ENFERMO y VACUNADO

A Pablo Antonio Tocarruncho su precario estado de salud lo llevo a una reconocida clínica de la ciudad de Duitama, y a pesar de ser beneficiario de la Nueva EPS, el médico que lo atendió, condiciono cualquier tratamiento al pago de tres millones de pesos.

Un hecho a todas luces curioso, pero como hay enfermedades que matan si el afectado y su familia se duermen, durante los días siguientes, doña Adelaida logro en medio de penurias y vergüenzas, recogerle al galeno tan solo un milloncito.

Efectuado ese abono la espera terminó, y a Pablo Antonio le fue practicada la colonoscopia que el médico le había ordenado con urgencia, pero que él mismo aplazó, en nombre de la “deuda” que los Tocarruncho habían contraído.

Con el compromiso de cancelar los otros dos millones, su esposa firmo la autorización para que le fuera practicada una colostomía; la que pasados ocho días lo devolvió al quirófano, debido a la grave infección que registraba.

Después de ésta segunda intervención, el médico decide que la herida debe permanecer abierta, pero rellena de gaza para absorber la materia que se estaba produciendo.

Sin embargo, una inflamación general comenzó a preocupar a Pablo Antonio, fue entonces cuando se esposa e hijos son notificados, que es preciso someterlo a diálisis, porque se había detectado que sus riñones y pulmones se encontraban afectados.

Las cosas en la Clínica de Duitama se estaban complicando, y los Tocarruncho no habían podido recoger ni un peso de los dos millones que estaban “adeudando”; quizá por ello, recibieron con algo de alivio el traslado de su pariente a la ciudad de Tunja.

Lo curioso es que Pablo Antonio es remitido a la Clínica Medilaser, sin ningún documento que brindara orientación sobre su estado de su salud y los procedimientos a los que había sido sometido.

Después de tres días de permanecer en la UCI, todo volvió a comenzar con una nueva valoración, que lleva a los médicos en Medilaser a diagnosticarle peritonitis, inducida por la infección que lo acompañaba.

Después de sufrir éste calvario durante más de un mes, de haber acudido a la Superintendencia de Salud sin ninguna respuesta, Pablo Antonio está de regreso en Duitama, para someterse a controles en la clínica donde aún “adeuda” dos millones de pesos.

VENDEDOR AMBULANTE

¿Alguien sensato podrá llegar a pensar, que un padre de familia saca por gusto a su hijo de la escuela, para que le ayude a vender tamales en la Plaza de Bolívar?

 Definitivamente no. A menos que con ello, quiera evitarle a su familia la indignación y el dolor que se sienten al sufrir hambre. 

La toma de andenes por parte de cientos de vendedores ambulantes, es el reflejo de un cumulo de problemas sociales originados en el modelo económico, cuya solución ha sido postergada por comodidad o incapacidad política de los gobernantes.

Nadie vendiendo mazorca desgranada, minutos de celular, camisetas o paraguas va a salir de la pobreza, pero al menos se evita la angustia de esculcar amparado en las sombras de la noche, las abandonadas bolsas de la basura.

Considerado como un actor económico desleal, que entorpece el desplazamiento de los peatones y que no en pocas ocasiones, es acusado ligeramente de ser un eslabón del micro tráfico de drogas; el vendedor ambulante ha sido convertido en objeto de represión policial.

De ahí los continuos enfrentamientos con los funcionarios del espacio público y la policía, una azarosa situación en la que el soborno está presente, para evitar la confiscación o destrucción de la mercancía.

No es fácil, pero desgraciadamente nos hemos quedado sin imaginación, mientras la intolerancia gana protagonismo, al pensar que el forzado desalojo o la reubicación engañosa, son la solución al problema.

La expulsión con el argumento de proteger el espacio público, es en sí misma un acto violento que lesiona el derecho constitucional al trabajo; y que de ser adoptada como consecuencia de un fallo judicial, obliga a garantizar que esas familias no van a quedar desamparadas.

La “formalización” tampoco soluciona nada. No basta con registrarlas, reglamentarlas y dictar un curso instantáneo de emprenderismo, para que las ventas ambulantes desparezcan de las esquinas. Ellas jamás se irán, si los gobiernos y el sector privado no ofrecen fuentes estables de empleo.

Es más, la bancarización es el gancho que se ofrece para promocionarla, con el argumento de impulsar el “desarrollo empresarial” de esos micronegocios de ventas al detal.

Pero lo cierto es que para el banco, el vendedor ambulante sin bienes patrimoniales o un codeudor que los posea, no es sujeto confiable de los servicios de crédito.

¿Han evaluado en la administración municipal y la Cámaras de Comercio, el impacto social de los problemas de violencia e inseguridad que nos hemos evitado, al tolerar la presencia de quienes fueron obligados a subsistir del rebusque?

