ALGUIEN MAÑOSO

Quejarse de la mala calidad de los servicios públicos o del trato descortés que las empresas les brindan a los usuarios, sin que las autoridades competentes se inmuten, a pesar de las columnas de derechos de petición que se levantan sobre sus escritorios, es visto como algo normal.

Sin embargo, no conviene exagerar, pues si bien los boyacenses hacemos fiesta con una copla coja, también es cierto que llegado el momento, podemos sacarle chispas a las cacerolas y poner a correr ministros y al mismo presidente.

El usuario de gas natural, está siendo obligado en forma reiterada a permanecer encerrado en su vivienda, por espacio de seis o doce horas, aguardando al operario que le expedirá la certificación de la instalación domiciliaria.

Pero el funcionario designado en forma directa o indirecta por Gas Natural Fenosa, se da el lujo en el mejor de los casos de no presentarse, o simplemente de llegar sigilosamente y tira por debajo de la puerta un comprobante de visita exigiendo su reprogramación.

Y como los boyacenses nos hemos acostumbrado a obedecer sin cuestionar, en la oficina de Gas Natural Fenosa para nuestra sorpresa, nos enteramos que el operario ha informado que la visita no se realizó, porque el usuario del servicio no se encontraba en casa.

¿Qué puede estar motivando ese tipo de comportamiento, en el que la ética brilla por su ausencia?

Recordemos que en el comprobante de visita, se deja constancia que “…Si por eventos atribuibles al cliente no es posible efectuar la inspección requerida, la empresa procederá a la suspensión preventiva del servicio”

¿Son acaso los $38.313 que el usuario de gas natural está obligado a cancelar por concepto de reconexión del servicio, la explicación a dicho comportamiento?

No vale la pena especular, por lo cual llamo con éste artículo la atención de los organismos directivos de Gas Natural Fenosa, autoridades municipales y organismos de control del Estado; pues un comportamiento mañoso se está registrando alrededor de las visitas técnicas.

Prefabricar “…eventos atribuibles al cliente…” para justificar la suspensión preventiva del servicio, es una conducta que exige la intervención la empresa y de las autoridades competentes; pues alguien busca colocar en estado de indefensión a los usuarios, para vulnerar sus derechos.

GAS PESADO

El muy ansiado y benéfico servicio de gas natural, ha tenido desde su irrupción en la vida de los hogares boyacenses, muchas sorpresas que a mi juicio se originan en la transferencia a cuenta gotas de la información a los usuarios.

En los días felices de su instalación, los problemas y recomendaciones brillaron por su ausencia, permitiendo que formularios y firmas acudieran presurosos del lado de la empresa y los beneficiarios.

Sin embargo, la alegría comenzó a matizarse de grises al registrarse la primera visita reglamentaria, pues inexplicablemente surgieron los inconvenientes técnicos que avizoraban situaciones lamentablemente trágicas.

Un hecho que dio paso a la construcción de ventanas, improvisación de claraboyas, eliminación de puertas o instalación de extractores de aire; para evitar que las amas de casa o empleadas domésticas, pudieran sufrir desmayos por causa de algún escape de gas.

Con el arribo de las subsiguientes visitas técnicas, las fugas en la red domiciliaria y los defectos en los artefactos a gas asumieron el protagonismo, obligando a contratar con alguna de las firmas recomendadas por la empresa, el arreglo de los inconvenientes encontrados.

Hasta aquí, el usuario del gas natural simplemente obedece en silencio y paga por temor al anunciado corte preventivo del servicio, pues no deja de pensar en el elevado costo de la reconexión y los traumatismos que ello originaría en el hogar.

No obstante, lo que resulta irrespetuoso, es que Gas Natural Fenosa notifique la fecha en que realizará la visita de verificación de arreglos, obligando a la familia a permanecer en acuartelamiento de primer grado todo un día, y el funcionario de la empresa no llegue.

Algo deplorable, si a ello le adicionamos que la empresa sin ningún argumento, decide responsabilizar del hecho al usuario del servicio, y por consiguiente de la demora en la certificación de la instalación.

