EL TELÓN DE LA CARPA

A pocas horas de comenzar el XLI Festival Internacional de la Cultura, el telón de la carpa instalada en la Plaza Muisca, fue intempestivamente izado, para que los tunjanos presenciáramos en escena, el teatral montaje de una inesperada intriga.

Se aseguró  que una acción jurídica interpuesta por Pedro Pablo Salas impedía al F.I.C. utilizar la Plaza Muisca en Tunja, y de inmediato  la calumniosa versión fue difundida sin la menor verificación, a pesar de la gravedad del hecho imputado.

La culpa entonces de que los artistas no se presentaran en la carpa, fue con levedad atribuida a esa supuesta acción judicial,  con el ánimo de despertar el rechazo popular, en contra del Concejal que los tunjanos siempre han apoyado.

Hacer referencia a una acción que jamás se instauró o a un documento que nunca se escribió, ha dejado sin ningún viso de  seriedad y credibilidad, el  “mal entendido” que apresuradamente fue invocado al quedar al descubierto el vergonzoso infundio.

No basta con señalar que se “solucionó el inconveniente”, porque al levantarse el telón de la carpa, también la ética allí surgió atropellada, en medio de la ligereza que  nos quisieron imponer las teatrales mascaras.

Hay interés en lesionar la buena imagen que el concejal Pedro Pablo se ha ganado, con su trabajo abnegado en defensa del patrimonio de la ciudad y el manejo transparente de los recursos públicos.

Cuánta mezquindad se enseñorea al no reconocer que si la carpa y su telón, hoy se elevan en la Plaza Muisca, es gracias a que Pedro Pablo Salas impidió que ese espacio desapareciera, convertido por el ex alcalde Arturo Montejo, en una congestionada glorieta.

Debemos cerrarle el paso a la cultura del “Todo Vale”, por ello los habitantes de la ciudad, aguardamos a que oficialmente se entregue al pueblo boyacense, la verdad  que tras bambalinas permanece amordazada sobre éste lamentable incidente.

La mentira como instrumento para sembrar odios en el pueblo tunjano, es un peligroso bumerán que al no impactar al objetivo, regresa dejando a su merced a quien fue su lanzador, un hecho que puede resultar extremadamente adverso cuando de hacer política se trata. 

LAGARTOS

Del libro “A mí que me esculquen”, me he permitido extractar algunas de las veintisiete preguntas, que Daniel Samper Pizano incluyó en uno de esos Test Testiculados, que elabora para descubrir la presencia de lagartos.

¿Le da serenata al jefe  el día de su onomástico y termina la tanta cantando “Las mañanitas”?

¿Alguna vez ha enviado un reportaje al periódico con las preguntas confeccionadas por usted?

Cuándo hay mucha gente esperándolo en su oficina, ¿se asoma y le grita a la secretaria: “si me llama el ministro dígale que no estoy”?

¿Cuándo pide un favor empieza diciendo. “tú sabes que yo detesto lagartear…”?

¿Cuándo se encuentra con un amigo más o menos importante, siente la tentación de arreglarle el nudo de la corbata?

¿Cuándo anuncian crisis de gabinete, se pone nervioso y manda cepillar el frac?

Cuánta razón tenía Daniel Samper, al advertirnos que el clima frio favorece la proliferación de lacertilios, permitiendo en nuestra fauna social, la presencia de lagartos novicio, correveidile, comisionista, trepador y etc., etc.

Y sin embargo, es la politiquería el egosistema que le ha permitido mutar a través de toda suerte de cruces incestuosos, convirtiendo a la subclase politicum, en un indeseable pero prospero depredador socio-económico.

De ahí que sea habitual,  hallarla directa o indirectamente incrustada a cualquier título en el presupuesto de las entidades públicas, y que sea peligroso, causarle algún tipo de incomodidad o molestia.

Si no quiere ser despedido o judicializado, recuerde la sabía advertencia del maestro Daniel “…en la zoomitología colombiana, pocos animales más temidos y más temibles que el lagarto”.

Y pensar que el mismo día que se recibe el título de bachiller o profesional, el primer pensamiento que se agolpa en la mente del graduado, es el de acudir a alguno de los políticos del municipio, para “lagartear”  un contrato en las entidades del Estado.

Nadie con un mínimo de decencia, puede negar que los lagartos son una triste realidad, que ha permitido concentrar los beneficios del poder en manos de unos pocos, favoreciendo la asignación irregular de los recursos públicos.      

