LIBERTAD ó ATROPELLO

La libertad religiosa y de cultos, se ha convertido gracias a la permisibilidad de las autoridades competentes, en atropello religioso al ordenamiento jurídico vigente, el interés público y los derechos fundamentales de las personas.

No es lícito que invocando dicha libertad, las iglesias y  congregaciones religiosas hagan caso omiso de la obligación de tramitar y obtener el reconocimiento de la correspondiente Personería Jurídica y de ejecutoriar su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Si bien la ley les confiere la facultad de establecer lugares de culto o de reunión y se les garantiza que sea respetada esa destinación, ello no debe ser excusa,  para trasgredir lo consagrado en los planes de ordenamiento territorial.

Las autoridades civiles, judiciales y de policía,  están obligadas a intervenir cuando los ritos de una congregación o secta, atenta contra la tranquilidad ciudadana y la salud material ó psíquica de las personas.

Han olvidado esas autoridades, que el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos no es en modo alguno de carácter absoluto, y que su aplicación abusiva se encuentra expresamente proscrita en nuestra normatividad vigente.

Permitir que en nuestras comunidades prospere el fanatismo religioso, satanismo, las practicas de magia ó espiritismo, es de hecho consentir la violación de lo consagrado en la Ley 133 de 1.994

Victimas de este tipo de atropellos,  los residentes de la manzana P en el barrio La Florida de la ciudad de Tunja, soportan con estoicismo desde hace dos (2) años que a partir las 4 a.m. uno de sus vecinos de inicio diariamente y hasta media noche, sus ruidosos ceremoniales.

El concepto técnico-legal emitido mediante oficio No AP-G2.5-1663/2011 por la Asesora de Planeación Municipal conforme a lo ordenado en el POT, no ha servido de nada.

Igual le ocurrió en la Secretaría de Gobierno e Inspecciones de Policía, a la constancia que dejó en dicho oficio la arquitecta Giovanna Lobaton Piñeros al señalar que “…existe perturbación a la tranquilidad del vecindario…”

Si las autoridades se deciden a actuar, ojala la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia pueda servir de algo en estos casos, a fin de proteger del atropello religioso la intimidad y descanso de nuestros ciudadanos.

UN HECHO DE VERDAD

Hechos de Verdad, es el nombre que el Alcalde Fernando Flórez Espinosa le ha dado al Plan de Desarrollo, que sometió a consideración del Consejo Territorial de Planeación y al Concejo Municipal.

En ambas instancias cumplió un tortuoso trámite, no exento de críticas y numerosas recomendaciones; pero quizá de las más preocupantes son su falta de coherencia e incierta financiación.

Al Plan inicialmente formulado, el cabildo municipal le reformó el 67% de su contenido y se quedaron sin atender por parte del gobernante, 170 iniciativas que en la duma sustentaron.

Es por ello que a los ciudadanos de Tunja, nos gustaría saber, es ¿por qué el Concejo de la ciudad le otorgó aprobación unánime? y¿Quién vigila la legalidad de las decisiones adoptadas en el seno del Concejo?

Son inquietudes que generan dudas, y que los conocedores del derecho podrían dilucidar sin mayores contratiempos, por lo que me permito dejar planteadas algunas de ellas.

El Concejo fue convocado a sesionar el 29 de Mayo pasado a las 7 a.m., con el propósito de decidir en segundo debate, la suerte del Acuerdo No 014 de 2012 mediante el cual se adoptaría el Plan de desarrollo municipal.

Sin embargo, siendo las 7:00 a.m. la presidenta deja constancia en el Acta No 085 de dicha sesión, que solo se encuentran presente cinco (5) concejales, motivo por el cual la reunión no se inicia.

Quince minutos después (7:15 a.m.), la presidencia ordena una segunda verificación del quórum y se deja nuevamente constancia precisando que están presentes en el recinto de sesiones del Concejo ocho (8) de los ediles.