Si lo hacemos, encontraremos allí más de un argumento para concertar el uso inteligente del espacio público y la formulación de una política social para la informalidad, eso es lo conveniente, en la perspectiva de ganar terreno en materia de convivencia ciudadana.

ALGUIEN MAÑOSO

Quejarse de la mala calidad de los servicios públicos o del trato descortés que las empresas les brindan a los usuarios, sin que las autoridades competentes se inmuten, a pesar de las columnas de derechos de petición que se levantan sobre sus escritorios, es visto como algo normal.

Sin embargo, no conviene exagerar, pues si bien los boyacenses hacemos fiesta con una copla coja, también es cierto que llegado el momento, podemos sacarle chispas a las cacerolas y poner a correr ministros y al mismo presidente.

El usuario de gas natural, está siendo obligado en forma reiterada a permanecer encerrado en su vivienda, por espacio de seis o doce horas, aguardando al operario que le expedirá la certificación de la instalación domiciliaria.

Pero el funcionario designado en forma directa o indirecta por Gas Natural Fenosa, se da el lujo en el mejor de los casos de no presentarse, o simplemente de llegar sigilosamente y tira por debajo de la puerta un comprobante de visita exigiendo su reprogramación.

Y como los boyacenses nos hemos acostumbrado a obedecer sin cuestionar, en la oficina de Gas Natural Fenosa para nuestra sorpresa, nos enteramos que el operario ha informado que la visita no se realizó, porque el usuario del servicio no se encontraba en casa.

¿Qué puede estar motivando ese tipo de comportamiento, en el que la ética brilla por su ausencia?

Recordemos que en el comprobante de visita, se deja constancia que “…Si por eventos atribuibles al cliente no es posible efectuar la inspección requerida, la empresa procederá a la suspensión preventiva del servicio”

¿Son acaso los $38.313 que el usuario de gas natural está obligado a cancelar por concepto de reconexión del servicio, la explicación a dicho comportamiento?

No vale la pena especular, por lo cual llamo con éste artículo la atención de los organismos directivos de Gas Natural Fenosa, autoridades municipales y organismos de control del Estado; pues un comportamiento mañoso se está registrando alrededor de las visitas técnicas.

Prefabricar “…eventos atribuibles al cliente…” para justificar la suspensión preventiva del servicio, es una conducta que exige la intervención la empresa y de las autoridades competentes; pues alguien busca colocar en estado de indefensión a los usuarios, para vulnerar sus derechos.

GAS PESADO

El muy ansiado y benéfico servicio de gas natural, ha tenido desde su irrupción en la vida de los hogares boyacenses, muchas sorpresas que a mi juicio se originan en la transferencia a cuenta gotas de la información a los usuarios.

En los días felices de su instalación, los problemas y recomendaciones brillaron por su ausencia, permitiendo que formularios y firmas acudieran presurosos del lado de la empresa y los beneficiarios.

Sin embargo, la alegría comenzó a matizarse de grises al registrarse la primera visita reglamentaria, pues inexplicablemente surgieron los inconvenientes técnicos que avizoraban situaciones lamentablemente trágicas.

Un hecho que dio paso a la construcción de ventanas, improvisación de claraboyas, eliminación de puertas o instalación de extractores de aire; para evitar que las amas de casa o empleadas domésticas, pudieran sufrir desmayos por causa de algún escape de gas.

Con el arribo de las subsiguientes visitas técnicas, las fugas en la red domiciliaria y los defectos en los artefactos a gas asumieron el protagonismo, obligando a contratar con alguna de las firmas recomendadas por la empresa, el arreglo de los inconvenientes encontrados.

Hasta aquí, el usuario del gas natural simplemente obedece en silencio y paga por temor al anunciado corte preventivo del servicio, pues no deja de pensar en el elevado costo de la reconexión y los traumatismos que ello originaría en el hogar.

No obstante, lo que resulta irrespetuoso, es que Gas Natural Fenosa notifique la fecha en que realizará la visita de verificación de arreglos, obligando a la familia a permanecer en acuartelamiento de primer grado todo un día, y el funcionario de la empresa no llegue.

Algo deplorable, si a ello le adicionamos que la empresa sin ningún argumento, decide responsabilizar del hecho al usuario del servicio, y por consiguiente de la demora en la certificación de la instalación.

Gracias a esa odiosa pedagogía del terror, a éstas altura el usuario de gas natural, ya ha cancelado  a través de la factura de consumo, la suma de $ 62.735 por concepto de la Revisión Técnica y  ha pagado los arreglos ordenados.

Después de acudir a las oficinas de la empresa, para que le sea reprogramada la visita de verificación, el usuario vuelve a repetir en vano la jornada de acuartelamiento familiar, pues el esquivo operario por segunda ocasión los vuelve a dejar plantados.

