LA DISCULPA

Cuando el telón esta por caer, se busca angustiosamente, señalar como responsables de la pésima gestión que registra la actual administración municipal, a los concejales del Partido Liberal y sobre todo, al concejal de Polo Pedro Pablo Salas.

Una inaudita disculpa que molesta, porque con ella no solo se irrespeta la inteligencia del Pueblo Tunjano, sino que busca trasladar a otros, la inocultable responsabilidad de tanta ineptitud.

Estoy convencido que al escuchar al mandatario local exclamar “…que me dejen trabajar, por Dios, no metan más palos a las ruedas…” los 34.600 votos que obtuvo en su elección, fruncen arrepentidos el ceño.

“…que me dejen trabajar, por Dios…” es una evocación soslayada de esa disculpa que nadie acepta, ya que el único responsable es nuestro alcalde, por querer improvisar brincándose cuanta normatividad existe.

Esa es la única explicación, al cumulo de demandas que ha recibido en su ejercicio la administración de “Para Tunja…Lo Mejor”, y que cursan en juzgados de la ciudad.

“…no metan más palos a las ruedas…”, parece ser el reclamo de alguien a quien le han frustrado una faena redonda, una tarea perfecta; y no es verdad, la realidad es absolutamente opuesta.

Tunja es hoy una ciudad en ruinas, varios miles de millones desembolsados por la administración anterior, son hoy obras inconclusas, a las cuales le dieron en ésta administración nuevos recursos o se recibieron sin finiquitar.

Las mega obras como el Parque de La estancia EL Roble, Plaza de mercado de Oriente, han comenzado a ser desplazadas por su mentor en el cuadro de prioridades.

Los mega andenes los desbaratan por deficiencia en los diseños, o simplemente porque los estudios que apoyaban la peatonalización del Centro Histórico, fueron ignorados, para favorecer a los empresarios del transporte urbano.

Cuando todos esperábamos sinceridad en el mandatario local, él decidió sacarle el Q-erpo a las responsabilidades, a pesar de las innumerables quejas y acusaciones que adicionalmente cursan en Procuraduría, Contraloría, Personería y Defensoría del Pueblo.

PEDRO DIARIO

El Diario cumplirá 15 años, y hablar de él nos remite necesariamente a Pedro Esaú Mendieta, su gestor y gerente. Un boyacense obsesionado con el periodismo ejercido desde la verdad y la ética.

Una labor, que ha favorecido los intereses de la comunidad boyacense, pues ha sido una tribuna responsable y profunda de la denuncia social, política y económica.

A Pedro Esaú, mi más cálido y afectuoso respeto por la labor cumplida, ha hecho de El Diario, la caja de resonancia de la voz de nuestras gentes y regiones, en contra de la corrupción e impunidad de nuestro gobernantes y dirigentes.

Si la Voz del Pueblo es la voz de Dios, no me cabe ninguna duda, en Boyacá El Diario es el medio que fiel y solidariamente la reproduce, por ello valoro en grado sumo, el significativo contenido de opinión que alberga en cada una de sus ediciones.

Con el profesionalismo de siempre, el rostro de El Diario ha evolucionado favorablemente, su imagen primigenia en tamaño tabloide europeo evolucionó rompiendo paradigmas, y adoptó eclécticamente su presentación tamaño carta.

Dentro de esa lógica empresarial, adoptada con el propósito de maximizar el uso del papel periódico, y ésta vez bajo la acertada diagramación de Carolina Mendieta y Miguel Ángel Montañéz, El Diario comenzó a presentarse a partir del año 2009 en tamaño cuarto de pliego.

Se mejoró sustancialmente el contenido, la fotografía de Hisrael Garzón Roa adquirió gran protagonismo, aparecieron secciones nuevas como entretenimiento y curiosidades,
Se animaron nuevos columnistas y la voz de la ciudadanía comenzó a crecer, a las Reflexiones de Teófilo de la Roca y el popular Tinto Oscuro del poeta León Humberto Mojica Salazar, se unió La Misma, Pazquinar y El Iguaqueño.

Hoy, convertido en quinceañero, acoge a reconocidos académicos como Armando Suescun Monroy y Edilberto Rodríguez Araujo, cuyas opiniones se unen al esfuerzo de Pedro Diario por formar en Boyacá una nueva ciudadanía para el cambio.

Pedro Diario la vida de un soñador, construyendo opinión por la salud de la hermosa tierra boyacense, a él y a esa gran familia mi abrazo fraterno y mi lealtad siempre.

INDIGNANTE

Para nadie es un secreto que los programas PAPA y PAE fueron implementados en el departamento por la Gobernación e ICBF, con el propósito de beneficiar a la población infantil.

Sin embargo, toda suerte de irregularidades se han registrado en perjuicio de muchos boyacenses, sin que las autoridades competentes hayan tutelado oportuna y efectivamente sus derechos.

