo Municipal de Tunja y a la demanda de nulidad interpuesta por el Diputado Guillermo Sánchez Sánchez.

Lo que no es de conocimiento público, porque temas como éstos es mejor que no trasciendan para evitar juicios de responsabilidad, es que:

1.    La  Resolución No 1776 del 06 de Junio de 2.017 emitida por el Departamento Nacional de Planeación, ordenando la suspensión preventiva de giros, dejó al descubierto omisiones de la Gobernación de Boyacá en la presentación de la documentación solicitada y la no atención de requerimientos formulados por el DNP.

2.    Dos meses después de emitida dicha resolución, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja, radican los Proyectos solicitando a la Asamblea Departamental y Concejo Municipal; la autorización para crear la Sociedad Publica que administraría la operación de la Nueva Terminal.

3.    El 29 de Agosto de 2.017 mediante oficio No DOCNT – AD – 225 – 17, el Consorcio Nuevo Terminal, le exige a la Gobernación de Boyacá el pago de las ACTAS DE OBRA que han sido radicadas durante 2.017 por valor de $ 12.532 millones.

4.    Teniendo en cuenta lo indicado en anteriores numerales, se concluye sin asumo de duda, que los dineros que ha congelado el DNP ya se le adeudan al contratista por obras ejecutadas y que con ellos no es posible realizar ningún trabajo adicional.

5.    La aprobación de la Ordenanza No 002 de 2.017 concebida para autorizar un empréstito, terminó modificando irregularmente el Plan de Desarrollo aprobado en 2.016, al incorporar proyectos de inversión no previstos e incrementar el monto de la financiación autorizada a través de crédito; hecho que da origen a la demanda de nulidad del Diputado Guillermo Sánchez.

6.  Dicha demanda de nulidad radicada el 18 de Julio de 2.017, no afecta la vigencia la Ordenanza No 002 de 2.017, ya que en virtud del artículo 122 de la Decreto No 1333 de 1.986, las ordenanzas son de obligatorio cumplimiento, hasta tanto no medie decisión en contrario del Contencioso Administrativo, lo que a la fecha no ha ocurrido.

7.    En Octubre de 2.017 son retirados los Proyectos en los que se solicitaba autorización para crear la Sociedad Pública, con el propósito de permitirle al Gobernador de Boyacá y Alcalde de Tunja, complementar y corregir tales iniciativas.

Sin haberse atendido a satisfacción las exigencias que motivan la sanción impuesta a través de la Resolución No 1776, el llamado Estudio Demostrativo Justificativo, es presentado a pesar de las innumerables dudas que genera, como el pilar sobre el cual los mandatarios regional y local, buscarán nuevamente la autorización para crear la Sociedad Publica que pondría en operación la Nueva Terminal.

No hay duda, la constitución de esa Sociedad por Acciones Simplificada esconde un pulso político entre el Gobernador de Boyacá y el Alcalde de Tunja, por asegurarse el poder decisorio sobre los destinos de esa infraestructura, que por ser generadora de burocracia y dinero, se ha convertido  objetivo de alto valor.

En un enrarecido panorama pre electoral,  la política y menos aún la politiquería, le pueden negar a Tunja el puesto que en la historia se ganó; por ello, lo realmente equitativo con los Tunjanos, es que la celebración del Bicentenario, comience transfiriéndole a nuestra ciudad el título de propiedad de la Nueva Terminal.

Ese sería sin duda un buen gesto del Gobernador Carlos Amaya, que enaltecería la dignidad del Pueblo Tunjano y la autonomía de sus autoridades municipales; algo que ya se viene sugiriendo en la Vuelta al Perro y que por fortuna va más allá de las vecindades del Cercado Muisca.

¿LIMPIEZA?... NO ¡INTOLERANCIA SOCIAL!

Hace quince años, gracias al silencio de las autoridades de la época y mientras la ciudad dormía, sicarios financiados por la intolerancia social emprendieron por las solitarias calles de Tunja, su recorrido de muerte.

La historia de la hermosa e hidalga jamás podrá ocultar que entre octubre de 2.002 y marzo de 2.003, la intolerancia asesino selectivamente con tiros de gracia a cuarenta y un (41) personas, entre habitantes de calle y jóvenes dedicados al rebusque.