No hay duda que al usuario de gas natural, no se le brinda un trato considerado, algo que resulta molesto e innecesario, pues los boyacenses hacemos fiesta hasta con una copla coja, en medio del silencio de las autoridades competentes.  

TAXISTAS, ¿Y LA PILA?

Una de las prioridades en nuestro modelo económico, es el deber que tienen los gobiernos de formalizar todo y a todos los colombianos, como premisa indispensable en la generación de los ingresos que el establecimiento requiere.

Y el gremio de los taxistas que en Colombia está conformado por  156 empresas, 300.000 propietarios, 841.500 conductores y 480.000 vehículos registrados; no iba a ser la excepción.

Por ello el 4 de Junio, el presidente Juan Manuel Santos rubricó el decreto No 1047, con el cual se establecen normas para asegurar la afiliación de los conductores de taxi al Sistema Integral de Seguridad Social.

A pesar de que la normatividad colombiana tiene desde 1959 establecido que “…el contrato de trabajo verbal o escrito, de los choferes asalariados del servicio público, se entenderá celebrado con las empresas…”

Es más, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 17 de abril de 2013, preciso que “…la vinculación laboral del conductor es con la empresa afiladora y que existe solidaridad entre esta y el propietario del taxi...”  para su obligatoria afiliación a la Seguridad Social.

Sin embargo, bueno es señalar que los negociadores con la anuencia del gobierno, evitaron en la redacción del Decreto No 1047, cualquier mención a la existencia de algún tipo de relación laboral entre Empresa-Propietarios de taxi y conductores.

La norma que busca formalizar el ingreso del 88% de los taxistas al S.S.I., exige que “…ningún conductor puede trabajar mientras no se haya pagado su salud, su pensión y la tarifa para cubrir los riesgos laborales que quedarán establecidos en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA.”

Un costo que según indicó el Ministro de Trabajo, será asumido por el usuario del servicio de taxi a través del incremento de tarifas, conforme al estudio que debe realizar en cada municipio las autoridades competentes.

Sin embargo, el gobierno dio la oportunidad de dilatar su aplicación, al señalar que los tres primeros meses serán para la socialización, los siguientes seis para asesoría del Ministerio de Trabajo y dos años más, para implementar la formalización laboral.

Algo que justifica, por la pretensión de buscar en primera instancia la seguridad social para los conductores, en segunda su profesionalización a través del SENA y finalmente la formalización del sector.

No obstante, las empresas de taxis deben asegurar a sus conductores a través de una póliza, cuya cuantía no podrá ser inferior a 30 smlmv, para amparar riesgos de muerte o incapacidad total y permanente por accidente de tránsito o por hurto o tentativa de hurto en la presta el servicio.

Así las cosas, bueno sería que las autoridades municipales y las empresas prestadoras del servicio público de transporte individual de pasajeros en vehículos taxi, nos contarán cómo va ese proceso.

SOMOS PALESTINA

Invocando el derecho a defenderse, en Palestina los bombardeos y las incursiones terrestres del ejército israelí, han causado la muerte a 1.332 civiles, entre los que se cuentan 258 niños.

Más de 220.000 desplazados han llegado a 69 centros de acogida de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos UNRWA, mientras que 6.850 heridos de los cuales 1.689 son niños, intentan salvarse de morir entre las montañas de escombros en que están convirtiendo a Gaza.

Una masacre que reiteradamente se repite desde el 15 de mayo de 1948, sin que la ONU haya logrado proteger la vida y los derechos de un pueblo que está siendo exterminado en su tierra, con el único propósito de evitar la existencia y  reconocimiento del Estado independiente y soberano de Palestina.

Gaza es hoy un enorme cementerio sepultado entre las ruinas de más de  4.100 casas que han sido destruidas, bajo el sofisma de que allí “el terrorismo” oculta armas estratégicas altamente sofisticadas para atacar a Israel.

Es una guerra desigual, en la que el gobierno de Benjamín Netanyahu hace caso omisión del DIH,  con la falacia de ser víctima de un racismo que le niega a Israel el derecho de autodefinirse como un Estado-Nación independiente.

Se pretende justificar el bombardeo a escuelas, mezquitas y hospitales o los ataques a las ambulancias de los organismos de socorro, con la excusa de sospechar la presencia de militantes de Hamas.

El genocidio que en Palestina se registra bajo la Operación Margen Protector,  no tiene ninguna justificación y debe ser sancionado ejemplarmente por la Corte Penal Internacional.

