A LOS ESCOBITAS

Voy a darle la bienvenida al nuevo año, rindiendo un homenaje a esos seres humanos que a pesar del duro trabajo que realizan, muy pocas veces reciben un saludo de buenos días o un vaso de agua para mitigar su cansancio.

A los escobitas, como solemos llamar a ese grupo de trabajadores que salen de sus hogares a las cuatro de la mañana, con la misión de limpiar nuestra ciudad y recoger las bolsas de basura que tapizan andenes, vías y plazoletas.

Los que de mañanita retiran la hierba que por descuido invade el andén de muchas residencias, pero que al hacerlo, se condenan a cumplir diariamente con esa pesada carga, sopena de ser agredidos en no pocas ocasiones.

Ellos, que a diario acopian toda suerte de residuos esparcidos sobre las vías, generalmente por acción de las jaurías de perros que recorren la ciudad sin ningún control y en algunos casos, por ciudadanos que reciclan.

Esa gente de origen humilde y trato sencillo, que parecen destinados a soportar con nobleza los agravios que retumban por todos lados, cuando la bolsa explota al levantarla.

Esos trabajadores que a la una o dos de la tarde, solemos ver almorzando sentados en la soledad de algún andén, espantando el cerco tendido por los perros y la actitud indiferente de los transeúntes.

Esos conciudadanos, que diariamente ponen en grave riesgo sus vidas, por ser obligados a trabajar con el carro recolector siempre en movimiento y haciendo toda suerte de cabriolas sobre las vías o en espacios poco adecuados para ello.

Un hecho del que todos somos testigos, pero del que no decimos nada. Por eso creo, que la muerte de uno de ellos acaecida en Tunja hace algunos días, exige la investigación de las autoridades judiciales, laborales y de derechos humanos.

Esa familia no puede quedar en el desamparo, contando las monedas de los días laborados y la precaria liquidación de prestaciones sociales; el alto riesgo que se asume por ser escobita en la ciudad, debe requerir el amparo de una póliza de seguros.

¿O para que sirve entonces, que al empleador se le exija la adopción de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?

A los escobitas, a quienes en navidad los espera una cabalgata y la infernal carrera que deben soportar, recogiendo las bolsas de estiércol que dejan los caballos. A ellos, les deseo un año nuevo menos inhumano.

ENFERMO y VACUNADO

A Pablo Antonio Tocarruncho su precario estado de salud lo llevo a una reconocida clínica de la ciudad de Duitama, y a pesar de ser beneficiario de la Nueva EPS, el médico que lo atendió, condiciono cualquier tratamiento al pago de tres millones de pesos.

Un hecho a todas luces curioso, pero como hay enfermedades que matan si el afectado y su familia se duermen, durante los días siguientes, doña Adelaida logro en medio de penurias y vergüenzas, recogerle al galeno tan solo un milloncito.

Efectuado ese abono la espera terminó, y a Pablo Antonio le fue practicada la colonoscopia que el médico le había ordenado con urgencia, pero que él mismo aplazó, en nombre de la “deuda” que los Tocarruncho habían contraído.

Con el compromiso de cancelar los otros dos millones, su esposa firmo la autorización para que le fuera practicada una colostomía; la que pasados ocho días lo devolvió al quirófano, debido a la grave infección que registraba.

Después de ésta segunda intervención, el médico decide que la herida debe permanecer abierta, pero rellena de gaza para absorber la materia que se estaba produciendo.

Sin embargo, una inflamación general comenzó a preocupar a Pablo Antonio, fue entonces cuando se esposa e hijos son notificados, que es preciso someterlo a diálisis, porque se había detectado que sus riñones y pulmones se encontraban afectados.

Las cosas en la Clínica de Duitama se estaban complicando, y los Tocarruncho no habían podido recoger ni un peso de los dos millones que estaban “adeudando”; quizá por ello, recibieron con algo de alivio el traslado de su pariente a la ciudad de Tunja.

Lo curioso es que Pablo Antonio es remitido a la Clínica Medilaser, sin ningún documento que brindara orientación sobre su estado de su salud y los procedimientos a los que había sido sometido.

Después de tres días de permanecer en la UCI, todo volvió a comenzar con una nueva valoración, que lleva a los médicos en Medilaser a diagnosticarle peritonitis, inducida por la infección que lo acompañaba.