Tan solo a las 8:00 a.m. se constata que con la presencia de diez (10) concejales, existe quórum decisorio para iniciar una sesión que al momento de adoptar decisiones sobre el Plan, debe hacerlo con el voto favorable de trece (13) de sus ediles.

Así las cosas, la primera pregunta que surge es ¿Por qué no se aplicó lo ordenado en el inciso segundo del artículo 80 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de  Tunja?

Como no todos conocemos dicho Reglamento, vale recordar que allí se ordena en forma taxativa que “…si transcurrida la media hora siguiente a la cual fue citada la sesión y no se conformare quórum decisorio, se levantará la sesión no pudiéndose convocar para ese efecto el mismo día.”

Bueno, en aquella oportunidad la sesión no solo no se levantó, sino que se obró hasta aprobar uno a uno los artículos que conforman los tres (3) primeros Capítulos del Plan de Desarrollo.

Y la segunda pregunta que surge entonces, es ¿Tienen validez legal las decisiones adoptadas por los concejales al margen un Reglamento que está vigente desde el 28 de Octubre de 2008?

LA FERIA ARTESANAL

Se asegura que “…en la ciudad de Tunja se han identificado un gran número de personas, grupos familiares y grupos sociales que se han dedicado a la elaboración de artesanías como único sustento de bienestar social y económico de su núcleo familiar…”

Y que como verdad incontrovertible en estos actores económicos, “…ninguno ha tenido la oportunidad de comercializar su producto de forma continua y que tampoco ha tenido la oportunidad de asistir a alguna feria local, departamental ó nacional…”

Primera inquietud que surge de lo indicado por el Secretario de Cultura y Turismo en el proyecto, ¿cómo es posible que la artesanía sea el único sustento familiar, cuando no existe comercialización permanente del producto?

Y son más los interrogantes que deja la lectura del Proyecto denominado Implementación y Fortalecimiento del Sector Cultural en el Municipio de Tunja, radicado por el Secretario de Cultura y Turismo el pasado 23 de mayo de 2012.

Allí se precisa que “…la administración municipal preocupada por la falta de oportunidad de éste sector productivo realizará la FERIA ARTESANAL DE TUNJA, con el objeto primordial de dar a conocer los productos artesanales…”

Tarea que asume a pesar de la enorme limitante que se reflejada en que  “…La planta de personal del Municipio no cuenta con profesionales especializados en la organización de éste tipo de eventos…”

Circunstancia que acepta el Secretario de Cultura y Turismo, no permite que en la realización de la Feria Artesanal de Tunja, se “…garanticen y mantengan altos niveles de calidad…”

No obstante, se reserva para el Secretario de Cultura y Turismo las funciones de supervisión, con el único argumento de ser  “…la dependencia que genera el proyecto y determina su desarrollo…”

En circunstancias tan adversas, la administración municipal decide no solo realizar la Feria Artesanal, sino que entrega su manejo a un ente privado, del que se asegura los beneficiarios son “…dos Juancas y un Lucho…”

Lo curioso del proyecto, es que buscando dinamizar la economía del municipio y generar empleo a través del posicionamiento de productos, en la Feria Artesanal de Tunja, brillan por su ausencia los artesanos, microempresarios y vendedores informales de la ciudad. 

Algo me dice que los dineros de la ciudad, están apalancando la actividad comercial de personas distintas, a las que fueron invocadas en el proyecto para sustentar la realización de la Feria. Ahora tienen la palabra los organismos de control.

ÉSTE PREDIAL

La actualización catastral realizada por el IGAC y el consiguiente cobro del Impuesto Predial que en ella se sustenta, ha dado origen a un generalizado inconformismo ciudadano, motivado en su exagerado incremento.

A las marchas populares del 12 y 27 de Abril, le ha seguido la presentación ante el Alcalde de un Derecho de Petición suscrito por 2.317 Tunjanos, en el cual se exige la inaplicación de dicha actualización.