Si bien no existen motivos para ser optimistas, al menos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha solicitado el pasado 23 de Julio, que las operaciones militares de Israel en Gaza, sean examinadas con el propósito de "…evitar y poner fin a la impunidad…”

Si como en el pasado, la ONU termina aceptando la voluntad de los Estados Unidos y el desprecio con que Israel recibe sus resoluciones, “… garantizar que los responsables sean sometidos ante la Justicia", será otra bofetada para el Pueblo Palestino.

Bajo la bandera de ¡Todos somos Palestina!, debemos movilizarnos para romper con el silencio y la impunidad, que han permitido la ocupación de su territorio y el exterminio de su pueblo; no hay otro camino, para que en el Medio Oriente la legalidad internacional sea respetada.

POR LA PAZ, DEBE CUMPLIR

Después de la reelección, los medios sacaron de circulación las gestiones de paz y mandaron de “vacaciones” a los negociadores de La Habana, gracias a la irrupción en Brasil del  “niño genio del fútbol” y el “Bendito” Pekerman.

Sin que lograra silenciar los gritos de indignación del pueblo brasileño, ha terminado el mundial de fútbol, enviando al “olvido” los compromisos adquiridos en segunda vuelta por el presidente de Colombia.

Mientras se jugaba el Mundial, nadie se preocupó por indagar, sobre la agenda que el gobierno de Juan Manuel Santos presentará en la legislatura que comienza el 20 Julio próximo.

Una agenda, que nos permitirá comprobar si el presidente reelegido tiene o no la voluntad de honrar los compromisos que adquirió, para lograr que su candidatura fuera votada el 15 de Junio a pesar de su controvertido primer gobierno.

No hay hasta ahora una política de Estado por la paz,  hecho que posibilita que en el corto plazo, un eventual gobierno por ejemplo del Centro Democrático o del Partido Conservador, se sienta con derecho a no respetar el proceso de reconciliación nacional.

Una eventualidad que adquiere un nivel significativo de certeza, si tenemos presente la inocultable polarización política existente, y la creencia del gobierno de poder alcanzar la paz, pactando únicamente con los grupos guerrilleros e ignorando las demandas de los sectores sociales en conflicto.

Creencia absolutamente infantil, porque el conflicto armado hinca sus raíces en la inequidad que genera el modelo neoliberal que se aplica en Colombia,  y que es responsable del empobrecimiento y exclusión de amplios sectores de nuestra población.

Buscar la desmovilización de la guerrilla de un lado, mientras de otro reprime y judicializa la protesta social, podrá restarle protagonismo al conflicto armado, pero no construir la paz.

De mantenerse en el mediano plazo, las condiciones políticas de la presente coyuntura, nada asegura que algunas de las causas que han originado el conflicto armado sean superadas desde el congreso, por lo que resulta indispensable la participación protagónica de las organizaciones sociales y populares.

El presidente Juan Manuel Santos sabe que el pueblo colombiano, defenderá en la calle el proceso por la paz, pero está obligado a cumplir sin dilación alguna los compromisos adquiridos en su primer gobierno y para la reelección.

DE FRENTE POR LA PAZ

El miedo a un nuevo mandato presidencial bajo la influencia directa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y los anhelos de paz del pueblo colombiano, han permitido en un proceso electoral indecente, la reelección del presidente Juan Manuel Santos.

La desmovilización de las FARC-EP se aceptó como un hecho inminente, mientras el gobierno anunciaba el acuerdo con el ELN, para adelantar la fase exploratoria de conversaciones que permitan concertar una agenda con  idéntico propósito.

Tras la revelación del gobierno, se asegura por parte del ELN, que en la oficina del Comisionado de Paz se modificó el punto sexto del Comunicado Conjunto suscrito el 7 de Junio por las delegaciones designadas.

Un cambio unilateral que se registra tres días después de firmado, no contribuye a generar confianza, pero sí deja entrever el tipo de paz sobre la que el gobierno está dispuesto a negociar.

Suprimir “…construir un país en paz y equidad.” del texto rubricado, para reemplazarlo por “…la   construcción de una paz estable y duradera.”, tiene sin duda hondo significado político.

Tal comportamiento parece indicarnos, que en un eventual proceso de reconciliación, no es suficiente la presencia de garantes  internacionales, para que se cumpla lo pactado tras la desmovilización de los grupos guerrilleros.

Es indispensable la presencia de un garante nacional, que hoy estaría bien representado en el Frente Amplio por la Paz, si la Izquierda y las Organizaciones Sociales, deciden asumir con entusiasmo el protagonismo que la coyuntura exige.

Un garante participativo que llegada la hora y de la mano de la sociedad civil, otorguen con la refrendación de los acuerdos de desmovilización, el verdadero mandato para la terminación del conflicto armado en Colombia.

Un mandato irrefutable apoyado en la movilización ciudadana, para que las reformas sociales, políticas, económicas e institucionales que deba acoger el Congreso Nacional, le otorguen al proceso por la paz la calidad de irreversible.