MI BARRIO

Al decir mi barrio, deseo aclarar que dicha aseveración es meramente afectiva, ya que en el barrio Jorge Eliecer Gaitán de Tunja, solo he tenido el inmenso placer de disfrutar los años de juventud y una tranquila condición de arrendatario en la madurez.

Conozco el barrio, sus necesidades y sus gentes, y puedo asegurar con absoluta certeza que los días de prosperidad quedaron en el pasado, anclados al recuerdo de obras forjadas por Jorge Vega, Alberto Vargas, Antonio Rojas y hace ya muchos años por Carlos Sierra.

Ese liderazgo no logro siquiera ser imitado por las generaciones posteriores, de ahí que las Juntas de Acción Comunal que se han integrado en las últimas tres décadas, solo se recuerdan por sus conflictos internos y por las maromas adoptadas para mantener cautivo su círculo de poder.

En mi barrio, en tiempos de elección de la Junta de Acción Comunal desaparece el libro de registro de afiliados, o es sometido en el mejor de los casos por quienes se niegan a ser relevados, a la consabida mutilación por conveniencia que bautizaron como “depuración”.

  

No existen libros de Actas o de registro de cuentas, nadie sabe dónde están, quizá por ello también han desparecido los informes de gestión de Presidencia, Tesorería y Revisoría Fiscal, dejando muchas dudas en la comunidad, sobre el manejo de los recursos.

Documentos soporte como recibos de caja o comprobantes de egreso, simplemente no se diligencian, han quedado reducidos a ser una broma de mal gusto, y con ella, se convirtió la Tesorería en un cargo incómodo y riesgoso.

 

Algún equipo y herramientas adquiridos con recursos comunales, han sido “vendidos” o “desparecidos”, sin que exista un registro documental que permita establecer las circunstancias que rodean tales hechos o decisiones. 

Hoy, hasta la tranquilidad ciudadana se encuentra amenazada, sin que las autoridades le brinden atención a los angustiosos llamados que en múltiples escritos, les han formulado los vecinos de mi barrio.

Sin que nadie le ponga el cascabel al gato y convencido que el silencio guardado por tantos años, no exonera a nadie de responsabilidades; pregunto para finalizar en medio de tantas omisiones ¿Cuál es la responsabilidad asignada a la Dirección de Participación Local?  

Los SÍ de la negociación.

La jornada de protesta campesina que comenzó el 19 de Agosto a recorrer el territorio nacional y en particular la tierra boyacense, dejando huellas históricas de solidaridad ciudadana, ha comenzado a sosegarse a la luz de los acuerdos.

En la sede de la curia arzobispal, y con el beneplácito de los líderes campesinos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, se ha dejado constancia de los sí pronunciados por el gobierno, en el marco de la negociación adelantada por espacio de doce (12) días.

El Gobierno nacional, se comprometió a:

Adoptar mediante decreto con vigencia de dos (2) años, las salvaguardias para la importación de papa fresca y papa pre-frita congelada, cebolla de bulbo, frijol, arveja, tomate, pera, leche en polvo, quesos frescos y lacto-sueros, proveniente de los piases de la CAN y MERCOSUR.

Compensar con “Precio Justo” a partir del 01 de Enero de 2014 y por dos (2) años, a los productores afectados por importaciones de papa pre-cocida y congelada y leche en polvo de los Estados Unidos y la Unión Europea.

Reestablecer líneas de crédito DRE-LEC  a los cultivos de corto plazo, con tasa de interés corriente del DTF+1 y DTF+2 para pequeños y medianos productores respectivamente.

Facilitar la competitividad de los productos y productores de clima frío, con recursos hasta por el valor del 10% del presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura para el 2014.

Facilitar en un término de dos (2) meses contados a partir de la fecha de la firma del acuerdo, los recursos técnicos y financieros, para la consolidación de las asociaciones campesinas agropecuarias de base de los municipios.

Presentar en los próximos cuarenta y cinco (45) días hábiles, un proyecto de ley que apoye a los pequeños y medianos productores agropecuarios, afectados por problemas de orden público, sanitarios, ambientales o de mercadeo; que a 30 de agosto del año 2013, no hayan podido atender oportunamente sus obligaciones con el sistema financiero público y privado.

Que Banco Agrario suspenda por seis (6) meses los procesos judiciales vigentes a 06 de septiembre de 2013.