Gracias a esa odiosa pedagogía del terror, a éstas altura el usuario de gas natural, ya ha cancelado  a través de la factura de consumo, la suma de $ 62.735 por concepto de la Revisión Técnica y  ha pagado los arreglos ordenados.

Después de acudir a las oficinas de la empresa, para que le sea reprogramada la visita de verificación, el usuario vuelve a repetir en vano la jornada de acuartelamiento familiar, pues el esquivo operario por segunda ocasión los vuelve a dejar plantados.

No hay duda que al usuario de gas natural, no se le brinda un trato considerado, algo que resulta molesto e innecesario, pues los boyacenses hacemos fiesta hasta con una copla coja, en medio del silencio de las autoridades competentes.  

TAXISTAS, ¿Y LA PILA?

Una de las prioridades en nuestro modelo económico, es el deber que tienen los gobiernos de formalizar todo y a todos los colombianos, como premisa indispensable en la generación de los ingresos que el establecimiento requiere.

Y el gremio de los taxistas que en Colombia está conformado por  156 empresas, 300.000 propietarios, 841.500 conductores y 480.000 vehículos registrados; no iba a ser la excepción.

Por ello el 4 de Junio, el presidente Juan Manuel Santos rubricó el decreto No 1047, con el cual se establecen normas para asegurar la afiliación de los conductores de taxi al Sistema Integral de Seguridad Social.

A pesar de que la normatividad colombiana tiene desde 1959 establecido que “…el contrato de trabajo verbal o escrito, de los choferes asalariados del servicio público, se entenderá celebrado con las empresas…”

Es más, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 17 de abril de 2013, preciso que “…la vinculación laboral del conductor es con la empresa afiladora y que existe solidaridad entre esta y el propietario del taxi...”  para su obligatoria afiliación a la Seguridad Social.

Sin embargo, bueno es señalar que los negociadores con la anuencia del gobierno, evitaron en la redacción del Decreto No 1047, cualquier mención a la existencia de algún tipo de relación laboral entre Empresa-Propietarios de taxi y conductores.

La norma que busca formalizar el ingreso del 88% de los taxistas al S.S.I., exige que “…ningún conductor puede trabajar mientras no se haya pagado su salud, su pensión y la tarifa para cubrir los riesgos laborales que quedarán establecidos en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA.”

Un costo que según indicó el Ministro de Trabajo, será asumido por el usuario del servicio de taxi a través del incremento de tarifas, conforme al estudio que debe realizar en cada municipio las autoridades competentes.

Sin embargo, el gobierno dio la oportunidad de dilatar su aplicación, al señalar que los tres primeros meses serán para la socialización, los siguientes seis para asesoría del Ministerio de Trabajo y dos años más, para implementar la formalización laboral.

Algo que justifica, por la pretensión de buscar en primera instancia la seguridad social para los conductores, en segunda su profesionalización a través del SENA y finalmente la formalización del sector.

No obstante, las empresas de taxis deben asegurar a sus conductores a través de una póliza, cuya cuantía no podrá ser inferior a 30 smlmv, para amparar riesgos de muerte o incapacidad total y permanente por accidente de tránsito o por hurto o tentativa de hurto en la presta el servicio.

Así las cosas, bueno sería que las autoridades municipales y las empresas prestadoras del servicio público de transporte individual de pasajeros en vehículos taxi, nos contarán cómo va ese proceso.

SOMOS PALESTINA

Invocando el derecho a defenderse, en Palestina los bombardeos y las incursiones terrestres del ejército israelí, han causado la muerte a 1.332 civiles, entre los que se cuentan 258 niños.

Más de 220.000 desplazados han llegado a 69 centros de acogida de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos UNRWA, mientras que 6.850 heridos de los cuales 1.689 son niños, intentan salvarse de morir entre las montañas de escombros en que están convirtiendo a Gaza.

Una masacre que reiteradamente se repite desde el 15 de mayo de 1948, sin que la ONU haya logrado proteger la vida y los derechos de un pueblo que está siendo exterminado en su tierra, con el único propósito de evitar la existencia y  reconocimiento del Estado independiente y soberano de Palestina.

Gaza es hoy un enorme cementerio sepultado entre las ruinas de más de  4.100 casas que han sido destruidas, bajo el sofisma de que allí “el terrorismo” oculta armas estratégicas altamente sofisticadas para atacar a Israel.

