“…Estamos en trance de muerte, ustedes (el periódico El Tiempo) tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el ejército y la policía se detengan…ellos no entienden...”
“Coronel, van a morir los magistrados. ¿Si? Pues que después les hagan estatuas…”
“…por lo menos tres de los magistrados, los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Genecco, mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no uso la guerrilla…”.
“…la verdad es que la orden de quema de archivos fue el ejercito el que la dio…y fue posterior al asesinato de gente…”
“No hubo ningún plan dirigido a liberar rehenes… Desde cuando se dio por finalizada la recuperación del Palacio, se empezó a enmascarar la verdad de lo ocurrido allí…”
Son tantas voces silenciadas para engañar al pueblo colombiano, que Germán Castro Caicedo en su libro El Palacio sin Mascara, muestra el holocausto que las autoridades civiles y militares perpetraron el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La política de desinformación continua, el presidente Uribe persiste en la mentira de afirmar que “…una alianza criminal entre el narcotráfico y la guerrilla asesinó a la corte suprema de justicia…”.
“Con la toma, el M-19 buscaba entregarle a la Corte Suprema… un documento que llamaron demanda armada…” para que ese tribunal juzgara al presidente Belisario Betancur, por violar los acuerdos pactados. Dicho propósito exigía respetar la vida de los Magistrados.
Abogar por una legislación especial, es parte de esa historia siniestra, en la permanece sumergida la responsabilidad de quienes han pateado los derechos humanos y de gentes. Es una iniciativa para silenciar la justicia.
Nunca antes un presidente de Colombia había sido tan hostil con la rama judicial, como Álvaro Uribe Vélez, y nunca antes, ésta ha estado en más peligro que en los actuales momentos, en que el uribismo se atornilla en el gobierno.
“Coronel, van a morir los magistrados. ¿Si? Pues que después les hagan estatuas…”
“…por lo menos tres de los magistrados, los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Genecco, mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no uso la guerrilla…”.
“…la verdad es que la orden de quema de archivos fue el ejercito el que la dio…y fue posterior al asesinato de gente…”
“No hubo ningún plan dirigido a liberar rehenes… Desde cuando se dio por finalizada la recuperación del Palacio, se empezó a enmascarar la verdad de lo ocurrido allí…”
Son tantas voces silenciadas para engañar al pueblo colombiano, que Germán Castro Caicedo en su libro El Palacio sin Mascara, muestra el holocausto que las autoridades civiles y militares perpetraron el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La política de desinformación continua, el presidente Uribe persiste en la mentira de afirmar que “…una alianza criminal entre el narcotráfico y la guerrilla asesinó a la corte suprema de justicia…”.
“Con la toma, el M-19 buscaba entregarle a la Corte Suprema… un documento que llamaron demanda armada…” para que ese tribunal juzgara al presidente Belisario Betancur, por violar los acuerdos pactados. Dicho propósito exigía respetar la vida de los Magistrados.
Abogar por una legislación especial, es parte de esa historia siniestra, en la permanece sumergida la responsabilidad de quienes han pateado los derechos humanos y de gentes. Es una iniciativa para silenciar la justicia.
Nunca antes un presidente de Colombia había sido tan hostil con la rama judicial, como Álvaro Uribe Vélez, y nunca antes, ésta ha estado en más peligro que en los actuales momentos, en que el uribismo se atornilla en el gobierno.
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