Que Banco Agrario realice brigadas de cartera dirigida a productores que tienen vencimientos hasta diciembre de 2013, para concederles un plazo adicional condonando los intereses moratorios mayores a noventa (90) días.

Que Banco Agrario realice en un término no mayor a tres (3) meses, la revisión y reformulación de su política comercial y de servicio al cliente. Distinguiendo en especial a los pequeños y medianos.

Integrar una Comisión Intersectorial dentro de los siguientes cinco (5) días de la firma del acuerdo, con el objetivo de regular los precios de los insumos agrícolas y pecuarios. Dicha comisión dispondrá de cuarenta (40) días hábiles para expedir las primeras normas regulatorias, y tendrá como invitados permanentes a cuatro (4) delegados, designados por los voceros de los campesinos representados en ésta mesa.

Diseñar e implementar a través de FINAGRO,  en un término no mayor a un (1) mes, una línea especial de crédito para adquirir insumos agropecuarios.

Coordinar y agilizar en un término de tres (3) meses a través de ICA, la actualización y aplicación de protocolos fitosanitarios y sanitarios de manera periódica, para los productos aquí mencionados.

Promover y ejecutar el programa de fomento y reactivación de la producción de cereales, con participación del Ministerio de Agricultura. FENALCE, CORPOICA, gobernaciones y la empresa privada.

Modificar la Resolución No 76 de 1977 que prohíbe la producción agropecuaria por encima de los 2650 m.s.n.m.

Reglamentar con delegados de la Mesa Sectorial Agropecuaria, el artículo 202 de la Ley No 1450 del 2011 y las normas relacionadas.

No aplicar la Resolución No 970 del 2010 a las semillas nacionales, hasta tanto no se proyecte una nueva Resolución.

Determinar si existe o no  fundamento jurídico y técnico en la reiterada solicitud de revocar la Resolución No 76 de 1977.

Restablecer las UMATAS, como parte de la política de asistencia técnica para el productor agropecuario, y presentar un documento técnico antes de finalizar el año 2013.

Destinar mayores recursos para el incentivo a la capitalización rural y el incentivo a la asistencia técnica para los pequeños y medianos productores agropecuarios.

Presentar un plan para masificar la cobertura de los seguros agropecuarios.

Cumplir inmediatamente el acuerdo celebrado con Dignidad Papera y Cebollera el pasado 9 de mayo.

Establecer a través de circular expedida por Colombia Compra Eficiente, que para la selección de proveedores, las entidades estatales de la rama ejecutiva del poder público, deben otorgar un 20% del total de la calificación, a las ofertas que incorporen bienes agropecuarios colombianos.

Financiar el funcionamiento de las mesas técnicas que establecen los acuerdos pactados.

Otorgar todas las garantías procesales a quienes han sido detenidos y judicializados.

Este proceso de concertación continuará en una segunda fase a través de las mesas técnicas acordadas por las partes, debiéndose realizar en Tunja el próximo el 16 de septiembre una reunión preparatoria, con el fin de adoptar el plan y cronograma de trabajo.

Por ahora, dejo para conocimiento de nuestros lectores la simple relación de los acuerdos, sin eludir el compromiso de examinar su contribución a la construcción de una Política Agraria, que permita implementar los cambios estructurales que exige el agro colombiano.

EL PARO AGRARIO

En medio del vigor que está demostrando el Paro Nacional Agrario, no debemos olvidar que es el resultado del surgimiento de tres pliegos promovidos por  las denominadas “dignidades”, la Coordinación Nacional Agraria CNA y la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdos MIA.

Es importante tener presente dicha circunstancia, porque ella se hará notoria cuando llegue el momento de instalar la mesa o mesas de negociación con el gobierno nacional.

Las "dignidades" sin tocar el tema de la tierra pero en defensa de la producción interna, en su momento promovieron la Movilización Nacional Cafetera y Agropecuaria, reivindicando los intereses de productores de café, cacao, papa, arroz, panela,  algodón y ganaderos de diversas regiones.

Para el CNA y la MIA, el Paro Nacional Agrario y Popular es la bandera que debía enarbolarse, en procura de la legalización de predios en poder de “raspachines” y campesinos, que han podido capitalizar recursos de la economía cocalera, en zonas hasta hace poco de colonización.

Hay en éstas propuestas un fondo político diverso, que explica el por qué el precio y subsidios son el tema prioritario para los primeros, mientras que para los otros dos, lo es la urgencia de examinar el problema de la concentración y acaparamiento de la tierra.