Una petición que sustentan en las precarias condiciones socio-económicas imperantes en la ciudad, que han permitido el registro de una tasa de desempleo del 14.4% según informe del DANE.

Todos sabemos que en Tunja predomina la actividad comercial y de servicios en medio de una tendencia decreciente, si tenemos en cuenta que en Cámara de Comercio los registros y la renovación de matriculas, se han reducido en el 50 y 45% respectivamente.

Las fuentes de empleo y los planes gubernamentales para su generación, son inexistentes en la ciudad, es por ello, que el índice de informalidad económica hoy llega al 65%.

¿Cuál es entonces el argumento del IGAC y de la administración municipal para exigir de los tunjanos el pago del impuesto predial, con un incremento que los firmantes del derecho de petición señalan esta oscilando entre el 200 y 1000%?

¿Acaso nuestras autoridades no saben que el ingreso promedio de los tunjanos que tienen un puesto de trabajo es de apenas el 1.5 SMMLV y que caerá sustancialmente, si continúan cerrando los almacenes y cafeterías de la ciudad?

Hoy el 95% de los Tunjanos reciben ingresos por debajo de un salario mínimo legal vigente, y ese 30% recaudado del predial, solo refleja que el ciudadano está siendo obligado a asumir un enorme sacrificio económico en familia.

Un hecho vergonzoso si tenemos presente, que nuestra comunidad registra una tasa de pobreza del 62.8% y que otra parte significativa de ella (28.8%) se encuentra sobreviviendo en la pobreza extrema.

La inaplicación solicitada de la actualización catastral, debe ser apoyada por el Alcalde de la ciudad, acogiendo el sentimiento de sus electores y el amparo legal que brinda la Ley 14 de 1983 y el documento CONPES No 3717 de 2011.

NO MÁS

He señalado con profunda convicción, que la protesta social debe ser garantizada por el Estado y defendida por los ciudadanos, pero que ésta no tiene porque culminar en la cárcel, el hospital ó el cementerio.

El pasado 20 de Marzo, cuando se conmemoraban 25 años del asesinato en predios de la UPTC del líder estudiantil Tomás Herrera Cantillo, dicho acto dio paso a una nueva pedrea.

La confrontación con el ESMAD tomó los ribetes de siempre, solo que en ésta oportunidad, la tula donde eran transportadas las papas bomba explotó, causando graves heridas y mutilaciones a seis estudiantes.

Dos días después de los hechos, falleció el joven Edwin Ricardo Molina Anzola, estudiante que cursaba el quinto semestre del programa de Sociales. La UPTC está de luto y un elevado costo ha sido endosado al Movimiento Estudiantil UPTCista.

En mi opinión, es momento de reflexionar. La dirigencia y las bases estudiantiles, deben al interior de la UPTC evaluar lo ocurrido, a fin de establecer la pertinencia ó no de algunos métodos de luchas.

La violencia en sí misma no es ni ha sido objetivo del Movimiento Estudiantil y por tanto debe ser vista como ajena, ya que con ella el establecimiento busca siempre deslegitimar su protesta, asociándola con el terrorismo.

Hoy con la misma vehemencia con que condenamos la siembra de minas antipersonales, debemos gritar exigiendo a los cuatro vientos, no más papas bomba.

El luto sembrado en el corazón de nuestro Pueblo, lo está arrodillando en la desesperanza, algo que históricamente ha sido y debe ser repudiado por el Movimiento Estudiantil.

Los mártires serán siempre recordados, pero el Movimiento Estudiantil asumiendo su principal responsabilidad, debe salvaguardar la existencia de quienes van acogido con entusiasmo las banderas de su lucha.

NACHO TORRES

Siendo Coordinador Departamental del Programa DRI-PMA que ejecutaba CORFAS en Boyacá, tuve el enorme placer de compartir por siete años con Manuel Ignacio Torres Navarrete, enriquecedoras experiencias con comunidades campesinas.