Nadie vio nada, pero todos sabían que la camioneta blanca recorría la ciudad, recogiendo en los oscuros rincones de nuestra marginalidad, a quienes serían sus víctimas en ese miserable paseo de la muerte.

Asesinaron a Juan Pablo, Pili, Alexandra, El Profe, Oscar, Patón, Cantante, Barrabas, Pita, Melco, Risitas, Renegado, etc., etc., etc. y las autoridades de policía jamás lograron cumplir con la operación candado para capturar a los sicarios.

Hoy con los Acuerdos de La Habana, un ambiente de paz comienza a florecer y en nuestras ciudades surge toda suerte de comités ciudadanos, promoviendo Cabildos de y por la Paz.

Quizá en Tunja, esos postulados de verdad, justicia, reparación y no repetición, que tanto han sido enarbolados pensando en las elecciones de 2.018, se concreten tomando como objeto de trabajo un hecho tangible por la paz.

Ese ejercicio académico y político que pretenden imponer en el Cabildo por la Paz los gobernantes y dirigentes políticos, debe ceder el paso al examen de éstos asesinatos de la intolerancia social.

Sería interesante que en dicho Cabildo se examinaran las actas del Consejo de Seguridad, que se conocieran los informes de la Comisión Especial que la Policía Boyacá dijo haber integrado o del Comité Interinstitucional de que hablo el Consejo de Seguridad.

El silencio debe romperse, ya que la paz que soñamos se construye revindicando a las víctimas, y para ello, la justicia está obligada a visitar los cambuches; para que el dolor de las familias estrato cero y uno que viven bajo la sombra del Alto de San Lázaro, pueda salir a llorar sus muertos.

Si en Tunja lo logramos, los primeros en sonreír estoy seguro, serían mi amigo Harold Piedrahita Perdomo y el poeta Mario Benedetti; pues contemplarían desde la inmensidad el universo, que no están cierto que “Aquí en las calles suceden cosas que ni siquiera pueden decirse…”

VIVAN LOS ESTUDIANTES

Tuve el enorme placer de vivir en vivo y en directo, las movilizaciones estudiantiles de mediados de los sesenta y bien entrados los setenta en nuestra UPTC; por ello, es necesario destacar que la marcha del lunes 25 de septiembre es histórica.

Y lo es por su naturaleza, la multitudinaria movilización de estudiantes del campus universitario a la Plaza de Bolívar en la ciudad de Tunja, se realiza en defensa de la Universidad Pública y del acceso de los sectores de bajos ingresos a sus servicios.

Las calles de Tunja volvieron a cantar al unísono con Violeta Parra y Mercedes Sosa

“Que vivan los estudiantes

Jardín de nuestra alegría

Son aves que no se asustan

De animal ni policía.”

No debe haber duda alguna, como en nuestro inmediato pasado lo demostraron campesinos y camioneros, los estudiantes upetecistas volvieron a evidenciar el inocultable poder de la protesta social.

Es por ello y no por ninguna otra razón, que los miembros del Consejo Superior deciden por unanimidad ese mismo día, aplazar la decisión de modificar el sistema de cobro de matrículas para los programas de pregrado.

Pero en su comunicado a renglón seguido anuncian, que el viernes 29 de septiembre retomarán el tema, motivo por el cual la dirigencia y el movimiento estudiantil, deben permanecer atentos para evitar que la excusa de ser una decisión judicial, permita el atropello que originó la movilización.

Si bien el Consejo Superior certifica, que las finanzas de nuestra UPTC son saludables y que no existe interés de promover su privatización; queda la duda de por qué se busca implementar un mecanismo, que a futuro incrementará el valor de las matrículas.

Si esto llegará a ocurrir, en un panorama socio-económico en el que predomina la tendencia a la baja de los ingresos reales de las familias; es innegable que tal medida, le restringiría el acceso a la universidad a los sectores sociales menos favorecidos de Boyacá.

Debo señalar antes de terminar, que no convence y si genera dudas, el pronunciamiento de la rectoría señalando que a partir del 2.018 los estudiantes que cumplan requisitos legales, podrán estudiar la carrera que deseen, sin importar su poder adquisitivo, ya que a la UPTC no le interesa recibir dineros adicionales.

“Me gustan los estudiantes

Porque levantan el pecho

Cuando le dicen harina

Sabiéndose que es afrecho.”