Si aún soñamos con una Colombia decente, ese miedo que nos llevó a las urnas el pasado 15 de Junio, debe ser transformado en la irrenunciable decisión de marchar de frente con el Frente Amplio, por la paz y la ampliación de nuestra democracia.

¡A PARAR LA GUERRA!

En la segunda vuelta de la elección presidencial, el tema de la paz lo han convertido en motivo de adhesiones por terror, porque es el menos tóxico o porque de los dos males hay que escoger el menor.

Y lo inaceptable, es motivo de agresiones quien exprese que no va a votar o que piensa hacerlo en blanco; el todo vale se impone, porque la intolerancia se asume con la creencia de estar obrando en favor del bien común. 

Sin embargo, para no engañarnos ni engañar a nadie, lo cierto es que la desmovilización de todas las guerrillas y de todos los grupos paramilitares, no son la paz, ni tiene como consecuencia mecánica la paz.

La desmovilización de las FARC y la refrendación de los acuerdos de La Habana, tienen en el Centro Democrático y Partido Conservador un formidable obstáculo a superar, a juzgar por los resultados de las dos últimas jornadas electorales.

Con ésta eventual dejación de armas, solo habrán menos fusiles disparando y la posibilidad de abrir un proceso para la reconciliación; pues la anhelada paz no se dejará ver, si la Unidad Nacional y los gremios persisten en el modelo neoliberal.

Un sueño que no viviremos, si la unidad programática de la Izquierda es aplazada; ya que sin pretensiones sectarias, es el único actor político comprometido con la adopción de un modelo económico afincado en la equidad social.

La terminación del conflicto armado no depende solo del presidente Juan Manuel Santos, y menos aún, cuando sus ministros y amigos de la Unidad Nacional, asumen una actitud displicente frente a la protesta de los sectores sociales.

La paz de Oscar Iván Zuluaga, jamás será posible por la intolerancia de quien pone los votos a esa candidatura y la propuesta del presidente Santos, no traerá la paz que anhela el pueblo colombiano.

Las elecciones del 15 de Junio, servirán para escoger al candidato del uribismo que menos miedo despierte, con la esperanza de no volver a sufrir las masacres paramilitares y los falsos positivos auspiciados por el gobierno.

Estoy convencido que la invitación realista y responsable, es la de llamar a los colombianos  ¡A Parar la Guerra!, para que el llanto de miles de familias desplazadas, no continúe ahogándose en los tugurios de nuestras ciudades.

Una tarea que debe ir más allá de las urnas, para asumir en la movilización social, el compromiso de brindarle a Colombia la oportunidad de superar los vergonzosos niveles de inequidad y corrupción, que la han sumido en la violencia.

PRIMERA VUELTA

En medio de una abstención del 60%, Colombia votó en primera vuelta dejando como ganador, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y la propuesta política que acoge obediente el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga.

La línea “ortodoxa” del uribismo, agrupada en el Centro Democrático y el Partido Conservador, obtuvo el 44.8% de los votos; mientras que el sector “perfumado”, liderado por el presidente Juan Manuel Santos y seguido con algunos matices por los Verdes, logró el 34.0% de los sufragios.

Un preocupante dominio político ha acumulado la derecha en Colombia, haciendo inocuas e irresponsables las invitaciones a votar en blanco, con la excusa de golpear la corrupción, pero sin valorar la peligrosa concentración de poder en manos de un solo dirigente.

Una realidad que deja a la nación, sin que el 78.8% de los colombianos votantes,  muestren interés en sancionar social y políticamente, la vergüenza de los falsos positivos, las fosas comunes, las chuzadas, los malos manejos de Agro Ingreso Seguro, etc. etc. etc.

A pesar de esa incapacidad,  dos millones de colombianos dejaron escuchar su indignación y votaron en apoyo a las propuestas que revindican desde la Izquierda, la construcción de una Colombia decente.

Sobreponiéndose a las prácticas de exterminio político, las candidatas Clara López y Aida Avella, izaron en nombre del Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica, las banderas por un modelo económico afincado en la equidad social.

El centro ha desaparecido en la práctica política. Seducido por los favores que prodiga el establecimiento, hemos presenciado un triste epilogo en el discurso de los tres tenores y un aterrizaje tardío en el “uribismo perfumado” de algunos “izquierdistas”.

Así las cosas, y si aún soñamos con llevar a Colombia por un buen camino, es imperativa la unidad programática de la Izquierda y su inserción en las luchas que libran, ese número significativo de organizaciones sociales  y alternativas, que no han sido escuchadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Cuando tenemos el convencimiento que el sol saldrá, no debemos arriar las banderas porque está lloviendo, y  menos aún, cuando la indignación popular continuará  sacudiendo los campos y ciudades de Colombia.