No será suficiente coincidir en el rechazo a la política neoliberal contenida en el Plan de Desarrollo y en particular al TLC con los Estados Unidos, al momento de establecer una agenta que permita la terminación exitosa del conflicto.

Y menos resultará fácil para la dirigencia que promueve el Paro Nacional Agrario, ni para el gobierno nacional, conciliar y dar respuesta, a la enorme problemática que plantean los sectores productivos antes mencionados.

Quizá por ello, el gobierno central busca aguardar que la protesta se desgaste o divida con los días, en medio de una brutal represión que deja muy cuestionada a la Policía Nacional y en particular a sus escuadrones móviles antidisturbios ESMAD.

Crucial ha de ser el rol que en el futuro inmediato pueden cumplir,  los actos de solidaridad al Paro Agrario, anunciados por los sectores de la minería artesanal, transportistas, trabajadores de la salud y educación, estudiantes,  centrales sindicales y organizaciones populares.

Una nueva visión de nuestro campo, parece vislumbrarse entre pequeños y medianos productores agropecuarios, campesinos y “raspachines”; poniendo en dificultades la reelección del presidente Juan Manuel Santos. 

RE - VICTIMIZADOS

A Pedro José Mogua lo sacaron de su tierra a la una de la mañana,  su esposa e hijas tuvieron que cargarlo, ya que minutos antes,  los paramilitares lo hicieron acostar boca abajo y atravesaron su cuerpo en tres oportunidades con la bayoneta calada al fusil.

Así lo convirtieron en uno de los miles de desplazados internos que está produciendo el conflicto armado colombiano,  arribando a Tunja el 9 de febrero de 2012, para rendir una declaración ante la Personería Municipal.

Como víctima de la violencia, fue recibido en el Hogar de Paso que operaba en el Barrio Jordán, una alegría que solo dura treinta días calendario, al cabo de los cuales,  todo desplazado debe abandonar el inmueble.

Se presume que es el tiempo suficiente, para que el Estado los reconozca como víctimas, y sean vinculados a los programas de ayuda humanitaria que la ley les reconoce. Un supuesto, que en muchas ocasiones no tiene validez.

A  Pedro José lo han tenido durante un año y medio deambulando por Tunja, en medio de toda suerte de penurias, sin que se  haya corregido el error que cometieron, al digitar un número de su cédula de ciudadanía en la resolución que lo incluye en el Registro Único de Victimas.

En Bogotá, esa resolución fue firmada el 9 de noviembre de 2012 en la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas, pero a él, sólo le fue notificada en Tunja,  el 8 de Mayo de 2013.

 

De nada han servido las innumerables solicitudes y ruegos de Pedro José, la ayuda no llega, es más, desconoce sobre cómo acceder a los programas de Reparación Integral de los que le han hablado. 

Y mientras tanto, “…Mi familia se está desintegrando, existen conflictos familiares debido a la situación que afronto…”; nadie lo escucha, y en medio de esa angustia murió su hija menor de 10 años.

“He contemplado acciones extremas contra mi integridad física, al no encontrar solución a mis problemas…”; pero en las oficinas del Estado Colombiano, a nadie parece importarle su suerte.

 Bueno sería, que las instituciones y organizaciones de Derechos Humanos y de Control del Estado, asumieran una papel más activo frente a una población que convertida en victima por el conflicto armado, está siendo nuevamente victimizada por la negligencia de algunos funcionarios.

HABITANTES DE CALLE

Obligados por un modelo socioeconómico excluyente, un número cada día mayor de hombres y mujeres de todas las edades, adoptan la calle como su espacio vital y de habitación; generando su reagrupamiento social a través de los llamados Parches.

Nada de “gamines” o “desechables”, son  aunque no nos guste,  vecinos que residen bajo un plástico o a la intemperie, a los cuales la legislación colombiana les reconoce los mismos derechos, que cada uno de nosotros reclamamos y algunas veces disfrutamos.

Y sin embargo, amparados en el silencio complaciente de las autoridades civiles, judiciales, militares y de policía, algunos “ciudadanos de bien”, disfrutan convirtiéndose en dioses, para decidir dónde deben vivir y cuándo deben morir “esos limosneros y drogadictos”. 

Somos una sociedad disfuncional, que inmisericorde persigue a los habitantes de calle y exacerba la intolerancia social, para justificar las palizas de la policía o la llegada de los “gatos” que harán la limpieza social.