La historia del movimiento estudiantil y de los sectores populares, no admite falsas interpretaciones; cuando el pueblo indignado se levanta en defensa de sus derechos, la burocracia tiembla y el Estado cede.

ES MEJOR, NO COMER ENTERO.

Desde que tuvieron ocurrencia los paros Campesino y Camionero, el pueblo boyacense ha dejado de comer entero, por fortuna hoy creemos pero dudamos; es por ello, que en ese mundo de rumores que ha sobrecogido la política regional, lo que se exige es claridad a sus actores.

Sin perder de vista, que transparencia y eficacia nada tienen que ver con los discursos, son los hechos que el ciudadano puede palpar,  los que avalan o no su existencia en la gestión de los gobernantes.

Pretender hacer creer que existe una conspiración de la derecha nacional para estropear la imagen del gobierno departamental, es un vano intento por ocultar que el desempeño de nuestra economía regional registra un decrecimiento del 1.3%

Es más, preocupa que en tiempos de un dólar extremadamente sobrevalorado, nuestras exportaciones continúen a la baja, registrando a abril de 2.017 una caída del  28.4% y que las importaciones sigan igual tendencia, presentando para el mismo mes un descenso del 54.2%

Invocar en ésta reflexión los registros que presenta la variable inversión, oscurece aún más este panorama, ya que nos acostumbramos a esperar lo que buenamente nos dé el gobierno central o las esporádicas iniciativas de propietarios de unidades productivas ya existentes.

Para nadie es un secreto, que el desempleo que acompaña al Gobierno de Amaya, Pedraza, Romero, Castiblanco y Rodríguez; ha llegado en Junio de 2.017 al 11%  ubicando a Boyacá por encima del índice nacional.

Hay motivos para dudar, pues el ingreso familiar pierde poder adquisitivo en medio de la carencia de  políticas que promuevan entornos socio-económicos favorables, a la instalación de nuevas unidades productivas a nivel industrial y agroindustrial.

El rebusque no puede ser la alternativa para los cientos de estudiantes que reciben su título de bachiller, y que no tienen la fortuna de ser beneficiarios de una de las becas de Ser Pilo Paga.

Nos hemos quedado adormilados aguardando el milagro que vendrá con el auge de la actividad turística, sin darnos a la tarea de construir la infraestructura que ésta demanda e ignorando que el empleo allí generado es sustancialmente precario.

Para Boyacá es mejor no comer entero, nada ha cambiado y todavía es posible cambiar, si los boyacenses asumimos seriamente el compromiso de aprender a elegir; no es posible un mejor mañana, si en los gobiernos departamental y municipal, siempre están presentes los mismos.

INEQUIDAD LABORAL

Si un día nos diéramos la oportunidad de dar una vuelta por las calles de nuestras ciudades, aventurándonos a descubrir lo que en ellas ocurre entre las 7  y 12 p.m.; tendríamos la oportunidad de ver el creciente número de conciudadanos que viven de la basura.

En esas bolsas y canecas, cientos de padres y madres de familia, buscan cada noche un ingreso para subsistir y un pedazo de cualquier cosa para mitigar el hambre que los acompaña.

Las monedas que les brinda el reciclaje, en el mejor de los casos no les alcanza para soñar con  un salario mínimo, frustración que comparten con ese otro grupo social, que busca en las ventas ambulantes una oportunidad para existir.

Nuestra realidad es tan tozuda, que el DANE ha tenido que reconocer que el 62% de los colombianos viven en condiciones de precaria subsistencia y que el 70% de quienes laboran, buscan agobiados por las deudas una mejora salarial.

Situación que a los gobiernos nacional, departamental y municipal no los hace sonrojar, y por comodidad, menos aún los motiva a adoptar políticas de generación efectiva de empleo.

Por ello resulta indignante, que nuestra clase política a sabiendas que Colombia es según la CEPAL el tercer país con más pobreza en América del Sur, le otorgue salarios ofensivamente elevados a sus congresistas y empleados del alto gobierno.

Mientras el Congreso de la Republica es identificado por los colombianos como la punta de lanza de todas las formas posibles de  corrupción, cada uno de sus integrantes recibe mensualmente la suma de  $ 28.000.000 por concepto de salario.

Resulta paradójico que en búsqueda de la paz,  a la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos, le incrementen su salario en $ 49.000, mientras que para los 268 congresistas ese aumento supera los $ 2.000.000 mensuales.