Por ello doy fe, que fue siempre un hombre bueno de comportamiento transparente y profundo amor por el servicio a sus semejantes, no en vano era el candidato más opcionado a convertirse en alcalde de Sogamoso.

Su asesinato el 11 de Octubre de 2000 a manos de miembros de las Autodefensas Campesinas de Casanare, nada tuvo que ver con su trabajo como dirigente Social, presidente en la Fundación Integración Campesina ó Delegado de la Unión Europea.

Alguien ó algunos sintieron que Nacho y sus propuestas, los alejaban de su turno en el poder en la ciudad, y optaron por segar los sueños de muchos sogamoseños, impidiendo incluso, que la Alianza Social Independiente ASI continuara en la campaña electoral.

Las amenazas contra el ingeniero Omar Freddy, designado para retomar las banderas de la Alianza y el exilio apresurado que tuvo que sufrir la esposa e hijos de Manuel Ignacio, confirman que se trató de un acto de connotación política.

De ahí que resulte de crucial importancia, la detención de Martin Llanos máximo comandante de las ACC, pues se abre la posibilidad para que las autoridades investiguen y den a conocer quién ó quiénes solicitaron al grupo paramilitar, la comisión del magnicidio.

Es un acto de justicia, lo que reclama el Pueblo de Sogamoso, que en el marco de la Marcha Blanca por la Vida, sembró en el costado nororiente del Parque de la Villa, un muelle al que bautizaron ese 18 de Octubre de 2000, como el Árbol de la Vida.

No podemos cerrar los ojos para negar la verdad, no podemos fingir olvido para evitar la justicia, no podemos callar mientras la vida y la libertad son asesinadas, es hora de frenar la impunidad.

Desde aquí, mi abrazo siempre fraterno para Nacho dónde quiere que este, para Luz Marina y sus jóvenes hijos Manuel y Sergio Andrés y para quienes no olvidan que hay una verdad por revelar.

ESE HUMEDAL

Desde el mes de diciembre pasado, existe el inexplicable interés de deteriorar aceleradamente el humedal que han denominado como Colegio La Presentación, pues en él deambulan con frecuencia camiones y camionetas.

A pesar de haberse denunciado el hecho ante las autoridades ambientales y de policía, al humedal continúan llegando cuatro ó cinco personas a cortar el pasto, que luego es cargado en un camión de cabina blanca ó en una camioneta gris.

La identificación de los carros, sus conductores y demás personal que invade para agredir el humedal, lo tiene la policía; lo curioso es que cogidos infraganti, hablan con los agentes motorizados por espacio de diez ó quince minutos y éstos se marchan, permitiendo que el atropello al humedal continúe.

Bueno sería que CORPOBOYACÁ fijará públicamente, su compromiso con la protección y conservación de los humedales en Tunja, pues es de todos conocido el aporte sustancial  de éstos sistemas al suministro de agua en la ciudad.

Es urgente que se informe, cuáles serán las actividades en concreto que la Corporación implementará en el municipio de Tunja, para garantizar la existencia de los pocos humedales que nos dejan los urbanizadores.

Igualmente, es indispensable que el gobierno del Doctor Fernando Flórez exprese en su programa de gobierno “Hechos de Verdad”, la estrategia que implementará, para que estos ecosistemas sean preservados.

Resultaría paradójico que en un gobierno dirigido por el Partido Verde, la orden emanada el 09 de noviembre de 2011 del Juzgado Noveno Administrativo, no tuviera el eco que merece.

No podemos olvidar que ese despacho judicial ordenó “… iniciar procesos de restauración para la conservación de éste tipo de ecosistemas…” e incorporarlos “…a la oferta ambiental del municipio en el tema de zonas verdes…”

¿Será que en Tunja lo acordado en la Convención de Ramsar/71 y acogido por el gobierno colombiano a través de la Ley 357 de 1997, terminará por no tener vigencia?  Habrá que esperar, los hechos nos dirán la verdad.