viernes, 2 de febrero de 2018

EL ABUSIVO PREDIAL


El cobro del impuesto predial se ha convertido en la gota que rebosó la copa y amenaza con romper esa indiferencia, que parece arropar permanentemente a los Tunjanos.

La revocatoria del mandato del Alcalde Pablo Emilio Cepeda, esta al orden del día, junto a la invitación que por redes sociales se hace, para sancionar electoralmente a cada uno de los concejales que el pasado 30 de diciembre votaron la actualización del Estatuto de Rentas y Gastos de la ciudad.

Sin embargo, conviene precisar que dicho Estatuto tiene muy poco que ver, con los montos exagerados que la Alcaldía está cobrando a los tunjanos, por concepto de Impuesto Predial Unificado.

Vale señalar, que tal impuesto lo pagan todos los propietarios, poseedores o usufructuarios de bienes inmuebles ubicados dentro de nuestro municipio, y que su actualización de conformidad con la Ley No 1450 de 2011, debe efectuarse cada cinco (5) años.

Un proceso en el cual, la base gravable para su cálculo y cobro en cada vigencia, es el Avaluo Catastral, cuyos estudios, cuantificación y certificación; son responsabilidad omnímoda del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Lo que ocurrió en el Concejo Municipal de Tunja ese 30 de Diciembre, fue que al examinar el Estatuto de Rentas y Gastos, se acogió en dicha corporación la solicitud formulada por nueve (9) concejales, mediante oficio radicado el 30 de Noviembre de 2017 con el número 138 – 4 – 1/2017/32052.

En esa misiva,  se solicitó expresamente al Alcalde Mayor de Tunja “…modificar las tarifas que liquidan el Impuesto Predial Unificado para la vigencia 2018…”, en consideración a que ya se conocía que la actualización catastral de 2017 “…conlleva un incremento notorio en los avalúos de los predios…”

Un hecho, que en medio de la precariedad de los ingresos familiares y el incremento en los índices de desempleo y actividades de rebusque callejero; debió conllevar a la exigencia inmediata ante el IGAC, de revisar la actualización catastral realizada.

Era evidente y de todos conocido, que la reducción tarifaria del 0.5 por mil y el incremento en cinco (5%) puntos porcentuales del descuento por pronto pago, resultarían absolutamente inocuos.

En circunstancias económicas tan adversas, el Alcalde Mayor y el Concejo Municipal, como resultado del examen de la difícil situación socio – económica reinante en la ciudad; debieron considerar la opción de dirigirse al Gobierno Nacional, para solicitarle la inaplicación de la actualización catastral, tal como los faculta el artículo 10 de la Ley No 14 de 1983.

No hay porque guardar silencio, el momento para la indignación está plenamente justificado, los Tunjanos esperamos, que por lo menos nuestros representantes elegidos por voto popular, no ayuden a erosionar el precario ingreso familiar al que hemos sido condenados.



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