Si examinamos prestaciones sociales,  el  colombiano del común recibe anualmente una prima, mientras al congresista se le reconocen tres y disfruta en forma permanente y gratuita de telefonía móvil, escolta y vehículo blindado de alta gama.

Es más, llegado el momento de la pensión, el colombiano del común tendrá una mesada calculada sobre el promedio de los salarios devengados en los últimos diez  años y nuestros afortunados congresistas, lo harán con el promedio del último año.

Es tanta la mezquindad del gobierno, que ese grupo privilegiado de trabajadores del común que puede pensionarse, solo recibirá el 65% del Ingreso Básico de Liquidación, mientras nuestros congresistas  inexplicablemente lo harán con el 75% del IBL.

Amigos lectores, la inequidad laboral que nos imponen el gobierno es indignante y guardar silencio resulta a todas luces inexplicable, ya que los colombianos en edad productiva, no tienen la oportunidad de brindarle una existencia digna a sus familias.

LA PAZ TIENE SABOR A PUEBLO

El pasado 4 de abril, sesionó en la ciudad de Tunja el Cabildo Abierto por la Paz, y aunque lo intente en tres oportunidades, no pude por diversas circunstancias, dirigirme a un auditorio que con enorme entusiasmo atiborro el recinto del Concejo Municipal.

Es por tal motivo, que me permito en las siguientes líneas, enunciar algunos de los aspectos que hacían parte de mi frustrada disertación, con el ánimo de promover una reflexión, a la que estamos obligados en la presente coyuntura.

Con la seguridad de no ser aguafiestas, debo resaltar, que una vez suscritos los Acuerdos de La Habana, a la paz se le  colgaron todos, unos por convicción y otros por oportunismo, unos para promoverla y otros para sofocarla.

En la derecha y algunos sectores de centro, la paz es asumida como una dama de compañía que debe lucirse en todo evento y con mayor razón en tiempo electoral, con el objetivo evidente de oxigenar el maltrecho modelo neoliberal.

Un propósito en el que adquiere importancia sustantiva, evitar que las protestas y movilizaciones populares, generen un estado de indignación colectiva que incentive  desde abajo incómodos procesos de maduración política.

Es de todos sabido, que las luchas populares “…son procesos de subjetivación en los cuales los de abajo se dan cuenta de su fuerza y de su potencia para transformar la realidad…”; razón por la cual, el establecimiento se apresura a silenciarlos.

De ahí la necesidad de estimular la unidad de la Izquierda y su trabajo mancomunado con las organizaciones sociales, pues solo a través del empoderamiento popular, se garantiza que las transformaciones sociales, económicas, políticas e institucionales que la paz exige sean posibles.

No veremos la paz sin el apoyo de una creciente mayoría social y popular, que sea protagonista en la construcción de una sociedad diferente, a esa que las élites defienden generando todo tipo de desigualdades e injusticias.

Esa consigna que recorre España, exigiendo “…mantener un pie en las instituciones y mil en las calles…” adquiere en Colombia plena vigencia, porque con ella se enarbola la pluralidad que signa la lucha política y social.

Son esos espacios de resistencia, los que permiten que la cultura allí forjada, se convierta en el instrumento a través del cual se transfiere al proceso de cambio, la vitalidad necesaria para garantizar que sea permanente.

Si hoy no asumimos el compromiso de  construir desde abajo esa nueva hegemonía, nuestro sueño de cambio y paz será tan solo eso, y Colombia continuará siendo el territorio electorero del que pelechen los sectores de derecha y centro, reproduciendo la inequidad y corrupción de siempre.

La paz tiene ineludiblemente sabor a Pueblo, y es únicamente con el Pueblo convertido en sujeto por el cambio, que es posible que ésta pueda llegar a ser estable y duradera.

ÉSTE 4 DE ABRIL, es por la Paz.

El Cabildo Abierto que sesionará en Tunja el próximo 4 de Abril, es sin duda una ineludible invitación  a expresar nuestro deseo de apoyar el proceso de construcción de paz, que se abre con la desmovilización de  las FARC – EP.

Lo curioso, es que suscritos los Acuerdos de La Habana, a la paz se le han colgado todos, unos por convicción y otros por oportunismo, unos para promoverla y otros para sofocarla.

Para la derecha y centro, la paz es una dama de compañía que debe lucirse en todo evento y con mayor razón en tiempo electoral, con el objetivo evidente de oxigenar el modelo neoliberal.

