Si un día nos diéramos la
oportunidad de dar una vuelta por las calles de nuestras ciudades,
aventurándonos a descubrir lo que en ellas ocurre entre las 7 y 12 p.m.; tendríamos la oportunidad de ver
el creciente número de conciudadanos que viven de la basura.
En esas bolsas y canecas,
cientos de padres y madres de familia, buscan cada noche un ingreso para
subsistir y un pedazo de cualquier cosa para mitigar el hambre que los
acompaña.
Las monedas que les brinda
el reciclaje, en el mejor de los casos no les alcanza para soñar con un salario mínimo, frustración que comparten
con ese otro grupo social, que busca en las ventas ambulantes una oportunidad
para existir.
Nuestra realidad es tan tozuda,
que el DANE ha tenido que reconocer que el 62% de los colombianos viven en
condiciones de precaria subsistencia y que el 70% de quienes laboran, buscan agobiados
por las deudas una mejora salarial.
Situación que a los gobiernos
nacional, departamental y municipal no los hace sonrojar, y por comodidad, menos
aún los motiva a adoptar políticas de generación efectiva de empleo.
Por ello resulta indignante,
que nuestra clase política a sabiendas que Colombia es según la CEPAL el tercer
país con más pobreza en América del Sur, le otorgue salarios ofensivamente
elevados a sus congresistas y empleados del alto gobierno.
Mientras el Congreso de la
Republica es identificado por los colombianos como la punta de lanza de todas
las formas posibles de corrupción, cada
uno de sus integrantes recibe mensualmente la suma de $ 28.000.000 por concepto de salario.
Resulta paradójico que en
búsqueda de la paz, a la inmensa mayoría
de los trabajadores colombianos, le incrementen su salario en $ 49.000,
mientras que para los 268 congresistas ese aumento supera los $ 2.000.000 mensuales.
Si examinamos prestaciones
sociales, el colombiano del común recibe anualmente una
prima, mientras al congresista se le reconocen tres y disfruta en forma permanente
y gratuita de telefonía móvil, escolta y vehículo blindado de alta gama.
Es más, llegado el momento
de la pensión, el colombiano del común tendrá una mesada calculada sobre el
promedio de los salarios devengados en los últimos diez años y nuestros afortunados congresistas, lo harán
con el promedio del último año.
Es tanta la mezquindad del
gobierno, que ese grupo privilegiado de trabajadores del común que puede
pensionarse, solo recibirá el 65% del Ingreso Básico de Liquidación, mientras
nuestros congresistas inexplicablemente
lo harán con el 75% del IBL.
Amigos lectores, la
inequidad laboral que nos imponen el gobierno es indignante y guardar silencio
resulta a todas luces inexplicable, ya que los colombianos en edad productiva,
no tienen la oportunidad de brindarle una existencia digna a sus familias.
