Para nadie es un secreto que los programas PAPA y PAE fueron implementados en el departamento por la Gobernación e ICBF, con el propósito de beneficiar a la población infantil.
Sin embargo, toda suerte de irregularidades se han registrado en perjuicio de muchos boyacenses, sin que las autoridades competentes hayan tutelado oportuna y efectivamente sus derechos.
El gobernador de Boyacá, la Directora del ICBF en Boyacá y los alcaldes municipales, tienen una enorme responsabilidad en lo acontecido y deben responder por acción u omisión.
Hoy volvemos a reiterar sobre un hecho específico, la delicada situación que se origina cuando la Gerente del Consorcio Alimentar por Boyacá, elabora un oficio que luego hace firmar a cada una de las operarias del Programa de Alimentación Escolar.
Con dicho documento, y en circunstancias que deben ser objeto de investigación, el Consorcio convirtió en “voluntarias” a las personas que fueron vinculadas para la preparación, manipulación y distribución de los alimentos a los estudiantes.
Sin saberlo, dichas personas “se despojaron” a sus derechos laborales, por lo que durante cinco meses fueron mantenidas con el engaño de una paga que no llegó, y que al término del contrato estatal, jamás llegará.
Si bien el Consorcio buscó ampararse al tenor del artículo 3. Numeral 2 de la Ley 720 del 24 de diciembre de 2001, es evidente que las circunstancias que rodean éste hecho, exigen la intervención del Ministerio de la Protección Social.
Una investigación en la que no deben estar ausentes las Procuraduría Provincial, Defensoría del Pueblo, Personerías y Contralorías Municipal; a fin de evitar que mil ciento ochenta boyacenses sean despojados de los salarios devengados.
Resulta indignante, que a través de un programa de gobierno sean vulnerados derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas boyacenses, pues el operador se “deshizo” de la responsabilidad contractual adquirida con el Estado, de cumplir con el pago de salarios y prestaciones sociales.
Sin embargo, toda suerte de irregularidades se han registrado en perjuicio de muchos boyacenses, sin que las autoridades competentes hayan tutelado oportuna y efectivamente sus derechos.
El gobernador de Boyacá, la Directora del ICBF en Boyacá y los alcaldes municipales, tienen una enorme responsabilidad en lo acontecido y deben responder por acción u omisión.
Hoy volvemos a reiterar sobre un hecho específico, la delicada situación que se origina cuando la Gerente del Consorcio Alimentar por Boyacá, elabora un oficio que luego hace firmar a cada una de las operarias del Programa de Alimentación Escolar.
Con dicho documento, y en circunstancias que deben ser objeto de investigación, el Consorcio convirtió en “voluntarias” a las personas que fueron vinculadas para la preparación, manipulación y distribución de los alimentos a los estudiantes.
Sin saberlo, dichas personas “se despojaron” a sus derechos laborales, por lo que durante cinco meses fueron mantenidas con el engaño de una paga que no llegó, y que al término del contrato estatal, jamás llegará.
Si bien el Consorcio buscó ampararse al tenor del artículo 3. Numeral 2 de la Ley 720 del 24 de diciembre de 2001, es evidente que las circunstancias que rodean éste hecho, exigen la intervención del Ministerio de la Protección Social.
Una investigación en la que no deben estar ausentes las Procuraduría Provincial, Defensoría del Pueblo, Personerías y Contralorías Municipal; a fin de evitar que mil ciento ochenta boyacenses sean despojados de los salarios devengados.
Resulta indignante, que a través de un programa de gobierno sean vulnerados derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas boyacenses, pues el operador se “deshizo” de la responsabilidad contractual adquirida con el Estado, de cumplir con el pago de salarios y prestaciones sociales.