Después de sufrir éste calvario durante más de un mes, de haber acudido a la Superintendencia de Salud sin ninguna respuesta, Pablo Antonio está de regreso en Duitama, para someterse a controles en la clínica donde aún “adeuda” dos millones de pesos.

VENDEDOR AMBULANTE

¿Alguien sensato podrá llegar a pensar, que un padre de familia saca por gusto a su hijo de la escuela, para que le ayude a vender tamales en la Plaza de Bolívar?

 Definitivamente no. A menos que con ello, quiera evitarle a su familia la indignación y el dolor que se sienten al sufrir hambre. 

La toma de andenes por parte de cientos de vendedores ambulantes, es el reflejo de un cumulo de problemas sociales originados en el modelo económico, cuya solución ha sido postergada por comodidad o incapacidad política de los gobernantes.

Nadie vendiendo mazorca desgranada, minutos de celular, camisetas o paraguas va a salir de la pobreza, pero al menos se evita la angustia de esculcar amparado en las sombras de la noche, las abandonadas bolsas de la basura.

Considerado como un actor económico desleal, que entorpece el desplazamiento de los peatones y que no en pocas ocasiones, es acusado ligeramente de ser un eslabón del micro tráfico de drogas; el vendedor ambulante ha sido convertido en objeto de represión policial.

De ahí los continuos enfrentamientos con los funcionarios del espacio público y la policía, una azarosa situación en la que el soborno está presente, para evitar la confiscación o destrucción de la mercancía.

No es fácil, pero desgraciadamente nos hemos quedado sin imaginación, mientras la intolerancia gana protagonismo, al pensar que el forzado desalojo o la reubicación engañosa, son la solución al problema.

La expulsión con el argumento de proteger el espacio público, es en sí misma un acto violento que lesiona el derecho constitucional al trabajo; y que de ser adoptada como consecuencia de un fallo judicial, obliga a garantizar que esas familias no van a quedar desamparadas.

La “formalización” tampoco soluciona nada. No basta con registrarlas, reglamentarlas y dictar un curso instantáneo de emprenderismo, para que las ventas ambulantes desparezcan de las esquinas. Ellas jamás se irán, si los gobiernos y el sector privado no ofrecen fuentes estables de empleo.

Es más, la bancarización es el gancho que se ofrece para promocionarla, con el argumento de impulsar el “desarrollo empresarial” de esos micronegocios de ventas al detal.

Pero lo cierto es que para el banco, el vendedor ambulante sin bienes patrimoniales o un codeudor que los posea, no es sujeto confiable de los servicios de crédito.

¿Han evaluado en la administración municipal y la Cámaras de Comercio, el impacto social de los problemas de violencia e inseguridad que nos hemos evitado, al tolerar la presencia de quienes fueron obligados a subsistir del rebusque?

Si lo hacemos, encontraremos allí más de un argumento para concertar el uso inteligente del espacio público y la formulación de una política social para la informalidad, eso es lo conveniente, en la perspectiva de ganar terreno en materia de convivencia ciudadana.

ALGUIEN MAÑOSO

Quejarse de la mala calidad de los servicios públicos o del trato descortés que las empresas les brindan a los usuarios, sin que las autoridades competentes se inmuten, a pesar de las columnas de derechos de petición que se levantan sobre sus escritorios, es visto como algo normal.

Sin embargo, no conviene exagerar, pues si bien los boyacenses hacemos fiesta con una copla coja, también es cierto que llegado el momento, podemos sacarle chispas a las cacerolas y poner a correr ministros y al mismo presidente.

El usuario de gas natural, está siendo obligado en forma reiterada a permanecer encerrado en su vivienda, por espacio de seis o doce horas, aguardando al operario que le expedirá la certificación de la instalación domiciliaria.

Pero el funcionario designado en forma directa o indirecta por Gas Natural Fenosa, se da el lujo en el mejor de los casos de no presentarse, o simplemente de llegar sigilosamente y tira por debajo de la puerta un comprobante de visita exigiendo su reprogramación.

Y como los boyacenses nos hemos acostumbrado a obedecer sin cuestionar, en la oficina de Gas Natural Fenosa para nuestra sorpresa, nos enteramos que el operario ha informado que la visita no se realizó, porque el usuario del servicio no se encontraba en casa.

