A cada rato nuestros gobernantes, sus funcionarios y jerarcas religiosos reiteran acerca de la obligación constitucional que tiene el Estado y la Sociedad de respetar los Derechos Humanos y brindar efectiva protección a los niños.
Unos y otros en sus convocatorias, urgen al ciudadano del común, para que denuncie oportunamente cualquier indicio de violación a los Derechos del Niño ó trasgresión a los Derechos Humanos.
Sin embargo, históricamente los gobiernos son los mayores transgresores de estos Derechos; y quizá por ello, sus funcionarios suelen posar de ciegos y sordomudos y las quejas ciudadanas se archivan o traspapelan.
¿Por qué ese dignatario amparado en la fe que profesa o en el cargo que ocupa ordena ocultar los hechos, pedir que se minimice su gravedad o demandar en nombre de la misericordia una segunda oportunidad?
Acaso ¿tienen segundas oportunidades los traumas psicológicos o siquiátricos que deja en la víctima y su familia, el maltrato, abuso, violación, tortura, secuestro, desaparición forzada o ejecución extrajudicial?
Si las autoridades no investigan y sancionan a los responsables, de nada sirven las cátedras de Derechos Humanos, nada se logra recitando los Derechos de los Niños, de nada sirven las denuncias en los medios de comunicación.
Informar, es una labor no exenta de presiones y amenazas, que debe proseguir y nos debe unir; porque las quejas de nuestros coterráneos se están ignorando y los violadores de sus derechos se pavonean en la impunidad.
No hay otra forma de devolverle a esta sociedad la decencia que le fue arrebatada, no hay otra forma de exigir que la ética esté presente en las relaciones sociales, no hay otra forma de lograr que la justicia nos señale el camino de la paz.
"...Que ha de ser de la vida,
si el que canta
no levanta su voz en las tribunas
por el que sufre…"
No hay comentarios:
Publicar un comentario