La corrupción en la gestión pública ha permitido que el retroceso de las ciudades y la pobreza de sus gentes, den paso al enriquecimiento ilícito del binomio gobernante – contratistas, gracias a la depredación de los recursos del Estado.
Un hecho que está sembrando violencia e inseguridad en nuestras calles, mientras nos priva de recursos indispensables para detener la caída que en materia de calidad de vida registran nuestras comunidades.
El control político que debían ejercer los concejos, asambleas y congreso ha sido suplantado por la componenda política, y el control social se ha frustrado a través de la desinformación del ciudadano.
La pauta publicitaria se ha convertido en el sepulturero de la ética en algunos medios de comunicación y en el instrumento de seducción para que algunos “periodistas” soslayen la verdad que al gobernante le resulta incomoda.
¿Es ético guardar silencio u ocultar la denuncia ciudadana, cuando la moralidad pública es ultrajada y el riesgo de detrimento patrimonial ha comenzado a florecer por todas partes con cada acción del gobernante?
Cada lector podrá emitir la respuesta que estime pertinente, y sin embargo, no podremos sustraernos al hecho que de fondo se nos está planteando: la vigencia del interés privado sobre el interés colectivo.
Nos hemos acostumbrado a la ilegalidad, de ahí la animadversión con que se trata a quien asume con responsabilidad la denuncia de los atropellos contra la moralidad pública.
La “cultura del todo vale”, ha permitido que se atropelle la dignidad de quien se atreve a exigir la vigencia de los principios de planeación y responsabilidad en la gestión pública.
La ética ha sido emboscada, y desde las instancias de gobierno, se promueve en los medios de comunicación con innegable propósito distractivo, la polarización de la opinión pública.
Un hecho que está sembrando violencia e inseguridad en nuestras calles, mientras nos priva de recursos indispensables para detener la caída que en materia de calidad de vida registran nuestras comunidades.
El control político que debían ejercer los concejos, asambleas y congreso ha sido suplantado por la componenda política, y el control social se ha frustrado a través de la desinformación del ciudadano.
La pauta publicitaria se ha convertido en el sepulturero de la ética en algunos medios de comunicación y en el instrumento de seducción para que algunos “periodistas” soslayen la verdad que al gobernante le resulta incomoda.
¿Es ético guardar silencio u ocultar la denuncia ciudadana, cuando la moralidad pública es ultrajada y el riesgo de detrimento patrimonial ha comenzado a florecer por todas partes con cada acción del gobernante?
Cada lector podrá emitir la respuesta que estime pertinente, y sin embargo, no podremos sustraernos al hecho que de fondo se nos está planteando: la vigencia del interés privado sobre el interés colectivo.
Nos hemos acostumbrado a la ilegalidad, de ahí la animadversión con que se trata a quien asume con responsabilidad la denuncia de los atropellos contra la moralidad pública.
La “cultura del todo vale”, ha permitido que se atropelle la dignidad de quien se atreve a exigir la vigencia de los principios de planeación y responsabilidad en la gestión pública.
La ética ha sido emboscada, y desde las instancias de gobierno, se promueve en los medios de comunicación con innegable propósito distractivo, la polarización de la opinión pública.
No hay comentarios:
Publicar un comentario