El gobernador de Boyacá, la Directora del ICBF en Boyacá y los alcaldes municipales, tienen una enorme responsabilidad en lo acontecido y deben responder por acción u omisión.

Hoy volvemos a reiterar sobre un hecho específico, la delicada situación que se origina cuando la Gerente del Consorcio Alimentar por Boyacá, elabora un oficio que luego hace firmar a cada una de las operarias del Programa de Alimentación Escolar.

Con dicho documento, y en circunstancias que deben ser objeto de investigación, el Consorcio convirtió en “voluntarias” a las personas que fueron vinculadas para la preparación, manipulación y distribución de los alimentos a los estudiantes.

Sin saberlo, dichas personas “se despojaron” a sus derechos laborales, por lo que durante cinco meses fueron mantenidas con el engaño de una paga que no llegó, y que al término del contrato estatal, jamás llegará.

Si bien el Consorcio buscó ampararse al tenor del artículo 3. Numeral 2 de la Ley 720 del 24 de diciembre de 2001, es evidente que las circunstancias que rodean éste hecho, exigen la intervención del Ministerio de la Protección Social.

Una investigación en la que no deben estar ausentes las Procuraduría Provincial, Defensoría del Pueblo, Personerías y Contralorías Municipal; a fin de evitar que mil ciento ochenta boyacenses sean despojados de los salarios devengados.

Resulta indignante, que a través de un programa de gobierno sean vulnerados derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas boyacenses, pues el operador se “deshizo” de la responsabilidad contractual adquirida con el Estado, de cumplir con el pago de salarios y prestaciones sociales.

PERSONERÍA ESTUDIANTIL

Desde su implementación, la motivación, orientación, organización y asesoría de la personería estudiantil quedó bajo la tutela de los docentes adscritos al proyecto de Democracia, Paz y Desarrollo de Valores Humanos.

Es claro el interés del legislador, por promover liderazgos para la construcción de una ciudadanía participativa, que desde las aulas comience a ser garante del respeto y vigencia de los derechos del niño y joven estudiante.

Tal consideración obliga al personero en primera instancia, a promover el ejercicio de los deberes y derechos estudiantiles, consagrados en la Constitución, las leyes y el Manual de Convivencia.

Sin embargo, su rol transciende el trámite de la queja, para convertirse en cogobernante en su institución educativa, una responsabilidad que hoy recae en el estudiante de grado once que resulte elegido por sus condiscípulos.

Temas como la calidad de la educación, idoneidad ética y profesional del docente, drogas y violencia, discriminación y abusos de poder; deben estar presentes en la agenda de éste líder estudiantil.

Con beneplácito debo destacar, que el pasado 18 de mayo de 2011, se realizó en la sede de la Institución educativa San Jerónimo Emiliani, el Primer Encuentro Municipal de Personeros Estudiantiles.

Un evento convocado por el sacerdote de la Comunidad Somasca Ricardo Poveda Roa y la especialista María del tránsito Parada, con el propósito de promover Liderazgo y Trabajo en Equipo en nuestra dirigencia juvenil.

Las ponencias sobre Formación Integral, Liderazgo Positivo y Trabajo en Grupo presentadas por el Doctor Milton García Hernández y la Licenciada Diana Arango respectivamente, brindaron el marco conceptual de las deliberaciones.

Dirigentes de diez instituciones educativas oficiales y doce privadas, socializaron sus experiencias individuales y acordaron crear la Asociación Municipal de Personeros Estudiantiles de Tunja.

Un instrumento a través del cual buscarán coordinar su accionar futuro, en la perspectiva de favorecer gratuidad y excelente calidad en la educación primaria y secundaria, convivencia armónica y el respeto por los derechos humanos.

EL P.A.E.

El suministro de alimentos a los estudiantes, es un programa que nos alegra, pero no por ello olvidamos que el Plan Papa y al parecer ahora en el Plan de Alimentación Escolar P.A.E., la falta de control ha permitido la presencia de irregularidades y atropellos.

He sido informado que el Consorcio Alimentar por Boyacá, uno de los operadores del programa en el departamento y particularmente en Tunja, registra situaciones que deben ser investigadas y corregidas.

Por ejemplo, la vinculación laboral del personal administrativo y de operarias, debe ser examinada por el Ministerio de la Protección Social, ya que no existen contratos escritos y no se paga seguridad social ni auxilio de transporte.

A las señoras que preparan los almuerzos y refrigerios, no les han cancelado en el presente año su sueldo, y fueron obligadas a firmar un documento mediante el cual renuncian a sus derechos laborales, con la excusa de ser madres voluntarias.

La remuneración que deben recibir éstas mujeres se calcula así: $120, por el número de almuerzos servidos, por los días trabajados y dividido en el número de operarias. Lo que no siempre garantiza el mínimo legal mensual vigente.

Dichas operarias laboran de 6 a.m. a 5 p.m., y a pesar de ser una necesidad en virtud del oficio que realizan, tampoco reciben guantes, calzado adecuado y delantal.

