martes, 20 de agosto de 2013

RE - VICTIMIZADOS


A Pedro José Mogua lo sacaron de su tierra a la una de la mañana,  su esposa e hijas tuvieron que cargarlo, ya que minutos antes,  los paramilitares lo hicieron acostar boca abajo y atravesaron su cuerpo en tres oportunidades con la bayoneta calada al fusil.

Así lo convirtieron en uno de los miles de desplazados internos que está produciendo el conflicto armado colombiano,  arribando a Tunja el 9 de febrero de 2012, para rendir una declaración ante la Personería Municipal.

Como víctima de la violencia, fue recibido en el Hogar de Paso que operaba en el Barrio Jordán, una alegría que solo dura treinta días calendario, al cabo de los cuales,  todo desplazado debe abandonar el inmueble.

Se presume que es el tiempo suficiente, para que el Estado los reconozca como víctimas, y sean vinculados a los programas de ayuda humanitaria que la ley les reconoce. Un supuesto, que en muchas ocasiones no tiene validez.

A  Pedro José lo han tenido durante un año y medio deambulando por Tunja, en medio de toda suerte de penurias, sin que se  haya corregido el error que cometieron, al digitar un número de su cédula de ciudadanía en la resolución que lo incluye en el Registro Único de Victimas.

En Bogotá, esa resolución fue firmada el 9 de noviembre de 2012 en la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas, pero a él, sólo le fue notificada en Tunja,  el 8 de Mayo de 2013.

 

De nada han servido las innumerables solicitudes y ruegos de Pedro José, la ayuda no llega, es más, desconoce sobre cómo acceder a los programas de Reparación Integral de los que le han hablado. 

Y mientras tanto, “…Mi familia se está desintegrando, existen conflictos familiares debido a la situación que afronto…”; nadie lo escucha, y en medio de esa angustia murió su hija menor de 10 años.

“He contemplado acciones extremas contra mi integridad física, al no encontrar solución a mis problemas…”; pero en las oficinas del Estado Colombiano, a nadie parece importarle su suerte.


 Bueno sería, que las instituciones y organizaciones de Derechos Humanos y de Control del Estado, asumieran una papel más activo frente a una población que convertida en victima por el conflicto armado, está siendo nuevamente victimizada por la negligencia de algunos funcionarios.

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