Se violenta la intimidad que nace con los Parches y adquiere vida en los Cambuches, con el único fin de presentar como gran noticia la miseria humana; mientras se oculta por conveniencia, la negligencia de las administraciones municipales.

Los alcaldes tienen la obligación constitucional y legal de promover una política de atención integral psicosocial, para la inclusión del habitante de  y en situación de calle, fundamentada en la prevención, mitigación y superación de la indigencia. 

¿Cuántos problemas de seguridad se habrían evitado, sin irrespetar la dignidad del habitante de Calle, si un Hogar de Paso o un Centro de Rehabilitación hiciera parte del presupuesto municipal?

En la búsqueda y consecución de ese propósito, deberíamos unirnos todos en cada una de las ciudades de Boyacá, pues la inequidad social y sus efectos, jamás se logrará solucionar tapando la nariz con un pañuelo.

No nos digamos ni aceptemos más mentiras, no es el habitante de calle el que huele mal, en nuestra espalda emulando a Manuel Pacho, cargamos una sociedad que se descompone, mientras nos preocupamos por ocultar lo feo de nuestra ciudad.

10 AÑOS ESCRIBIENDO, PARA SER LEÍDO

En Tunja, durante el periodo octubre de 2002 a marzo de 2003, se llevó a cabo una campaña de limpieza social, que dejo cuarenta y un (41) habitantes de la calle asesinados según el censo de los parches o seis (6) en las estadísticas de nuestras autoridades municipales.

Lo cierto es que el 27 de marzo de 2003, fue encontrado muerto en la salida para Paipa un hombre bueno y servicial, Raúl Sandoval Escobar. Lo curioso es que para los registros oficiales, ese hallazgo se presentó en la Vereda Piedra Gorda de Sora.

La indignación que me produjo su asesinato, dejo como resultado El Holocausto, un escrito que lleve a los medios para su publicación, pero que solo en Puente Boyacense, y gracias al apoyo del periodista Freddy González y el Padre Julio Garavito, fue posible su difusión.

La vida podrá ser mil veces asesinada, pero la libertad jamás. Y es ahí donde la labor del Periodista adquiere toda su trascendencia social, siempre y cuando ella sea escrita bajo el prisma de la ética, ya que no existe otra forma de transmitir la verdad.

Con el asesinato de Raúl, descubrí que expresar la verdad es un compromiso del ser humano con la decencia, y por ello, no debe aceptarse jamás ser amordazado por el miedo que produce la mano amenazante, de alguno de esos fantasmas que generan los beneficiarios del establecimiento.

El Periodista no debe permitir que su lucha diaria por subsistir, sea posible a condición de sepultar la ética en su ejercicio profesional, porque despojado de su razón de ser, es un fraude convertido en instrumento de manipulación.

Y en ese soñar por la transparencia, cuánta dignidad no le sería devuelta al Periodismo, si los propietarios de los medios de comunicación rompieran la mordaza que algunos aceptan por los dineros de la pauta o la conveniencia del gobernante.

No es fácil escribir y ser leído, pero al hacerlo,  el respeto por uno mismo y los demás, no debe estar ausente en el contenido de los comentarios formulados, pues ese es el camino para cultivar Vida y Libertad.

Han pasado diez (10) años desde aquel infame holocausto que muchos quisieron hundir en el silencio, una década que he disfrutado escribiendo sobre la cotidianidad de Tunja, gracias a la generosidad de los lectores y sala de  redacción de El Diario, Boyacá 7 Días, Entérese, Renovación Internacional y El Lunes. A todos ellos, mi respeto.

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A QUIEN ACUSA

En el ambiente de la política se argumentan muchas cosas, y es a todas luces un hecho natural, pero muchísimas más se aseguran en los dominios de la politiquería, con el deseo de hacer ver al contrario, como el malo de la película.

Hace algunos días, tuve la oportunidad de leer las sindicaciones que tres honorables concejales de Tunja le formulaban al edil Pedro Pablo Salas, dos de ellas, con todo respeto causan risa y la tercera, resulta ser un exabrupto.

Sin ningún éxito, se intentó formular algún tipo de diagnóstico psicológico y atribuirle al Concejal Pedro Pablo, responsabilidad en hechos en los que no estuvo presente y por tanto no participo.

Pero que un compañero de corporación pretenda imputarle un acto de corrupción,  no es un hecho para reír. Nadie en Tunja cree tamaña acusación, y si por el contrario, deja al acusador  gravitando en la órbita de la deslealtad y la calumnia.