PARO y POLÍTICA AGRARIA

Desde la pasada jornada de protesta campesina, he venido sosteniendo que el Paro Nacional Agrario debe tener como propósito central, convertir al Movimiento Campesino, en protagonista de primer orden para la formulación de política sectorial.

Por tal motivo, saludo la integración de la Mesa Única Nacional, como espacio para la interlocución y participación de las organizaciones que dieron origen a la Cumbre Agraria.

Por decisión de las partes, en dicho espacio de concertación se abordarán las temáticas acordadas en el marco de la Cumbre celebrada el pasado 15 a 17 de marzo en la ciudad de Bogotá D.C.

Como se recordará, el 17 marzo doce organizaciones de campesinos, afrodescendientes, indígenas y sectores populares; concluyeron dicha Cumbre, aprobando el “Pliego de Exigencias: Mandatos para el buen-vivir, la democracia y la paz".

Dicho pliego recoge en los siguientes ocho temas, la voluntad de los treinta mil dirigentes que allí confluyeron, en representación de todas las regiones del país:

1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial.

2. Economía propia contra el modelo de despojo.

3. Minería, energía y ruralidad.

4. Cultivos de coca, marihuana y amapola.

5. Derechos políticos, garantías, victimas y justicia.

6. Derechos sociales.

7. Relación campo - ciudad.

8. Paz, justicia social y solución política.

Al adoptar dicha agenda, no se están desconociendo los compromisos pactados en las veintidós Mesas Regionales ni la vigencia de éstas; pero será en la Mesa Única, donde se asuma la responsabilidad de examinar los temas de incidencia nacional.

La expedición del Decreto No 870 del 8 de Mayo de 2.014, introduce un elemento  trascendente al escenario en el que se realiza la segunda jornada del Paro Nacional Agrario, y en consecuencia, renovadas posibilidades acompañan al Movimiento Campesino.

Éste hecho, debe ser para los dirigentes de Cumbre Agraria y Dignidad Agropecuaria, un compromiso por la unidad, como requisito indispensable para la construcción de una ruralidad, en la que se respeten los derechos de sus comunidades y el medio ambiente.

No se debe dilapidar ésta oportunidad. Avanzar en el camino que muestra la agenda de la Cumbre Agraria y ahora de la Mesa Única Nacional, ayudará a cimentar la paz en Colombia y a dignificar la vida en los territorios rurales.

DESLEGITIMANDO

El paro agrario que comenzó el 19 de agosto de 2.013, es sin lugar a dudas en Colombia y especialmente en Boyacá, un acontecimiento histórico que tuvo como protagonistas indiscutidos, la valerosa lucha campesina, la solidaridad ciudadana y la brutal represión del Esmad.

Por ello, aquel sábado 7 de septiembre de 2.013 una vez suscrita el Acta Final de la Mesa Regional Agropecuaria Boyacá, Cundinamarca y Nariño; los representantes de la golpeada institucionalidad, se propusieron debilitar al movimiento campesino.

Gobierno y gremios que han sido abiertamente cuestionados y denunciada ante el mundo su incompetencia, dieron de inmediato paso a una estrategia divisionista, que tiene como telón de fondo el llamado Pacto Agrario.

Ese liderazgo campesino que surgió arrollador en los campos de Boyacá, debía ser contenido y deslegitimado. Y el papayazo se dio al asomarse por uno de los balcones del Palacio de Liévano en la ciudad de Bogotá.

Se comienza a hablar de “traición” al campesinado, y se inician acercamientos con personajes que a la postre vienen sirviendo de instrumentos calumniosos, en contra de quienes habían logrado que el gobierno firmara cuarenta y dos (42) compromisos con el campo.

Escandalizar en los medios, el acuerdo pactado internamente para brindarle recursos económicos al movimiento, es el más miserable de los intentos por deslegitimar al dirigente agrario y ofrecerlo en bandeja para una eventual judicialización.

Es más, en Tunja se organizan infructuosas reuniones en las se intenta relevarlo, a pesar de que ha sido reiteradamente investido como el vocero de esas voluntades indignadas, que dieron origen a la Dignidad Agropecuaria.

De ahí que no resulte extraño que el presidente, los ministros de Interior y Agricultura, promuevan sin ningún empacho, a los Rondón Pérez, Mesa Chicamocha y Torres Chivata; que descaradamente se han prestado para fraccionar a la Dignidad Papera.

Nada es gratuito, deslegitimando el liderazgo campesino que encarna Cesar Pachón, el gobierno busca sacarlo de la mesa para imponer en la negociación, las propuestas que ha concertado con los gremios.

