El dengue, enfermedad de Chagas,
leishmaniasis, fiebre amarilla y malaria son algunas de las enfermedades
transmisibles por vectores, que proliferan en los municipios con clima cálido y
son atendidas a través del Programa ETV.
Las autoridades sanitarias
están obligadas en dicho programa, a realizar actividades de promoción,
prevención y control en sesenta (60) municipios catalogados en Boyacá de alto o
mediano riesgo para ETV.
Para lo cual se mantiene con
vinculación permanente a un (1) Coordinador y tres (3) funcionarios referentes,
mientras que los veinticuatro (24) operarios del programa, laboran al vaivén de
las órdenes de prestación de servicios.
Estos trabajadores de campo
contratados cada cinco (5) meses, permanecen viajando, debiendo asumir los
costos de desplazamiento, hospedaje y manutención con la remuneración mensual
que se les da.
Es más, con dicha paga deben
cotizar los aportes a salud, pensiones y riesgos laborales nivel cinco en
consideración a los peligros que en dicha labor asumen. El remanente, es para
intentar que la familia subsista con precaria dignidad.
Lo curioso es que dichos
técnicos son vinculados por la Secretaría de Hacienda gracias a la intervención
de los honorables diputados, deseosos de modificar permanentemente la nómina,
sin evaluar los riesgos de dicha decisión.
La inexperiencia o carencia
de idoneidad al ejecutar la entomología médica o la intervención química
inherentes al programa de enfermedades transmisibles por vectores, pone en
grave riesgo la vida del funcionario y de la población atendida.
Es más, ese juego en la
contratación de los técnicos resulta preocupante,
pues deja adicionalmente en peligro, los
procesos de certificación internacional para municipios libres de Chagas
emprendidos en Moniquirá, Soatá, Boavita y La Uvita.
Y la misma suerte podría
tener la certificación internacional que en el curso del presente año se busca
obtener en cinco (5) municipios del Valle de Tenza, con el apoyo de la
Universidad Javeriana y el Ministerio de Salud.
La nómina oficial y paralela
al igual que el presupuesto de las entidades públicas, siempre ha estado a
merced de la voraz politiquería, pero jugar con la salud de los funcionarios y
las comunidades, exige la inmediata intervención de los entes de control.
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