Es una guerra desigual, en la que el gobierno de Benjamín Netanyahu hace caso omisión del DIH,  con la falacia de ser víctima de un racismo que le niega a Israel el derecho de autodefinirse como un Estado-Nación independiente.

Se pretende justificar el bombardeo a escuelas, mezquitas y hospitales o los ataques a las ambulancias de los organismos de socorro, con la excusa de sospechar la presencia de militantes de Hamas.

El genocidio que en Palestina se registra bajo la Operación Margen Protector,  no tiene ninguna justificación y debe ser sancionado ejemplarmente por la Corte Penal Internacional.

Si bien no existen motivos para ser optimistas, al menos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha solicitado el pasado 23 de Julio, que las operaciones militares de Israel en Gaza, sean examinadas con el propósito de "…evitar y poner fin a la impunidad…”

Si como en el pasado, la ONU termina aceptando la voluntad de los Estados Unidos y el desprecio con que Israel recibe sus resoluciones, “… garantizar que los responsables sean sometidos ante la Justicia", será otra bofetada para el Pueblo Palestino.

Bajo la bandera de ¡Todos somos Palestina!, debemos movilizarnos para romper con el silencio y la impunidad, que han permitido la ocupación de su territorio y el exterminio de su pueblo; no hay otro camino, para que en el Medio Oriente la legalidad internacional sea respetada.

POR LA PAZ, DEBE CUMPLIR

Después de la reelección, los medios sacaron de circulación las gestiones de paz y mandaron de “vacaciones” a los negociadores de La Habana, gracias a la irrupción en Brasil del  “niño genio del fútbol” y el “Bendito” Pekerman.

Sin que lograra silenciar los gritos de indignación del pueblo brasileño, ha terminado el mundial de fútbol, enviando al “olvido” los compromisos adquiridos en segunda vuelta por el presidente de Colombia.

Mientras se jugaba el Mundial, nadie se preocupó por indagar, sobre la agenda que el gobierno de Juan Manuel Santos presentará en la legislatura que comienza el 20 Julio próximo.

Una agenda, que nos permitirá comprobar si el presidente reelegido tiene o no la voluntad de honrar los compromisos que adquirió, para lograr que su candidatura fuera votada el 15 de Junio a pesar de su controvertido primer gobierno.

No hay hasta ahora una política de Estado por la paz,  hecho que posibilita que en el corto plazo, un eventual gobierno por ejemplo del Centro Democrático o del Partido Conservador, se sienta con derecho a no respetar el proceso de reconciliación nacional.

Una eventualidad que adquiere un nivel significativo de certeza, si tenemos presente la inocultable polarización política existente, y la creencia del gobierno de poder alcanzar la paz, pactando únicamente con los grupos guerrilleros e ignorando las demandas de los sectores sociales en conflicto.

Creencia absolutamente infantil, porque el conflicto armado hinca sus raíces en la inequidad que genera el modelo neoliberal que se aplica en Colombia,  y que es responsable del empobrecimiento y exclusión de amplios sectores de nuestra población.

Buscar la desmovilización de la guerrilla de un lado, mientras de otro reprime y judicializa la protesta social, podrá restarle protagonismo al conflicto armado, pero no construir la paz.

De mantenerse en el mediano plazo, las condiciones políticas de la presente coyuntura, nada asegura que algunas de las causas que han originado el conflicto armado sean superadas desde el congreso, por lo que resulta indispensable la participación protagónica de las organizaciones sociales y populares.

El presidente Juan Manuel Santos sabe que el pueblo colombiano, defenderá en la calle el proceso por la paz, pero está obligado a cumplir sin dilación alguna los compromisos adquiridos en su primer gobierno y para la reelección.

DE FRENTE POR LA PAZ

El miedo a un nuevo mandato presidencial bajo la influencia directa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y los anhelos de paz del pueblo colombiano, han permitido en un proceso electoral indecente, la reelección del presidente Juan Manuel Santos.

La desmovilización de las FARC-EP se aceptó como un hecho inminente, mientras el gobierno anunciaba el acuerdo con el ELN, para adelantar la fase exploratoria de conversaciones que permitan concertar una agenda con  idéntico propósito.