La lucha contra la corrupción en la ciudad, es una disposición permanente a defender los recursos públicos, mientras se le aísla de los beneficios que ofrece en contratos la administración.

Esa tarea, es la que Pedro Pablo Salas ha cumplido en forma encomiable durante diez años en el Concejo Municipal, y por ello, muchos Tunjanos le ofrecen sin recibir dadivas, su apoyo en tiempos de elecciones.

Acusar al Polo Democrático de ser “…un nido de corruptos en la cárcel…”  es una total falta de consideración con una militancia, que ha sido respetuosa de la diferencia y tolerante con quienes se obstinan en estigmatizarla.

La politiquería en un esfuerzo simplón por ocultar su falta de argumentos, ha pretendido hacer creer falsamente,  que esos colombianos del Polo,  son todos como los hermanos Moreno Rojas.

La democracia y la política merecen ser respetadas, para que en ellas florezca la verdad, para que el argumento no quede relegado en los recuerdos y no sea engañada la voluntad del ciudadano. 

Si algo de ponderación existe en quien acusa desde su curul en el Concejo Municipal, está obligado públicamente a rectificar, porque han sido lesionados en forma grave la honra y buen nombre de muchos Tunjanos. 

NUESTRO INEM

El pasado 1 de abril, el INEM Carlos Arturo Torres cumplió 41 años de actividad pedagógica, y cada año que pasa algún pasillo de su sede central se arropa en la penumbra, con el cierre del departamento, sección u oficina que allí funcionaba.

Un hecho inocultable que viene registrándose desde hace varios años, gracias a la torpeza del legislador, la pasividad del gobernante, la sumisión del rector  y la indiferencia de docentes, estudiantes y padres de familia.

La comunidad educativa del INEM, ha presenciado en medio del silencio, como la única dotación otorgada en 1972 para el funcionamiento de los laboratorios y talleres, ha desaparecido por absoluto deterioro.

El Departamento de Bienestar Estudiantil con sus secciones de Trabajo Social, Orientación y Consejería, Servicio Médico y Odontológico; cerró inexplicable sus puertas.

Muchos docentes y estudiantes  de Tunja y Boyacá, recibieron capacitación en el Centro de Innovaciones en Informática Educativa, que en 1992 se instaló en la sede central del INEM y que hoy ya no existe.

El Club de Periodismo Escolar, la Emisora del INEM, el Grupo de teatro DIMAS, la Revista Boyacá Literaria, el Concurso Intercolegiado de la Canción “Fundador de Oro”, el Museo de Ciencias, son expresión de una grandeza que no debe ser olvidada.

Desaparecieron las Prácticas Empresariales Didácticas, la Miniferia Comercial, los Simulacros Empresariales, exitosos testimonios de la trilogía que hizo grande al INEM: Ser, Saber y saber Hacer.

¿A dónde se mandó la propuesta de educación integral, con la que el INEM Carlos Arturo Torres abrió sus puertas en 1972? ¿Dónde sepultaron nuestras autoridades y directivas, los pilares humanísticos, científicos y tecnológicos de su propuesta educativa?

Triste será en nuestra historia de ciudad, si permitimos que el logo diseñado en 1983 por el estudiante Orlando Velandia Rodríguez, no siga brillando en sus sedes y en el suéter rojo que con orgullo portan todos los alumnos del INEM.

En medio de éste panorama, escuchar las notas marciales de la Banda de Marcha recorriendo el Centro Histórico o a la Banda Experimental interpretando el Himno de la Institución, sin duda haría volar muchos recuerdos.

Y quizá gracias a ellos,  ésta administración municipal asumiría el reto de designar en esa rectoría, a un funcionario que esté dispuesto a devolverle a nuestro INEM  su liderazgo pedagógico y días de grandeza. 

¿ ADIÓS HUMEDALES?

El pasado 27 de Febrero, cuando intercambiaba opiniones en twitter, le indique al gobernador del departamento Doctor Juan Carlos Granados, que hacía un año largo, estaba solicitando a CORPOBOYACÁ el Plan de manejo y conservación de los humedales en Tunja.

Y ocurrió lo que jamás había sucedido, desde la cuenta de la Corporación se me indicó, que sería importante que me acercara a la Entidad y me fue suministrado un número telefónico de contacto.