Un propósito en el que adquiere importancia sustantiva, evitar que las protestas y movilizaciones populares, generen un estado de indignación colectiva que incentive  desde abajo incómodos procesos de maduración política.

Es de todos sabido, que las luchas populares “…son procesos de subjetivación en los cuales los de abajo se dan cuenta de su fuerza y de su potencia para transformar la realidad…”; razón por la cual, el establecimiento se apresura a silenciarlos.

De ahí la necesidad de estimular la unidad de la Izquierda y su trabajo mancomunado con las organizaciones sociales, pues solo a través del empoderamiento popular, se garantiza que las transformaciones sociales, económicas, políticas e institucionales que la paz exige sean posibles.

No veremos la paz sin el apoyo de una creciente mayoría social y popular, que sea protagonista en la construcción de una sociedad diferente, a esa que las elites defienden generando todo tipo de desigualdades e injusticias.

Esa consigna que recorre España, exigiendo “…mantener un pie en las instituciones y mil en las calles…” adquiere en Colombia plena vigencia, porque con ella se enarbola la pluralidad que signa la lucha política y social.

Son esos espacios de resistencia, los que permiten que la cultura allí forjada, se convierta en el instrumento a través del cual se transfiere al proceso de cambio, la vitalidad necesaria para garantizar que sea permanente.

Si hoy no asumimos el compromiso de  construir desde abajo esa nueva hegemonía, nuestro sueño de cambio y paz será tan solo eso, y Colombia continuará siendo el territorio electorero del que pelechen los sectores de derecha y centro, reproduciendo la inequidad y corrupción de siempre.

La paz tiene ineludiblemente sabor a Pueblo, y es únicamente con el Pueblo convertido en sujeto por el cambio, que es posible que ésta pueda llegar a ser estable y duradera.

UNIDAD DE LA IZQUIERDA, POR EL CAMBIO Y LA PAZ

El trámite legislativo que cumplirán los Acuerdos de La Habana, exigen una actitud vigilante de la ciudadanía, el movimiento social y los partidos políticos alternativos y de izquierda.

Ya que en medio del llamado fast track, su paso por el congreso podría facilitar amputaciones y limitaciones, promovidas por las bancadas del Centro Democrático y los partidos de la Unidad Nacional, gracias a la inspiración de la Procuraduría y/o la Fiscalía.

Es por ello, que más allá de la coyuntura electoral que se avecina, es urgente promover y consolidar la unidad programática de los movimientos y partidos de izquierda; a fin de evitar que  el proceso de cambio originado en la desmovilización de las FARC, se vea frustrado.

Un llamado al que en primer instancia,  deberían responder organizaciones políticas como el Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Marcha Patriótica, Partido Comunista de Colombia, Movimiento Mais y por supuesto, la organización que surja de las FARC.

Un Frente de Izquierda que brinde al Movimiento Social y Alternativo, una opción atractiva con capacidad de convertirse en gobierno  para el cambio y en faro seguro en el proceso de construcción de la paz.

No es posible la paz, si cada día los niños mueren de hambre, mientras en el alto gobierno se roban billonarias sumas de dinero, que deben ser repuestas a través de reformas tributarias lesivas al Pueblo Colombiano.

No es posible hablar de paz y menos construir un camino cierto para ella, si el gobierno además de atropellar permanentemente a la clase trabajadora, cierra los ojos por su incapacidad para promover empleo decente ante la tercerización laboral.

No es posible hablar de paz, sin dar solución a los problemas estructurales que afectan la propiedad de la tierra y el  ineficaz sistema de salud.

La paz jamás será posible, sin eliminar esa corrupción que de la mano de la politiquería y para su beneficio, se apoderó del Estado Colombiano sembrando olvido, pobreza y desigualdad en todos los rincones de Colombia, gracias a la indiferencia de sus habitantes.

No olvidemos que el miedo a Uribe y la política de escoger el mal menor, han permitido que los cambios que nuestra sociedad necesita, se queden en simples paños de agua tibia que alivian la hinchazón permitiendo que la enfermedad arrecie.

La actual coyuntura es un llamado a la unidad de la Izquierda para que los cambios sociales, políticos económicos e institucionales que requiere la construcción de la paz, no se queden secuestrados en las páginas de los acuerdos firmados.