¿Qué puede estar motivando ese tipo de comportamiento, en el que la ética brilla por su ausencia?

Recordemos que en el comprobante de visita, se deja constancia que “…Si por eventos atribuibles al cliente no es posible efectuar la inspección requerida, la empresa procederá a la suspensión preventiva del servicio”

¿Son acaso los $38.313 que el usuario de gas natural está obligado a cancelar por concepto de reconexión del servicio, la explicación a dicho comportamiento?

No vale la pena especular, por lo cual llamo con éste artículo la atención de los organismos directivos de Gas Natural Fenosa, autoridades municipales y organismos de control del Estado; pues un comportamiento mañoso se está registrando alrededor de las visitas técnicas.

Prefabricar “…eventos atribuibles al cliente…” para justificar la suspensión preventiva del servicio, es una conducta que exige la intervención la empresa y de las autoridades competentes; pues alguien busca colocar en estado de indefensión a los usuarios, para vulnerar sus derechos.

GAS PESADO

El muy ansiado y benéfico servicio de gas natural, ha tenido desde su irrupción en la vida de los hogares boyacenses, muchas sorpresas que a mi juicio se originan en la transferencia a cuenta gotas de la información a los usuarios.

En los días felices de su instalación, los problemas y recomendaciones brillaron por su ausencia, permitiendo que formularios y firmas acudieran presurosos del lado de la empresa y los beneficiarios.

Sin embargo, la alegría comenzó a matizarse de grises al registrarse la primera visita reglamentaria, pues inexplicablemente surgieron los inconvenientes técnicos que avizoraban situaciones lamentablemente trágicas.

Un hecho que dio paso a la construcción de ventanas, improvisación de claraboyas, eliminación de puertas o instalación de extractores de aire; para evitar que las amas de casa o empleadas domésticas, pudieran sufrir desmayos por causa de algún escape de gas.

Con el arribo de las subsiguientes visitas técnicas, las fugas en la red domiciliaria y los defectos en los artefactos a gas asumieron el protagonismo, obligando a contratar con alguna de las firmas recomendadas por la empresa, el arreglo de los inconvenientes encontrados.

Hasta aquí, el usuario del gas natural simplemente obedece en silencio y paga por temor al anunciado corte preventivo del servicio, pues no deja de pensar en el elevado costo de la reconexión y los traumatismos que ello originaría en el hogar.

No obstante, lo que resulta irrespetuoso, es que Gas Natural Fenosa notifique la fecha en que realizará la visita de verificación de arreglos, obligando a la familia a permanecer en acuartelamiento de primer grado todo un día, y el funcionario de la empresa no llegue.

Algo deplorable, si a ello le adicionamos que la empresa sin ningún argumento, decide responsabilizar del hecho al usuario del servicio, y por consiguiente de la demora en la certificación de la instalación.

Gracias a esa odiosa pedagogía del terror, a éstas altura el usuario de gas natural, ya ha cancelado  a través de la factura de consumo, la suma de $ 62.735 por concepto de la Revisión Técnica y  ha pagado los arreglos ordenados.

Después de acudir a las oficinas de la empresa, para que le sea reprogramada la visita de verificación, el usuario vuelve a repetir en vano la jornada de acuartelamiento familiar, pues el esquivo operario por segunda ocasión los vuelve a dejar plantados.

No hay duda que al usuario de gas natural, no se le brinda un trato considerado, algo que resulta molesto e innecesario, pues los boyacenses hacemos fiesta hasta con una copla coja, en medio del silencio de las autoridades competentes.  

TAXISTAS, ¿Y LA PILA?

Una de las prioridades en nuestro modelo económico, es el deber que tienen los gobiernos de formalizar todo y a todos los colombianos, como premisa indispensable en la generación de los ingresos que el establecimiento requiere.

Y el gremio de los taxistas que en Colombia está conformado por  156 empresas, 300.000 propietarios, 841.500 conductores y 480.000 vehículos registrados; no iba a ser la excepción.

Por ello el 4 de Junio, el presidente Juan Manuel Santos rubricó el decreto No 1047, con el cual se establecen normas para asegurar la afiliación de los conductores de taxi al Sistema Integral de Seguridad Social.