Como la oportunidad era para no dejarla pasar, inmediatamente le indique a mi interlocutor que el viernes 01 de marzo a las 10 a.m. con gusto iría a recibir la información en la sede ubicada en la Antigua Vía Pipa No 53-70

Definida la cita, la sorpresa continúo. A través de la cuenta oficial  de CORPOBOYACA, se me prometió que recibiría adicionalmente la información sobre los humedales que eran zona reserva en la ciudad.

Tanta maravilla no podía ser cierta, y el sueño que comenzó en twitter se desvaneció veinte minutos después de haber llegado a la sede de CORPOBOYACÁ.

Estando allí, la franqueza comenzó a florecer amable para reconocer que CORPOBOYACÁ, no ha elaborado jamás un Plan de Manejo para la protección y preservación de nuestros humedales.

Y para completar ese brusco despertar,  a renglón seguido se aceptó, que el único humedal protegido en el territorio boyacense, es a duras penas el ultrajado Lago de Tota.

En suma, nada de nada. El panorama actual y futuro de los humedales en Tunja y Boyacá, se revelaba en tales circunstancias absolutamente desalentador. Por negligencia de las autoridades, están condenados a desaparecer. 

Una responsabilidad que recae implacable en CORPOBOYACÁ, Alcaldes y Concejos Municipales, quienes además están obligados a responder ¿Cómo van a garantizar a futuro el consumo de agua a nuestros Pueblos?

Si la protección y preservación de los humedales ha quedado hoy en manos de los ciudadanos y los Jueces Populares ¿Qué papel cumplirá CORPOBOYACÁ el 22 de Marzo cuando se celebre el Día Mundial del Agua?

No le diremos adiós a los humedales. Por fortuna, fallos como los proferidos el 9 de noviembre de 2.011 por el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, confirmado el 13 de Febrero de 2.013 el Tribunal Administrativo de Boyacá, mantienen viva la esperanza.

LA MOVILIDAD

En Tunja los problemas de movilidad y transporte tienen fundamentalmente dos causas, no existe una red vial adecuada y el número de vehículos de transporte público urbano se desbordó, gracias a los personalismos de los alcaldes.

Ampliar la red vial es tema de largo plazo y de un monto de recursos que la ciudad no tiene, lo preocupante es que en la administración pasada, se redujeron calzadas para ampliar andenes, en vías que deben ser peatonalizadas.

Y peor aún, la Avenida Colon,  llamada a favorecer la descongestión vehicular en la ciudad, sufrió dicha afectación produciendo extenuantes trancones, en los que la vida del peatón queda en peligro, ya que motos y bicis van por los andenes.

La sobre oferta de vehículos de transporte público urbano, debe ser redimensionada, buscando su democratización y garantizar el empleo de quienes hoy derivan su precaria subsistencia en medio de ese inhóspito ambiente laboral.

Es evidente entonces, que los empresarios que hoy mantienen operando en las vías de la ciudad tres y más vehículos de transporte público, deben ser convocados por el mandatario local a  asumir su cuota de sacrificio.

Redefinir las rutas de servicio, privilegiando a los barrios más distantes, favorece a los estratos uno a tres, y con ello, aproximadamente al 80% de la población estudiantil y laboral de la ciudad.

Un subsidio al transporte escolar debe ser examinado, ya que la tarifa del servicio de transporte público urbano es muy costosa, si la relacionamos con el ingreso per cápita de la ciudad. De ahí el elevado registro de tunjanos caminando para ir a estudiar o trabajar.

La medida del pico y placa es un instrumento idóneo en el propósito de reducir la circulación de vehículos particulares, pero debe ser complementada con la prohibición de parquear en las vías que acceden al Centro de la ciudad.

Ello obliga a que la administración municipal promueva el surgimiento de parqueaderos en sitios estratégicos alrededor de la Zona Histórica, con lo cual se reduce ostensiblemente la presencia de vehículos en el sector.

Las vías a peatonalizar deben serlo sin más demora, a fin de que la inversión en ellas realizada, no deje la impresión de ser otro más de los cuantioso detrimentos patrimoniales que agobian la ciudad.

Solucionar los problemas de movilidad es mejorar calidad de vida, y tal propósito no guarda vecindad con la politiquería o el chantaje, es indispensable que al momento de planear y decidir, le demos paso a la opinión de los expertos.

GRUPO E.T.V.