De otro lado, la calidad de los alimentos suministrados debe ser certificada, pues en muchas ocasiones, se reciben en las instituciones educativas con faltantes o en estado de descomposición.

Si bien el ICBF ha conceptuado que verdura y proteína son insustituibles en la dieta y preestablece su presencia en todas las minutas, nuestras fuentes aseguran, que son precisamente las que faltan en el menú diario.

En la práctica, el huevo reemplazó al pollo en el menú y ese menor costo se transfiere convertido en ganancia al Consorcio, en detrimento de la dieta que se contrató pensando en el bienestar de nuestros estudiantes.

En consideración a que algunos empleados lo aseguran, dejo una inquietud adicional para la Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, Señores, ¿estamos ante el mismo operador con distinta razón social?

¡POR FIN!

El ejercicio de la autoridad desde la orilla de la intolerancia, se convierte rápidamente en abuso de ella y en violación a los derechos humanos de los ciudadanos.

En Tunja, dicha situación es “normal” y el sector social que con más frecuencia sufre todo tipo de maltratos son los habitantes de calle, a quienes incluso se les tiene prohibido circular en el centro histórico.

El pasado martes 10 de mayo sobre las 7:12 p.m. por fin la ciudadanía tunjana reaccionó indignada, y dejó ver su inconformidad por el comportamiento agresivo de unos agentes del departamento de policía Boyacá.

Dos policías bachilleres le propinaron violenta paliza a “Rambo”, un joven adicto a la inhalación de pegante, y quien como consecuencia de ello, presenta grave dificultad para desplazarse.

En forma muy agresiva, los bachilleres le exigieron el frasco de pegante y “Rambo” lo entrego, pero inexplicablemente fue inmediatamente agredido a puñetazos y puntapiés.

Al caer, su cuerpo quedó atrapado de bruces entre el sardinel del jardín y una palmera de la Plazoleta de San Francisco, y allí continuaba recibiendo la paliza, siendo necesario llamar al comando central.

Los indignados ciudadanos en presencia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo casualmente allí presente, exigían a los motorizados recién llegados, que a “Rambo” se le brindara atención médica.

La respuesta siempre fue esperar la llegada de los bomberos, pero ello jamás ocurrió; y dando tumbos, “Rambo” se incorporó y alejó de la Plazoleta, ante la mirada displicente de los cuatro agentes de policía.

Algo está fallando, la educación ó adiestramiento que se recibe está convirtiendo a muchos colombianos en depredador de sus congéneres, y ante la barbarie, el silencio nos hace cómplices.

A muchos de quienes presenciamos tan vergonzoso abuso de autoridad, nos queda la triste certeza, que éste hecho como tantos otros, pasará sin que se tome ningún correctivo.

Es por ello pertinente a futuro, que el informe de seguridad y orden público, no sea presentado a puerta cerrada ante el Alcalde y Concejo, sino ante la comunidad, a fin de procurar respeto a sus derechos.

D-ESPACIO

Como no existe una alternativa del gobierno municipal, al reto que plantean las ventas ambulantes, se integró la Unidad Permanente para la Organización, Control y Vigilancia del Espacio Público, contratando por prestación de servicios a quince personas con una remuneración total mensual de $26 millones.

Hoy, a dichas personas es común verlas en el Centro Histórico de la ciudad, vistiendo una chaqueta blanca, contramarcada con el eslogan del plan de desarrollo Para Tunja…Lo Mejor.

Dicho unidad de apoyo logístico, no tiene facultad para efectuar decomisos de mercancías en la ciudad de Tunja, ya que la administración municipal no puede delegar en ella, facultades inherentes a las autoridades de policía.

Corresponde única y exclusivamente a los Inspectores de Policía en ejercicio de funciones, ordenar y practicar conforme a derecho, las diligencias que tengan por objeto el decomiso o retención de mercancías.

Sólo si se ha surtido dicho trámite, los integrantes de la unidad están facultados para recoger, embalar, inventariar y trasladar adecuadamente al sitio que determine el inspector, las mercancías que éste ha ordenado retener ó decomisar.

Los productos perecederos decomisados, deben ser entregados inmediatamente a entidades de caridad, dejando constancia en acta. Otro tipo de mercancías, mediante resolución podrán ser retenidas hasta por noventa días en la bodega de la Secretaría de Gobierno municipal ó incautadas.

Dos inquietudes acerca de los productos no perecederos. Cuando son retenidos, ¿Quién responde por deterioro o faltantes? y cuando son decomisados, ¿Cuál es su destino final? Bueno, tienen la palabra los organismos de control.

Ejercer con transparencia el procedimiento antes descrito, evita dificultades futuras a la Unidad de Control, ante la eventual comisión del punible por usurpación de funciones públicas, de que trata el artículo 425 del Código Penal.

Andar d-espacio respetando los derechos del otro, resulta ser la mejor recomendación para la convivencia ciudadana, en tiempos en los que brillan por su ausencia las políticas de generación de empleo y beneficio social.