A pesar de que la normatividad colombiana tiene desde 1959 establecido que “…el contrato de trabajo verbal o escrito, de los choferes asalariados del servicio público, se entenderá celebrado con las empresas…”

Es más, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 17 de abril de 2013, preciso que “…la vinculación laboral del conductor es con la empresa afiladora y que existe solidaridad entre esta y el propietario del taxi...”  para su obligatoria afiliación a la Seguridad Social.

Sin embargo, bueno es señalar que los negociadores con la anuencia del gobierno, evitaron en la redacción del Decreto No 1047, cualquier mención a la existencia de algún tipo de relación laboral entre Empresa-Propietarios de taxi y conductores.

La norma que busca formalizar el ingreso del 88% de los taxistas al S.S.I., exige que “…ningún conductor puede trabajar mientras no se haya pagado su salud, su pensión y la tarifa para cubrir los riesgos laborales que quedarán establecidos en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA.”

Un costo que según indicó el Ministro de Trabajo, será asumido por el usuario del servicio de taxi a través del incremento de tarifas, conforme al estudio que debe realizar en cada municipio las autoridades competentes.

Sin embargo, el gobierno dio la oportunidad de dilatar su aplicación, al señalar que los tres primeros meses serán para la socialización, los siguientes seis para asesoría del Ministerio de Trabajo y dos años más, para implementar la formalización laboral.

Algo que justifica, por la pretensión de buscar en primera instancia la seguridad social para los conductores, en segunda su profesionalización a través del SENA y finalmente la formalización del sector.

No obstante, las empresas de taxis deben asegurar a sus conductores a través de una póliza, cuya cuantía no podrá ser inferior a 30 smlmv, para amparar riesgos de muerte o incapacidad total y permanente por accidente de tránsito o por hurto o tentativa de hurto en la presta el servicio.

Así las cosas, bueno sería que las autoridades municipales y las empresas prestadoras del servicio público de transporte individual de pasajeros en vehículos taxi, nos contarán cómo va ese proceso.

SOMOS PALESTINA

Invocando el derecho a defenderse, en Palestina los bombardeos y las incursiones terrestres del ejército israelí, han causado la muerte a 1.332 civiles, entre los que se cuentan 258 niños.

Más de 220.000 desplazados han llegado a 69 centros de acogida de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos UNRWA, mientras que 6.850 heridos de los cuales 1.689 son niños, intentan salvarse de morir entre las montañas de escombros en que están convirtiendo a Gaza.

Una masacre que reiteradamente se repite desde el 15 de mayo de 1948, sin que la ONU haya logrado proteger la vida y los derechos de un pueblo que está siendo exterminado en su tierra, con el único propósito de evitar la existencia y  reconocimiento del Estado independiente y soberano de Palestina.

Gaza es hoy un enorme cementerio sepultado entre las ruinas de más de  4.100 casas que han sido destruidas, bajo el sofisma de que allí “el terrorismo” oculta armas estratégicas altamente sofisticadas para atacar a Israel.

Es una guerra desigual, en la que el gobierno de Benjamín Netanyahu hace caso omisión del DIH,  con la falacia de ser víctima de un racismo que le niega a Israel el derecho de autodefinirse como un Estado-Nación independiente.

Se pretende justificar el bombardeo a escuelas, mezquitas y hospitales o los ataques a las ambulancias de los organismos de socorro, con la excusa de sospechar la presencia de militantes de Hamas.

El genocidio que en Palestina se registra bajo la Operación Margen Protector,  no tiene ninguna justificación y debe ser sancionado ejemplarmente por la Corte Penal Internacional.

Si bien no existen motivos para ser optimistas, al menos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha solicitado el pasado 23 de Julio, que las operaciones militares de Israel en Gaza, sean examinadas con el propósito de "…evitar y poner fin a la impunidad…”

Si como en el pasado, la ONU termina aceptando la voluntad de los Estados Unidos y el desprecio con que Israel recibe sus resoluciones, “… garantizar que los responsables sean sometidos ante la Justicia", será otra bofetada para el Pueblo Palestino.

Bajo la bandera de ¡Todos somos Palestina!, debemos movilizarnos para romper con el silencio y la impunidad, que han permitido la ocupación de su territorio y el exterminio de su pueblo; no hay otro camino, para que en el Medio Oriente la legalidad internacional sea respetada.