La insolvencia ética ha invadido la administración pública y de justicia, al punto, que ha terminado por entronizar en nuestra sociedad, la cultura del “todo vale” sin que nadie se sonroje.
Se están limpiando la nariz con la majestad que debía tener la justicia colombiana, en hechos cuya ocurrencia la podemos escuchar, si en la búsqueda de un amigo para tomar tinto, nos damos una vuelta al perro.
Que los derechos de petición sean algo a lo que se le brinda raquítica respuesta ó simplemente se le deja sin ella, no sorprende a nadie, basta darle un vistazo al comportamiento de algún secretario municipal o gerente de E.S.E.
Si la Tutela es o no atendida, se debe a que el gobernante no se siente obligado por la sentencia del juez, y por tanto se abroga el derecho de hacer cualquier cosa o nada, con las peticiones ciudadanas.
Nos hemos preguntado ¿por qué Víctor, ese caso de maltrato infantil comprobado por Personería, conocido en ICBF y denunciado por los padres ante la Procuraduría, no fue puesto en conocimiento de la fiscalía por esas entidades?
El ciudadano acucioso puede quejarse todo lo que quiera ante la Personería, Procuraduría ó Control interno disciplinario, y no verá ningún resultado; en esas instancias cobra vigencia el dicho que entre bomberos no se pisan las mangueras.
Nada de lo dicho resulta inusual, hemos aceptado que hayan abogados, jueces ó fiscales perteneciendo a la nómina de las mafias, para eludir la acción de la justicia en favor del “patrón” o de su “empleado” detenido.
Pero lo que nunca imagine que podía estar pasando, es que la sala penal del Tribunal Superior de Distrito, eligiera a los abogados del “patrón” como conjueces en demandas contra fiscales que han actuado en sus procesos.
A la justicia le dieron un entierro, similar al que se brinda a un habitante de calle asesinado en campaña de limpieza social, envuelto en bolsa de basura es dejado en un rincón del cementerio, bajo el rotulo de N.N.
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