Esa estrategia que el gobierno ha desplegado durante los últimos ocho meses, debe ser denunciada, para que la causa de los campesinos colombianos no sea saboteada, bajo el ruidoso sainete de unos precios altos que desaparecerán con la cosecha.

FERMIN

Apostado en el andén, bajo la placa de mármol incrustada desde 1928 en la fachada del Club Boyacá, Fermín ha montado “su oficina”, desde la cual todas las mañanas le canta a los transeúntes, que pasan por la carrera decima camino de la Plaza de Bolívar o saliendo de ella.

“Aprendí a crecer, por la ciudad vacía,

buscándome el pan, pan, pan, de cada día.”

“…Y todos los días, y todos los días 
los diarios publicaban porquerías, 
todos los días, todos los días... ”

Raras son las ocasiones, en que el silencio lo acompaña. Pero podría suceder por falta de un contertulio que estimule su espíritu polémico o porque como dice él, toda rokola que se respete, siempre necesitó que le echaran monedas para seguir sonando. 

Ese bumangués cuya apariencia física evoca al mítico Camilo Torres Restrepo, no gusta para nada de los curas, repudia la adicción a la tortura exhibida durante la Inquisición, el abuso sexual de menores y la poca identidad que profesan por la causa de los pobres.

Severo al atribuirle al Partido Conservador, la responsabilidad por el atraso que registra nuestro departamento y la ciudad de Tunja en particular; asegura que para no perder el tiempo, jamás ha tenido la intensión de ejercer su derecho al voto.

Egresado bachiller del  Colegio Sugamuxi  e Ingeniero Civil titulado con toga y birrete en la Universidad La Gran Colombia, asegura que en séptimo semestre compartió aula de clase con Andrés Almarales, el legendario comandante del M-19 que dirigió la toma del Palacio de Justicia.

En los días en que al bilingüismo buscan imponerlo en nuestras instituciones educativas, Fermín es un aventajado; sus años de residencia en Europa y particularmente en Alemania, le permiten hablar con alguna fluidez francés y alemán, algo de lo que  muy pocos docentes pueden ufanarse en Boyacá.

Aunque su apariencia puede estimular tal pretensión, debo precisar para que nadie se confunda, que Fermín no es otro  ciudadano más en condición de calle en nuestra ciudad. Es por encima de toda consideración, un excelente conversador.

Dueño de opiniones y conceptos que defiende con razón y vehemencia, obligando a quien asuma el riesgo de ser su interlocutor, a estar bien informado; porque él lo está, gracias al inseparable radio de pilas, que lo acompaña en las largas noches de soledad en su cambuche.

MAJAGUA

La semana anterior en Tunja se mencionó algo que desde hace varios años se viene realizando en medio del silencio: las agresivas rumbas  pogo; y dejo al descubierto las fiestas semáforo, en las que quien eyacule primero pierde y debe abandonar el juego.

Estos bailes juveniles que se ejecutan en círculos, son usualmente promovidos en facebook como “eventos”, y para hacerlos más seguros, se anuncian precisando su realización en  “sitio caleto”.

Según las declaraciones que fueron publicadas, cuatrocientos (400) jóvenes entre los que habrían ciento ochenta (180) menores de edad, se citaron o los citaron a una rumba semáforo en Majagua.

Aquí surge un primer interrogante, que debe ser resuelto por las autoridades a fin de establecer responsabilidades y tomar las medidas sancionatorias que den lugar a ello: ¿Quién organizó la fiesta?

Recordemos que en las versiones difundidas, se menciona a “…cuatro jóvenes que solicitaron el alquiler del salón..” pero se asegura que fue la firma Mega Eventos Power Mix quien “…firmó esa noche un documento mediante el cual se alquiló…”

Adicionalmente, en las publicaciones se asevera que la Policía infiltró previamente la “…reunión que prometía ser un completo bacanal…”; dando origen a otro interrogante: ¿Por qué no se impidió su realización y desarrollo?

Resulta preocupante tal omisión, pues se admite explícitamente que “…En algunos momentos de la fiesta apagaban las luces durante 20 o 30 minutos para que mantuvieran relaciones sexuales con quienes quisieran…”

Un hecho de extrema gravedad, si tenemos en cuenta que en esa rumbita fueron encontrados menores de trece (13) años de edad, y se acepta que“…Eso allí eran unos bacanales de todos contra todos…”

En Majagua lo menos grave fue la violación de que fue víctima el Decreto No 006 de 2.014 y por ello, la multa pecuniaria a los irresponsables padres pasa a un segundo plano.

Se debió tutelar los derechos de los menores de edad, en el momento mismo que fue descubierta su presencia en el sitio de la rumba. Aquí la irresponsable no es la fiesta como se aseguró, sino quienes promovieron y permitieron su realización.

