lunes, 23 de febrero de 2015

VER PARA CREER


He tenido siempre abiertas las puertas y ventanas de ésta columna, para que a través de ellas, puedan ser ventilados los atropellos que contra la decencia y los derechos, se comenten en nuestra sociedad.

Ustedes recordarán que en el mes de Agosto de 2013, denuncie la tragedia que padecía en Tunja la familia de Pedro José Mogua, no solo por el desplazamiento forzado del que había sido objeto, sino por el maltrato que le prodigaba la Unidad de Victimas.

Hoy, la víctima del conflicto y del Estado, se ha convertido en victimizador de quienes movidos por su tragedia, cometen la imprudencia de  acercarse a brindarle ayuda o una oportunidad de trabajo.

A Pedro José le importa un pepino, aprovechar las oportunidades que por ingenuidad le brindan, para tumbarles la plática o los enseres a familias tunjanas en peores condiciones de desamparo a las que él padecía en nuestra ciudad.

Hace dos semanas, una familia residente en la parte alta del Barrio Ricaurte, le entregó trecientos treinta y cinco mil pesos, para que comprara los materiales que requería la realización de urgentes arreglos locativos en su vivienda.

Tomó el dinero y desde ese momento desapareció, un comportamiento que se ha repetido con otros tunjanos, y que en la Unidad de Victimas deberían valorar al momento de otorgarle los beneficios previstos para los damnificados del conflicto.

Ser desplazado, no puede convertirse en acceso a la mendicidad o el delito, esa responsabilidad corresponde a instituciones del Estado y la ciudadanía debe actuar proactivamente para que se cumpla.


Es por ello, que las autoridades municipales deberían adoptar medidas preventivas, para que nuestra precaria seguridad, no sea vulnerada por personas que se escudan bajo el doloroso sino que persigue a los desplazados en Colombia.

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