Tras la revelación del gobierno, se asegura por parte del ELN, que en la oficina del Comisionado de Paz se modificó el punto sexto del Comunicado Conjunto suscrito el 7 de Junio por las delegaciones designadas.

Un cambio unilateral que se registra tres días después de firmado, no contribuye a generar confianza, pero sí deja entrever el tipo de paz sobre la que el gobierno está dispuesto a negociar.

Suprimir “…construir un país en paz y equidad.” del texto rubricado, para reemplazarlo por “…la   construcción de una paz estable y duradera.”, tiene sin duda hondo significado político.

Tal comportamiento parece indicarnos, que en un eventual proceso de reconciliación, no es suficiente la presencia de garantes  internacionales, para que se cumpla lo pactado tras la desmovilización de los grupos guerrilleros.

Es indispensable la presencia de un garante nacional, que hoy estaría bien representado en el Frente Amplio por la Paz, si la Izquierda y las Organizaciones Sociales, deciden asumir con entusiasmo el protagonismo que la coyuntura exige.

Un garante participativo que llegada la hora y de la mano de la sociedad civil, otorguen con la refrendación de los acuerdos de desmovilización, el verdadero mandato para la terminación del conflicto armado en Colombia.

Un mandato irrefutable apoyado en la movilización ciudadana, para que las reformas sociales, políticas, económicas e institucionales que deba acoger el Congreso Nacional, le otorguen al proceso por la paz la calidad de irreversible.

Si aún soñamos con una Colombia decente, ese miedo que nos llevó a las urnas el pasado 15 de Junio, debe ser transformado en la irrenunciable decisión de marchar de frente con el Frente Amplio, por la paz y la ampliación de nuestra democracia.

¡A PARAR LA GUERRA!

En la segunda vuelta de la elección presidencial, el tema de la paz lo han convertido en motivo de adhesiones por terror, porque es el menos tóxico o porque de los dos males hay que escoger el menor.

Y lo inaceptable, es motivo de agresiones quien exprese que no va a votar o que piensa hacerlo en blanco; el todo vale se impone, porque la intolerancia se asume con la creencia de estar obrando en favor del bien común. 

Sin embargo, para no engañarnos ni engañar a nadie, lo cierto es que la desmovilización de todas las guerrillas y de todos los grupos paramilitares, no son la paz, ni tiene como consecuencia mecánica la paz.

La desmovilización de las FARC y la refrendación de los acuerdos de La Habana, tienen en el Centro Democrático y Partido Conservador un formidable obstáculo a superar, a juzgar por los resultados de las dos últimas jornadas electorales.

Con ésta eventual dejación de armas, solo habrán menos fusiles disparando y la posibilidad de abrir un proceso para la reconciliación; pues la anhelada paz no se dejará ver, si la Unidad Nacional y los gremios persisten en el modelo neoliberal.

Un sueño que no viviremos, si la unidad programática de la Izquierda es aplazada; ya que sin pretensiones sectarias, es el único actor político comprometido con la adopción de un modelo económico afincado en la equidad social.

La terminación del conflicto armado no depende solo del presidente Juan Manuel Santos, y menos aún, cuando sus ministros y amigos de la Unidad Nacional, asumen una actitud displicente frente a la protesta de los sectores sociales.

La paz de Oscar Iván Zuluaga, jamás será posible por la intolerancia de quien pone los votos a esa candidatura y la propuesta del presidente Santos, no traerá la paz que anhela el pueblo colombiano.

Las elecciones del 15 de Junio, servirán para escoger al candidato del uribismo que menos miedo despierte, con la esperanza de no volver a sufrir las masacres paramilitares y los falsos positivos auspiciados por el gobierno.

Estoy convencido que la invitación realista y responsable, es la de llamar a los colombianos  ¡A Parar la Guerra!, para que el llanto de miles de familias desplazadas, no continúe ahogándose en los tugurios de nuestras ciudades.

Una tarea que debe ir más allá de las urnas, para asumir en la movilización social, el compromiso de brindarle a Colombia la oportunidad de superar los vergonzosos niveles de inequidad y corrupción, que la han sumido en la violencia.