“Cúcuta” es el nombre con el que aquí se conoce, a un joven afro descendiente oriundo de esa villa, que dedica la noche y la madrugada a cuidar carros de jueves a sábado en los bares de San Pacho o la universidad.
En días pasados, estando en la plazoleta de San Francisco, recibió un varillazo en la cabeza que le causó una herida de veinticinco centímetros de longitud, y en el suelo, su agresor le propinó el remate, fracturándole el hueso cúbito del brazo izquierdo.
Los agentes de policía no realizaron la detención del agresor, le exigieron la cedula de ciudadanía y en un pedazo de papel escribieron el número, el cual le entregaron al agredido para que pusiera al otro día una demanda.
Tampoco solicitaron la ambulancia de los bomberos o la presencia de una radio patrulla para auxiliar a “Cúcuta” que se encontraba gravemente herido, pero a cambio, le ordenaron “abrirse” de inmediato.
A pesar de sangrar copiosamente, ninguno de los “ciudadanos” que se encontraban de rumba y pochola lo auxilio, caminando emprendió la búsqueda del Hospital San Rafael, donde permaneció recluido cinco días.
¿Qué hubiera ocurrido, si “Cúcuta" fallece tres o cinco cuadras más abajo? Nada, permítanme que con absoluta franqueza lo asegure, no hubiera pasado nada, y es más, nadie hubiera dicho nada.
Silencio absoluto y otro N.N. hubiera ido a parar al Cementerio Central, cualquier versión hubiera sido suficiente, para justificar su “aparición” en las calles de la hidalga y culta ciudad de Tunja.
Dicen que “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.” ¿Será cierto?, pero… ¿Cómo hacemos para saber que las autoridades lo saben?
¿En qué momento la constitución y la ley son aplicables? Esa es nuestra realidad cuando se trata de coterráneos pobres o en estado de indigencia y esa es la “solidaridad” que prodigamos, que le vamos a hacer, a lo mejor somos así.
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