RASCA y TRABA

Desde hace muchos años y lo saben las autoridades municipales, el consumo de bazuco y chamber salió de los parches donde se refugia la indigencia que genera nuestra sociedad,  para invadir las aulas de clase en colegios y universidades.

Un hecho al que simplemente no se le ha puesto el cuidado que exige, creyendo que ante la presencia de éstas adicciones que afectan a sectores cada día más amplios de nuestra juventud, solo bolillazos basta.

Para nadie en Tunja es un secreto, que nuestros parques han sido convertidos por estudiantes y habitantes de calle, en zonas francas donde se consume chamber, perico, bareta y bazuco; sin que las autoridades de policía se den por enteradas.

Igual acontece en las Plazoletas, pero con una diferencia sustancialmente preocupante, allí rasca y traba se suceden bajo la apacible y distraída mirada de los agentes de policía.

Y si a éste relato invitamos la rumba, la cosa se complica, pues bebidas alcohólicas, alcohol antiséptico y drogas, se dan cita en rumbiaderos que operan legalmente atestados por la presencia de jóvenes estudiantes.

Un panorama que adquiere ribetes extremadamente graves, en las fechas futboleras, pues a la ciudad arriban grupos significativos de expendedores-consumidores de sustancias psicoactivas (spa) camuflados con los hinchas.

Y son entonces las puertas de acceso a las instituciones educativas, los sitios a frecuentar, con la manida disculpa de “pedir apoyo” para comprar la boleta de entrada al estadio La Independencia.

Ese día rasca, traba e inseguridad suelen desbordar toda previsión,  arrinconando a los tunjanos en sus hogares, mientras la ciudad es virtualmente militarizada para evitar los atracos y demás actos de vandalismo.

Tunja la noble y leal, se está transformando en un convulsionado mercado de alcohol y alucinógenos, que sacrifica los sueños de quienes ayer le otorgaron el honroso calificativo de Ciudad Estudiantil.

Un hecho acentuado por el espíritu egoísta del rentista, gracias al cual, nuestra ciudad es presentada como una vitrina en venta,  sin detenernos a reflexionar sobre el elevado costo social que estamos asumiendo.

Rasca y traba están saliendo de control, por ello, el diseño de políticas públicas es urgente, para que juventud y libertad se vivan con responsabilidad y respeto frente a los demás y la ciudad.

¿A VOTAR POR NADIE?

Aprovechando el clima de indignación forjado por las jornadas de protesta que han protagonizado el movimiento estudiantil, campesino, minero, social y popular en todo el territorio colombiano, surge  la propuesta de votar en blanco.

“A votar por nadie, porque nadie me da nada”, es la invitación que se formula,  con la pretensión de renovar el Congreso e impedir la reelección del presidente Juan Manuel Santos, pero guardando silencio sobre las precariedades de nuestro sistema electoral.

Una invitación que supone falazmente que todos los partidos políticos y todos los candidatos que se presentarán al próximo debate electoral, son corruptos o ineptos y por tanto merecedores de una sanción social.

Una postura moralista que no valora adecuadamente la trascendencia política de la presente coyuntura, y que de ñapa patea la ética con irresponsable facilidad, al meter a Raimundo y todo el mundo, en el costal de la corrupción.

Sus promotores aseguran que en solo dos días cambiarán la historia del país, sin necesidad de esperar veinte o más años; es más, dan por cierto que con un solo voto de más, es posible barrer con toda la clase política tradicional de Colombia y construir una sociedad en paz y con justicia social.

¿Creen Ustedes que el umbral no será alcanzado por los Partidos de la Unidad Nacional? NO. Ese problema tendrán que sortearlo con esfuerzo y apoyo del pueblo colombiano, partidos como el Polo Democrático o la Unión Patriótica.

No olvidemos que el gobierno ha financiado con los billones de la “mermelada” y OPS, a parlamentarios de los demás partidos, a condición de apoyar la reelección y sus locomotoras.

¿Será que con solo un voto de más, se impedirá la reelección del presidente Santos? NO. El artículo 9 del Acto Legislativo No 1 de 2009, exige que para poder repetir las elecciones, el voto en blanco debe lograr la mayoría del total de los votos válidos, esto es la mitad más uno.

       

Es claro entonces que el voto en blanco a través de la cifra repartidora, perjudicará la permanencia de los partidos minoritarios,  brindará un tanque de oxígeno a las cuestionadas políticas Uribe – Santos y facilitará la reelección.

Votar por nadie, es botar una oportunidad histórica, justo cuando el ruido de las cacerolas aún se escucha, increpando la inequidad y corrupción de nuestro sistema económico, social y político.

Votar en blanco, es negarle a los partidos que han acompañado las luchas de nuestra gentes, la posibilidad de legislar o gobernar en nombre de todos los sectores indignados de Colombia.