 

El dengue, enfermedad de Chagas, leishmaniasis, fiebre amarilla y malaria son algunas de las enfermedades transmisibles por vectores, que proliferan en los municipios con clima cálido y son atendidas a través del Programa ETV.

Las autoridades sanitarias están obligadas en dicho programa, a realizar actividades de promoción, prevención y control en sesenta (60) municipios catalogados en Boyacá de alto o mediano riesgo para ETV.

Para lo cual se mantiene con vinculación permanente a un (1) Coordinador y tres (3) funcionarios referentes, mientras que los veinticuatro (24) operarios del programa, laboran al vaivén de las órdenes de prestación de servicios.

Estos trabajadores de campo contratados cada cinco (5) meses, permanecen viajando, debiendo asumir los costos de desplazamiento, hospedaje y manutención con la remuneración mensual que se les da.

Es más, con dicha paga deben cotizar los aportes a salud, pensiones y riesgos laborales nivel cinco en consideración a los peligros que en dicha labor asumen. El remanente, es para intentar que la familia subsista con precaria dignidad.

Lo curioso es que dichos técnicos son vinculados por la Secretaría de Hacienda gracias a la intervención de los honorables diputados, deseosos de modificar permanentemente la nómina, sin evaluar los riesgos de dicha decisión.

La inexperiencia o carencia de idoneidad al ejecutar la entomología médica o la intervención química inherentes al programa de enfermedades transmisibles por vectores, pone en grave riesgo la vida del funcionario y de la población atendida.

Es más, ese juego en la contratación de los técnicos resulta  preocupante, pues deja adicionalmente en peligro, los  procesos de certificación internacional para municipios libres de Chagas emprendidos en Moniquirá, Soatá, Boavita y La Uvita.

Y la misma suerte podría tener la certificación internacional que en el curso del presente año se busca obtener en cinco (5) municipios del Valle de Tenza, con el apoyo de la Universidad Javeriana y el Ministerio de Salud.

La nómina oficial y paralela al igual que el presupuesto de las entidades públicas, siempre ha estado a merced de la voraz politiquería, pero jugar con la salud de los funcionarios y las comunidades, exige la inmediata intervención de los entes de control.

CONVENIO CON BOMBEROS

Nadie busca demeritar al Cuerpo de Bomberos como institución o desconocer su importancia en nuestra Ciudad, la causa de tanto alboroto no radica en la operación, sino en el manejo administrativo de los recursos públicos confiados a esa Entidad.

La falta de control por parte de la Secretaria de Gobierno y la laxitud con que la Alcaldía favoreció el giro de recursos del presupuesto municipal, no formalizan y ni legitiman irregularidades en su manejo.

De ahí que expedir un Paz y Salvo sin que se diera pleno cumplimiento a lo pactado en el Convenio, hace que un hallazgo fiscal adquiera la gravedad de un delito, que bien podría ser tipificado de peculado por apropiación.

El Convenio No 050 de 2.007 fue suscrito con el propósito de que Bomberos prestara a la Ciudad, el servicio público de prevención y control de incendios y calamidades conexas.

Sin embargo, la Contraloría Municipal ha señalado que en el año 2.011 fueron atendidas por Bomberos 3.650 emergencias, de las cuales el 0.79% y 0.3% corresponden a incendios estructurales y forestales  respectivamente.

Un hecho que debe ser motivo de reflexión para la Alcaldía Mayor de Tunja, máxime si tenemos en cuenta, que las intervenciones en accidentes de tránsito y médicas son en dicha vigencia, el 72% del total de emergencias.

Si con los recursos transferidos por el municipio, se paga desde la compra de un lápiz hasta las numerosas indemnizaciones por despidos laborales sin justa causa, ¿por qué Bomberos no presenta los informes que exige la Resolución No 020 de 2.011?

¿Por qué le resulta incómodo el control fiscal que ejerce la Contraloría Municipal? ¿Acaso no es claro que en virtud de la Ley 42 de 1.993 son sujetos de control fiscal, todas las personas jurídicas que manejen recursos del Estado?

Los recursos del municipio no deben financiar caprichos o decisiones administrativas extralegales o ilegales de ningún contratista, y el Alcalde debe garantizar, que su uso será transparente y eficaz en el logro del objeto pactado.

Los ciudadanos de Tunja, no estamos dispuestos a permitir, que por negligencia del gobernante, los dineros del municipio continúen siendo convertidos en títulos de propiedad, que favorecen el patrimonio de personas naturales o jurídicas de derecho privado.