domingo, 9 de enero de 2011

SEGURIDAD CIUDADANA

Como se recordará, bajo la Estrategia Nacional contra la Violencia surgió el discurso de la seguridad ciudadana, con el cual, a partir del concepto de participación, se procuró delegar en las Juntas de Acción Comunal la prestación de servicios de vigilancia y seguridad.

La seguridad ciudadana es concebida entonces, bajo la óptica de privatizar su gestión e instrumentalizar pactos con grupos de ciudadanos, a fin de garantizar gobernabilidad y desactivar violencia y criminalidad.

En esa perspectiva, en Medellín durante los años noventa se adoptaron por parte de los Alcaldes Juan Gómez Martínez, Omar Flórez Vélez, Luis Alfredo Ramos, Sergio Naranjo, una serie de políticas públicas de seguridad, que terminaron por favorecer ese monstrico que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia.

En virtud de tal estrategia, los vecinos del barrio o sector se convirtieron en los “encapuchados”, que ejercían “autoridad” en la noche o de madrugada bajo la orientación de un agente de la policía, amedrentando o linchando a milicianos, habitantes de la calle, drogadictos, prostitutas, raponeros, etc.

Por esa vía, se propició, agenció y justificó el desplazamiento o retiro intencional y paulatino del Estado, pues la administración municipal de Medellín convirtió a la comunidad, en gestora de su propia seguridad, permitiendo que en el corto plazo, surgieran grupos armados y se potencializará, la posterior inserción exitosa del paramilitarismo.

Hoy, he escuchado de habitantes de la calle, que en Tunja existen grupos de personas que esconden bajo un pasamontañas su identidad, y que en las horas de la noche los agreden injustificadamente. Se asegura incluso, de ajusticiamientos con arma de fuego en sectores como el Bosque de la República, Los Patriotas, El Carmen y San Lázaro.

La historia de homicidios selectivos y desapariciones de la Comuna 13 de Medellín, es muy aleccionadora y por el bienestar de toda la sociedad, no debe repetirse.

Convendría, que en Tunja nuestro Alcalde, Personero Municipal, Defensor del Pueblo y Procurador Regional, atendiendo sus responsabilidades constitucionales y legales, adoptaran las medidas que nos garanticen que la “seguridad ciudadana”, no será el instrumento con el que se pisotee la vida o apabulle la libertad.

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