El suministro de alimentos a los estudiantes, es un programa que nos alegra, pero no por ello olvidamos que el Plan Papa y al parecer ahora en el Plan de Alimentación Escolar P.A.E., la falta de control ha permitido la presencia de irregularidades y atropellos.
He sido informado que el Consorcio Alimentar por Boyacá, uno de los operadores del programa en el departamento y particularmente en Tunja, registra situaciones que deben ser investigadas y corregidas.
Por ejemplo, la vinculación laboral del personal administrativo y de operarias, debe ser examinada por el Ministerio de la Protección Social, ya que no existen contratos escritos y no se paga seguridad social ni auxilio de transporte.
A las señoras que preparan los almuerzos y refrigerios, no les han cancelado en el presente año su sueldo, y fueron obligadas a firmar un documento mediante el cual renuncian a sus derechos laborales, con la excusa de ser madres voluntarias.
La remuneración que deben recibir éstas mujeres se calcula así: $120, por el número de almuerzos servidos, por los días trabajados y dividido en el número de operarias. Lo que no siempre garantiza el mínimo legal mensual vigente.
Dichas operarias laboran de 6 a.m. a 5 p.m., y a pesar de ser una necesidad en virtud del oficio que realizan, tampoco reciben guantes, calzado adecuado y delantal.
De otro lado, la calidad de los alimentos suministrados debe ser certificada, pues en muchas ocasiones, se reciben en las instituciones educativas con faltantes o en estado de descomposición.
Si bien el ICBF ha conceptuado que verdura y proteína son insustituibles en la dieta y preestablece su presencia en todas las minutas, nuestras fuentes aseguran, que son precisamente las que faltan en el menú diario.
En la práctica, el huevo reemplazó al pollo en el menú y ese menor costo se transfiere convertido en ganancia al Consorcio, en detrimento de la dieta que se contrató pensando en el bienestar de nuestros estudiantes.
En consideración a que algunos empleados lo aseguran, dejo una inquietud adicional para la Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, Señores, ¿estamos ante el mismo operador con distinta razón social?
He sido informado que el Consorcio Alimentar por Boyacá, uno de los operadores del programa en el departamento y particularmente en Tunja, registra situaciones que deben ser investigadas y corregidas.
Por ejemplo, la vinculación laboral del personal administrativo y de operarias, debe ser examinada por el Ministerio de la Protección Social, ya que no existen contratos escritos y no se paga seguridad social ni auxilio de transporte.
A las señoras que preparan los almuerzos y refrigerios, no les han cancelado en el presente año su sueldo, y fueron obligadas a firmar un documento mediante el cual renuncian a sus derechos laborales, con la excusa de ser madres voluntarias.
La remuneración que deben recibir éstas mujeres se calcula así: $120, por el número de almuerzos servidos, por los días trabajados y dividido en el número de operarias. Lo que no siempre garantiza el mínimo legal mensual vigente.
Dichas operarias laboran de 6 a.m. a 5 p.m., y a pesar de ser una necesidad en virtud del oficio que realizan, tampoco reciben guantes, calzado adecuado y delantal.
De otro lado, la calidad de los alimentos suministrados debe ser certificada, pues en muchas ocasiones, se reciben en las instituciones educativas con faltantes o en estado de descomposición.
Si bien el ICBF ha conceptuado que verdura y proteína son insustituibles en la dieta y preestablece su presencia en todas las minutas, nuestras fuentes aseguran, que son precisamente las que faltan en el menú diario.
En la práctica, el huevo reemplazó al pollo en el menú y ese menor costo se transfiere convertido en ganancia al Consorcio, en detrimento de la dieta que se contrató pensando en el bienestar de nuestros estudiantes.
En consideración a que algunos empleados lo aseguran, dejo una inquietud adicional para la Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, Señores, ¿estamos ante el mismo operador con distinta razón social?
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